El incendio que arrasó Gran Canaria en julio de 2007 fue extinguido; su autor, ahora en libertad, ha estado cuatro años en prisión y los afectados esperan entres hastiados y desesperados el dinero prometido. Sin embargo, un nuevo fuego está a punto de extenderse, sin llamas, pero con mucha carga partidista a raíz de la petición de la Fiscalía de Medio Ambiente para que sean Cabildo y Gobierno de Canarias los que apoquinen los 17 millones de euros cifrados como reparación de los daños. No han tardado nada ambos ejecutivos en echarle el muerto al otro, con una rapidez para quitarse culpas que ya quisieran los damnificados se hubiera producido cuando aún la tierra estaba caliente, sus propiedades humeando y sus animales carbonizados. Como peón de esta confrontación en ciernes y que llegará al debate electoral está José Antonio Navarro, el pirómano confeso excarcelado el viernes a la espera del juicio. Su relación laboral con una empresa pública, Gesplan, la usan, ahora que se les obliga a pagar el desastre, ambas instituciones para avivar un fuego cruzado, donde los colores políticos y las encuestas electorales tienen para ellas más importancia que zanjar de una vez este asunto.
