Vamos con los hechos obje- tivos. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ordenó en ju-nio de 2011 la demolición parcial de 14 chalés de la urbanización La Bufona en Arrecife de Lanza-rote. Buena parte de esas casas se construyeron sobre suelo rústico de protección y de valor natural ecológico, decía el informe que las obras se hicieron "sin contar con las autorizaciones pertinentes". Ya en el año 2000 la Apmun había tomado la decisión de paralizar las obras. La cosa acabó en los juzgados y resultaron imputados el constructor, los promotores, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, y la entonces alcaldesa, María Isabel Déniz. Después el Tribunal Supremo anuló la modificación del plan parcial y las casas de La Bufona quedaron fuera de ordenación.

Más hechos objetivos. Entre los dueños de esos chalés están dos personajes públicos de la política y la judicatura: Astrid Pérez, diputada autonómica y presidenta del PP de Lanzarote, y Miguel Pallarés, ex fiscal coordinador de Lanzarote y ahora fiscal en Las Palmas de Gran Canaria. Otro dato objetivo: Miguel Pallarés está casado con una sobrina del secretario del Ayuntamiento imputado por estas obras ilegales, Felipe Fernández Camero. El tío político de Pallarés fue desimputado un tiempo después del caso La Bufona, aunque tendrá que sentarse en el banquillo en el caso Unión imputado por cohecho y alteración de concurso público. Camero no ingresó en prisión porque pudo pagar una fianza de 100.000 euros.

Usted está leyendo este artículo en la barra de un bar. Le acaban de despachar un cortado largo oscuro. Ya se ha echado un par de buches cuando llega a este párrafo. Entonces se encochina, trinca el brazo de su compañero de barra y le dice "mira, lee esto", y señala al periódico. Y su amigo llama al que tiene al lado, y usted, para ahorrar tiempo, lee en alto los tres primeros párrafos. Entonces empiezan las expresiones habituales: "fuerte mamoneo", "así está la jus-ticia", "fíjate tú una diputada autonómica viviendo en un chalé que tiene orden de demolición", "¡y es vecina del señor fiscal en otro chalé manifiestamente ilegalizable!" Entonces, cuando la peña está alteradísima, entra por la puerta del bar el señor fiscal. Silencio.

Pero usted está hoy respondón y se rebela. ¿Cómo que silencio? Eso sería en el franquismo. Ahora lo mínimo un buen escrache a los poderosos que se saltan las leyes que ellos mismos imponen a golpe de sentencias y desahucios. Si los pobres que no pueden pagar la hipoteca tienen que salir con sus bebés de las casas rodeadas de policías, los ricachones que viven en casas "manifiestamente ilegalizables" deberían salir a? Silencio.

Aprovecho el silencio en el bar para pasar a dos hechos subjetivos: una viñeta de humor y una sentencia judicial. La web de humor elagitador.com acaba de ser condenada a pagar 15.000 euros al fiscal Miguel Pallarés por una viñeta en la que se veía la imagen del inquilino de la casa "manifiestamente ilegalizable" bajo el titular: "Miguel Pallarés demolerá personalmente su casa de La Bufona". En el texto Pallarés comen-taba que se había comprado un kit de demolición y contaba con ironía la voluntad de Pallarés de cumplir la ley. Eso decía el texto de la viñeta, el texto de la broma. El texto serio de la sentencia de condena dice: "Mal se compagina con la libertad de expresión o el derecho a la crítica, la insinuación y la sospecha de comportamientos no éticos, e incluso delictivos, sobre una persona que ejerce una función pública". A esta sentencia hay que sumar otra de hace un año que también condenó al agitador.com a pagar 12.000 euros de multa, 8.000 de indemnización a Pallarés más las costas por otra viñeta del fiscal. Ambas sentencias están recurridas por el agitador.

En total ya son 38.000 euros los que ha costado al digital de hu-mor el honor del fiscal Pallarés. El honorable fiscal también ganó 12.000 euros de indemnización por un artículo que escribió Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona, que ha presentado en el juzgado los papeles que seña-lan que los chalés del fiscal y de la diputada del PP invaden terrenos de su propiedad. En el juicio contra Murillo el fiscal Miguel Palla-rés dijo que no sabía si su casa medía los 96 metros que dice la escritura o los 246 que señalan en la denuncia de La Bufona. Haga usted la suma: el fiscal ha ganado ya 50.000 euros de indemnización contra quienes dibujan o escriben sobre su chalé.

Mientras, las construcciones "manifiestamente ilegalizables" siguen sin ser demolidas catorce años después del primer informe que consideraba ilegales las obras. Pero, ya ven, tengo la esperanza de que hoy se rompa el silencio en algún bar donde alguien lea esta artículo y se grite "fuerte mamoneo". Eso en el bar, pero en la opinión pública los tertulianos y columnistas de Bananaria ignorarán a los condenados humoristas del agitador.com, ignorarán otros episodios de presiones contra la libertad de expresión desde despachos políticos o empresariales y seguirán expresando su pánico porque si Pablo Iglesias llega a la Moncloa vamos a perder la maravillosa libertad de expresión de la que tanto hemos disfrutado en estos años de modélica democracia. Silencio.