El Gobierno de Pedro Sánchez no podrá aprobar ya en tiempo y forma –según los plazos que establece la Constitución – el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021. En las primeras semanas – muy probablemente en los primeros meses—del próximo año estarán prorrogados, por quinta vez consecutiva, las últimas cuentas públicas que diseñó Cristóbal Montoro. Y la responsabilidad recae exclusivamente en el Ejecutivo: el PSOE y UP han sido incapaces de llegar a un acuerdo básico para presentar – como procedimentalmente está establecido – el techo de gasto y la senda de déficit, pasos previos al envío a las Cortes del proyecto presupuestario. De hecho nadie – ni los hipotéticos socios del Ejecutivo ni su oposición más acérrima – conoce una puñetera cifra de ningún puñetero papel. Estos (y estas) son los mismos que repiten hace meses entre gemidos apocalípticos y aseveraciones fulminantes que a España le urgen unos presupuestos en medio de una crisis económica durísima que pone en peligro las tuercas institucionales, los servicios públicos y la maltratada cohesión social del país. Los que son incapaces, en el interior de un mismo Gobierno dizque progresista, de ponerse de acuerdo al borde mismo del apocalipsis, los obscenos patanes que no dejan a nadie atrás, pero que tienen muy claro los que van adelante. Las autonomías se verán arrastradas por esta patética y mezquina ineptitud de Pedro Sánchez y sus coaligados.
Pero la fecha que está poniendo más nerviosos a empresarios y sindicatos es el 15 de octubre, día límite para enviar a Bruselas, además del borrador de los presupuestos estatales, un plan de reformas e inversiones para acceder al fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros. A través del Mecanismo de Rceuperación y Resilencia España tiene preasignados unos 66.579 millones a fondo (más o menos) perdido, a los que se sumarían otros 56.400 millones en préstamos (relativamente baratos). Pero, como es obvio, debe cumplir compromisos reformistas, que tocan a pensiones, reforma laboral, simplificación y coherencia fiscal, ecología. La pasta se desembolsará por tramos condicionados al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada Estado.
Pues bien: cuando queda apenas un mes como máximo para remitirlos a la UE nadie sabe una palabra tampoco sobre los proyectos de inversión por los que apostará el Gobierno central. Y no solo eso sino que, para mayor pasmo, no se vislumbra nada similar a un debate político al respecto ya no en las Cortes, sino en general en el espacio público español (medios de comunicación, universidades, colegios profesionales, economistas). Nada: ni el más tierno eructo, ni el pedo más humilde. Ahora mismo, el pleno Congreso de los Diputados, se deberían estar debatiendo los presupuestos por la tarde mientras una comisión analiza y pondera por la mañana los proyectos de inversión y su impacto en creación de empleo y la modernización del país. Y no solo no hay nada es eso: en las comunidades autónomas tampoco se registra ningún movimiento. ¿Se acuerdan de los trenes? Sí, los de los trenes en Gran Canaria y Tenerife como la gran inversión que necesita Canarias para reducir el desempleo, bajar los niveles de contaminación, mejorar la movilidad. Esas sandeces tan trabajadas y convincentes como el estilo capilar de Ángel Víctor Torres. ¿Dónde están los trenes? Necesitamos esos trenes. Ahora mismo. Pitando. Ya. O al menos antes de las elecciones, compañeros y compañeras.
