Las sicav son herramientas legales de las grandes fortunas para evadir impuestos, que llegan a las 100 personas necesarias gracias a individuos que sólo aportan su nombre a la sociedad (conocidos como socios de paja o mariachis). A menudo éstos están muy relacionados con el inversor que aporta la mayor parte del capital (lazos de subordinación, familiares...). Desde este punto de vista, la sicav dejaría de funcionar como instrumento colectivo para convertirse en una forma de gestión de un patrimonio individual. Esta crítica está apoyada por una parte de los inspectores de Hacienda. En cuanto el dinero está a nombre de la sicav y éste se invierte, los posibles beneficios obtenidos de la inversión tributan al 1 % en lugar de al 30 % en el impuesto de sociedades siempre que el capital permanezca en la sicav.
Es también criticado el escaso poder que tiene la Agencia Tributaria para investigar posibles fraudes, supeditado siempre al consentimiento de la CNMV. La normativa que así lo dicta, una enmienda presentada por CiU y apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto IU, fue aprobada el 30 de julio de 2005, tras un periodo en el que Hacienda estuvo especialmente activa en la investigación de irregularidades en estas sociedades. La nueva ley fue criticada tanto por Hacienda como por IU, quienes consideraban que concedía en la práctica "inmunidad fiscal con carácter retroactivo" a las sicav. La normativa sobre las sicav de noviembre de 2010 suprime la ventaja fiscal que les permitía reducir su capital sin tener que pagar a Hacienda y con carácter retroactivo al 24 de septiembre de 2010, lo que ha impedido sacar el dinero para meterlo en otro tipo de instrumento financiero.
Las sicav están permitidas no solo en España, sino también en Francia e Italia. No lo son en Alemania y la mayoría de los países norteños porque lo consideran una forma sutil de evadir impuestos. Las más importantes en España pertenecen a Alicia Koplowitz, a Rosalía de Mera (cofundadora de Inditex), a Isaac Andic (dueño de Mango), a los Polanco (primeros accionistas de Prisa), a Manuel Jove (fundador de Fadesa), a Juan Abelló, a la familia Del Pino (propietaria de Ferrovial) y a otras grandes fortunas.
Suprimir las sicav sería una buen manera de luchar contra la desigualdad fiscal y mejorar nuestros ingresos públicos.
