El último golpe policial es capaz de impresionar al más gélido de los analistas: el descubrimiento de dos hermanos de 12 y 9 años en plena capital de Canarias que estaban sin registrar, sin inscribir en la Seguridad Social y sin escolarizar. Simplemente porque su madre era toxicómana y no quería que se los quitaran.
Es inconcebible que en plena era de twitter, que puede relatar 'on line' la supersecreta operación de los marines para sorprender y ejecutar a Bin Laden, sea posible mantener ocultos a dos niños en un barrio tan poco sospechoso de estar en los arrabales de cualquier gran ciudad como el polígono de la Vega de San José, el mismo que está a punto de albergar el Palacio de Justicia y donde conviven la Comandancia de la Guardia Civil y la comisaría del Distrito Sur del Cuerpo Nacional de Policía.
No pueden valer excusas de que la responsabilidad de registrar a los recién nacidos es exclusivamente de los padres. Una vez más, la ciudadanía se encuentra con un cúmulo de errores que de ningún modo pueden pasar desapercibidos. Primero, la estancia y salida sin dejar apenas huellas documentales servibles de la madre de un hospital público. Segundo, una investigación policial que pareció acelerada en los primeros días siguientes a la desaparición de la pequeña -ni siquiera entonces, y hasta ahora, se sabía de la existencia de un hermano de ésta tres años mayor-, y que luego se desvaneció.
La localización de la niña, y el posterior hallazgo de su hermano en el entorno familiar y en el mismo barrio donde años atrás se detuvo a la madre, luego condenada por secuestro aun sin que la pequeña hubiese sido encontrada, no hablan muy bien del procedimiento investigador seguido.
La escalofriante historia tiene forzosamente que conducir a una seria reflexión de instancias judiciales y policiales y también a repasar los procedimientos administrativos que se siguen en los hospitales cada vez que nace un niño.
