Cuando más allá del Atlántico un país procede a la nacionalización de sectores esenciales monopolizados por empresas extranjeras el Gobierno español pide respeto al principio de seguridad jurídica.

Pero para las empresas de capital privado, cuyos beneficios quedarán a buen recaudo en el correspondiente paraíso fiscal. Por supuesto no mejora el bienestar de los ciudadanos, por mucho que Rajoy lo predique en la cumbre Iberoamericana, en la Unión Europea y el G20.

En nuestro país, España, la seguridad jurídica garantizada en el art. 9.3 CE significa que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos sepan a qué atenerse, lo cual supone por un lado un conocimiento cierto de las leyes vigentes y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ella se definen.

Sin embargo, la laxitud legislativa y la permisividad del Gobierno de este país, abandonan al ciudadano frente a los abusos de las grandes compañías de telecomunicaciones, las eléctricas, y los bancos, con cláusulas y comisiones abusivas, que les reporta millonarios ingresos.

Asimismo, los préstamos trampa e inversiones engañosas, la letra pequeña de los contratos, la manipulación de los precios y tarifas convirtiendo servicios esenciales en artículos de lujo, forman parte de la idiosincrasia de esas entidades privadas con su fin de lucro.

En este estado de cosas, la conveniente maraña burocrática y ahora las tasas judiciales de Gallardón, actúan como elementos altamente disuasorios provocando que el ciudadano desista de la defensa de sus derechos, lo que estimula, aún más, el comportamiento ilícito de las grandes compañías y la banca, que en el peor de los casos, son objeto de irrisorias sanciones, simbólicas frente al descomunal fraude cometido.

Sin embargo, esta situación era predecible como resultado de las políticas neoliberales que los sucesivos Gobiernos han desarrollado en consonancia con los intereses de las grandes empresas, por las que luego fichan algunos de sus miembros, en una suerte de oportuna puerta giratoria. Los ciudadanos están exigiendo, ya desde hace tiempo, la aplicación del artículo 128 de la Constitución, precisamente por el interés general.