El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que si obtiene el suficiente apoyo en las Cortes reformará y ampliará la Ley de Memoria Histórica aprobada durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La ley, entre otras novedades, declara "nulos de pleno derecho" todos los juicios sumarios del franquismo. "La mejor forma de reparación", subrayó la vicepresidenta Carmen Calvo, "es declarar nulo cualquier juicio que haya derivado en el fusilamiento sin garantías de personas importantes como el presidente Companys". Por supuesto, esta señora se refiere a "procesos judiciales sin garantías", no a los fusilamientos, porque de hecho los fusilamientos eran lo único garantizado en esa dictadura criminal, chabacana y cuartelera. Por lo demás, un proceso judicial sin garantías es nulo de pleno derecho sin necesidad de reiterarlo normativamente. ¿Por qué el sistema legal del Estado democrático debe "reparar" lo que obviamente, en el caso de Companys y muchos miles de hombres y mujeres más, no fue el cumplimiento de una sentencia legal, sino la consumación de un asesinato político?

La referencia a Companys, por supuesto no es inocente. En vísperas de la Diada, el todavía presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, exigió que el jefe del Estado, Felipe VI, y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, pidieran perdón en nombre de España por el fusilamiento de Companys en los fosos del Castillo de Montjuic. No le bastó con que un Consejo de Ministros condenase el crimen a finales de 2018 que es, en todo, caso, lo que podía y debía hacer. Un Gobierno democrático no pide excusas por lo que han hecho unos golpistas o el canallesco Gobierno ilegítimo de un régimen dictatorial.

Podríamos pedir desde aquí a Torras un solemne perdón por la participación de Cataluña en la conquista y colonización de Canarias. Como aporte documental de la denuncia cabría enviar al patriótico racista un suficiente ensayo del profesor Elías Serra i Ràfols, Contribució catalana a la conquista de Canáries, publicado en 1928. Habría que explicarle a Torra que el doctor don Elías Serra fue un menorquín que se dedicó a estudiar y difundir la historia de Tenerife y de toda Canarias sin considerarla un asunto menor. Los viajes de saqueo de comerciantes catalanes comienzan nada menos que en 1342, cuando los castellanos no habían enseñado un pelo; luego, en el siglo XVI, un amplio grupo de catalanes se avecindó y enriqueció en Canarias. Acumularon un enorme patrimonio en casas y fincas. Se dedicaban al comercio, sí, pero son muy poco los casos en los que un extranjero no inició su acumulación de tierras mediante arbitrariedades en el reparto. Corrupción, president Torra. Y usura, una práctica muy provechosa en territorios de frontera, en la que destacó un tal Bartolomé Salacort, que era capaz de tener medio millón de maravedís en el mercado prestamista de Tenerife al morir. Y esclavismo, Torra. Aborígenes canarios - y luego continentales gracias a ataques a la Berbería- vendidos por los catalanes en Andalucía, en Valencia, en Cataluña.

No puede decir, president, que Cataluña no le debe una disculpa profundamente sincera y horrorizada y, después de tantos años, ya inexcusable, a todos y cada uno de los canarios. No puede decirlo porque para usted la historia solamente es historieta: un pueril relato de legitimación política e ideológica, convertir el pasado en una simplonería vergonzosa para asfixiar las complejidades del presente.