La oposición a la ampliación el aeropuerto de Gran Canaria está poniendo sobre la mesa no sólo el posicionamiento sobre un conflicto puntual sino el modelo de las prioridades para el desarrollo de la isla. Economía de la isla y territorio municipal. Gobierno de la isla (o sea, Cabildo) versus gobierno local (o sea, Ayuntamiento) en flagrante contradicción. La cuestión radica en cómo se articulan las prioridades. Mientras el Cabildo apoya por unanimidad la construcción de la tercera pista, unos sectores comarcales en el ámbito de su ayuntamiento, y acaso de sus competencias, se oponen. Y aquí empiezan el baile de cifras y la maraña técnica que dejan perplejo al ciudadano. Que si el número de operaciones es tal; que si el impacto acústico afecta a tantas viviendas; que si no es necesario porque limita el desarrollo agrícola-industrial de un sector comarcal. ¿Por qué los datos de una corporación no son válidos para las otras y viceversa? Al final, lo que queda es la retórica institucional. Y la pregunta ¿la decisión de parte de una corporación puede condicionar o hipotecar el desarrollo de intereses supramunicipales? La norma recoge todo lo que afecte a los asentamientos en un territorio (los eternos planes generales, normas subsidiarias, etc). ¿Pero es lógico en este caso? Existe un precedente con respecto a la declaración del Parque Nacional de Gran Canaria, y que no me resisto una vez más a recordar. Y es que un expediente en avanzada gestión procedimental, con entrada incluso en comisión del Parlamento de Canarias para su tramitación, a la vista de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Tejeda, hizo que se frenara su culminación. Los argumentos de los oponentes eran tan demagógicos que parecían sólidos de naturaleza, pero al cabo del tiempo se han vuelto tan endebles que nuestras cumbres han quedado al margen de un desarrollo económico estructural y sostenible (medioambiental) merced a la coyuntura de una argucia municipal. Hoy son muchos los que se lamentan de aquel desafuero, aunque también existen los que tienen guardadas en sus garajes las pancartas por si acaso el tema vuelve a renacer. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿un municipio puede condicionar el desarrollo económico de la Isla?