El proyecto de ley de mercado único, iniciativa muy estimable del Gobierno español, despierta suspicacias en la autonomia canaria, única región europea que tributa con una figura fiscal distinta del IVA. No procede cuestionar las ventajas del IGIC, sino afrontar un remedio a las disfunciones que ha ocasionado siempre, y más ahora, cuando la necesidad de emprendimiento y apertura de mercados impone la supresión de trabas "aduaneras" mediante ventanas o excepciones que no menoscaben las actividades protegidas.

Los empresarios insulares están divididos ante la unidad de mercado, pero dirigentes representativos como el presidente de la Confederación de Empresarios (CEOE) de Las Palmas, el del Círculo de Empresarios de Gran Canaria o el de la Cámara de Comercio de Tenerife están a favor de esa unidad. Difícil será afrontarla con diferentes figuras fiscales, pero incluso esto tendría solución con un IVA de tipo reducido al nivel del IGIC, con garantías legales de inviolabilidad en cualesquiera variaciones del IVA general. La desconfianza de los sectores hoy beneficiados, básicamente empresas locales de producción agroalimentaria -nuestro sector industrial por antonomasia, 7 % del PIB-, no es el mejor visado para un cambio de la figura recaudatoria vigente, pero parece indicado recobrar una línea de diálogo Canarias-Estado para explorar las vías de apertura a un cambio sustancial hacia el mercado único, sin pérdida de las garantías proteccionistas, aún irrenunciables en el archipiélago.

Hay una parcela especialmente vulnerable a la vertiente negativa de la situación actual. Se trata del movimiento de la producción artística de las islas, sometido a controles y trabas aberrantemente aduaneras, amén de tributaciones que desprecian toda racionalidad.

Los artistas canarios están condenados a ser "glorias locales" en el mejor de los casos, porque la propagación de su creatividad resulta inhibida por un sistema general que, prolongado desde que existe el REF, ha ignorado la necesidad de una excepción para el arte, cuya circulación debería estar tan liberada como la de los artistas de residencia peninsular. Es algo que demuestra el desprecio real a la cultura entre quienes tienen la responsabilidad de multiplicar su fruto inmaterial. La vergüenza que esto ocasiona es proporcionalmente inversa a la pequeñez del "mercado del arte" en un territorio como el nuestro.

Lo peor es la pereza e ineficiencia de una autoridad político-administrativa que nunca ha querido estudiar y aplicar una excepción tan limitada en lo material como prometedora en prestigio de la inteligencia y la sensibilidad canarias. Nuestros artistas mundialmente admirados son los que se han ido. Más allá de los intereses reales, todo parece preservar una "estructura de Estado", como es la derivada de la diferencia fiscal, por pruritos de nacionaleros que no alivian sino que agravan la tasa del paro en Canarias, una de las tres más afrentosas de España. En la propuesta del gobierno autónomo para la inmediata reforma del REF sigue sin figurar una solución para el arte.