El Gobierno anunció hace meses que pretendía tener listo para antes del verano un plan destinado a la regeneración democrática con el doble objetivo de mejorar la imagen de la clase política acercando ésta al ciudadano y apostar por una democracia eficiente. El encargado de llevar a cabo la misión sería Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, quien manifestó que "esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones". En principio, como ocurre con casi todas las ideas bienintencionadas, cabía aplaudirla, si bien la experiencia indica que, como en tantas otras ocasiones, no se suele pasar de unas hermosas palabras que quedan sólo en eso. Por ello, tras el aplauso inicial, resultaba imprescindible que los hechos avalaran el cumplimiento de la medida.

Sin embargo, hace apenas unos días han surgido noticias que auguran que tal iniciativa quedará en un intento frustrado de verdadero cambio de la vida política. Pendás ha anunciado que el proyecto se centrará en tres grandes puntos. El primero, la futura Ley de Transparencia. El segundo, la escucha por parte de ambas Cámaras de los colectivos sociales interesados en las materias antes de legislar sobre ellas. El último, la propuesta de que las nuevas normas pasen una especie de "ITV" dos años después de su entrada en vigor para decidir si hay o no que modificarlas.

Como es lógico, yo estoy a favor de una Ley de Transparencia de los Poderes Públicos. Cuanto más amplia sea y a más órganos abarque, mejor que mejor. También me parece loable que sus Señorías tengan a bien escuchar a los colectivos afectados por las leyes antes de elaborarlas. Y, en cuanto al tercer apartado, defiendo que existen demasiadas normas ambiguas y hasta contradictorias que, además, ni siquiera se cumplen. Por lo tanto, bien sea antes o bien después de su entrada en vigor, cualquier medida que ayude a la creación de un ordenamiento jurídico coherente y a la seguridad jurídica derivada del mismo debe ser recibida con satisfacción. Pero cabe preguntarse si realmente se soluciona así el problema de calidad de nuestra democracia ya que, si se trata de reducir la distancia entre la ciudadanía y sus representantes políticos, dichas medidas son insuficientes, por no decir decepcionantes.

Es más. El principal responsable del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales descarta introducir reformas electorales, llegando incluso a defender la famosa "Ley D'Hondt" que beneficia a los partidos mayoritarios y se aleja de la representación proporcional de los votos. Tampoco se halla ninguna referencia a la corrupción ni al análisis de los privilegios de los cargos públicos, y las referencias a posibles códigos deontológicos o de buenas prácticas exigibles a nuestros mandatarios son inexistentes. Y, por supuesto, silencio absoluto en relación a un tema de máxima actualidad como es el desembarco profesional de los otrora cargos políticos al ámbito de la empresa privada. Abundando en esta cuestión, Esperanza Aguirre ha tardado apenas tres meses en abandonar su reincorporado puesto de funcionaria en el Ministerio de Industria para fichar por una firma de "cazatalentos" (signifique eso lo que signifique). Se suma de este modo a otras figuras como Rodrigo Rato -que recaló en su momento en Telefónica, al igual que Iñaki Urdangarin- o Juan José Güemes -ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ha estado ostentando un alto cargo en la compañía que gestionará los análisis clínicos de seis hospitales madrileños afectados por el proceso de externalización del sistema sanitario público y que, tras hacerse público su vínculo, ha dimitido-.

Dichas empresas pretenderán hacernos creer que con esos contratos millonarios no quieren comprar influencias ni beneficiarse del tiempo que sus nuevos empleados trabajaron en el sector público. Pero la cruda realidad es que, mientras todos estos extremos no se regulen rigurosamente y mientras no se aborde seriamente el tema de la regeneración democrática, seguiremos asistiendo a una separación cada vez más profunda y alarmante entre la ciudadanía y este sistema al que denominamos democracia.