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Joaquín Rábago

Hay que acabar con el dumping fiscal dentro de la propia UE

Holanda, uno de los países que más trabas pusieron al plan de reconstrucción europeo para hacer frente a las secuelas económicas de la pandemia del coronavirus, practica al mismo tiempo un dumping fiscal en beneficio sobre de las grandes empresas, en su mayor parte norteamericanas, que priva a sus socios de millones de euros en ingresos fiscales.

Según la ONG Tax Justice Network (Justicia Fiscal), las grandes corporaciones de todo el mundo han transferido miles de millones de beneficios a países donde los impuestos de sociedades pueden ser inferiores en la práctica al 5 por ciento.

Los mayores afectados por tal competencia desleal son Francia, que se quedó así sin 2.700 millones de dólares, Italia y Alemania, cuya pérdida cifra esa ONG en 1.500 millones cada una y España, con cerca de 1.000 millones.

El modelo fiscal holandés, que tanto beneficia a las grandes empresas que tienen allí su sede fiscal y a sus accionistas, se calcula que les cuesta a los países de la UE un total de 10.000 millones de dólares en ingresos perdido. Holanda no grava, por ejemplo, o lo hace en un porcentaje mínimo los cánones y derechos de licencia.

Pero lo que pierden en ingresos sus socios europeos no benefician en igual cantidad a Holanda, que sólo ingresa por ese concepto 2.200 millones. Es decir, que por cada casi cuatro dólares que pierden aquéllos en impuestos de sociedades, los Países Bajos sólo ganan un dólar.

En total, según calcula Tax Justice, los países de la UE pierden más de 27.000 millones de dólares al año de los que se benefician en desigual medida tanto Holanda como Gran Bretaña, Suiza o Luxemburgo gracias a sus claras prácticas claras de dumping fiscal. De ellos, 10.000 millones corresponden al primero de tipo esos países y el resto, a los otros tres.

Esa ONG que lucha por la desaparición de los paraísos fiscales cifra en 1.3 billones de dólares, nada menos, la cifra que hurtan en impuestos las multinacionales en los países de todo el mundo donde ejercen su actividad y obtienen sus ganancias.

Un diputado del Partido Verde holandés llamado Bart Snels pretende luchar contra las multinacionales que, en busca sólo de ventajas fiscales, fomentan tal competencia desleal entre los Estados, sean o no miembros de la UE.

Entre ellos está el consorcio anglo-holandés Unilever, que tiene actualmente dos sedes centrales, una en Londres y otra en Rotterdam y que a comienzos del pasado mes de junio anunció su intención de abandonar Holanda y concentrar sus actividades en el Reino Unido, entre otras cosas por motivos fiscales ya que en ese país no hay impuesto sobre dividendos.

A Snels se le ocurrió entonces que la mejor manera de disuadir a un país que busca en otro ese tipo de ventajas fiscales es aplicar un nuevo impuesto que evite tales fugas, que podría equivaler a un 15 por ciento de las ganancias. De llegar a aplicarse, Unilever tendría que pagar al fisco holandés cerca de 11.000 millones de euros antes de abandonar su sede de Rotterdam.

“Es el último cartucho que tenemos para obligar a Unilever y a otros cambiar de idea”, afirma Snels. Entre esos otros está otra compañía anglo-holandesa, Shell, que tiene también una segunda sede en Londres.

Por cierto que el actual primer ministro holandés, Mark Rutte, que se distinguió por su severidad frente a los países del Sur en las negociaciones sobre el fondo para la reconstrucción europea, fue director de recursos humanos de una subsidiaria de Unilever, trató hace tres años abolir el impuesto del 15 por ciento a los dividendos después de que Unilever, pero también Shell amenazaran con abandonar Holanda si el Gobierno de La Haya no lo eliminaba.

En un principio pareció que Rutte se saldría con la suya y Unilever incluso anunció que esmamtablecería su cuartel general en Rotterdam, pero el anuncio de ese nuevo trato de favor a las multinacionales causó una oleada de indignación entre una ciudadanía de que el partido gobernante privilegiaba los intereses de las empresas, lo que obligó al primer ministro a dar marcha atrás y a Unilever a renunciar a su plan.

La opinión pública neerlandesa no parece ya tan convencida de que la política fiscal de su Gobierno favorezca al país y sobre todo a la pequeña y mediana empresa, sino que son cada vez más los que piensan que sólo sacan ventaja de ella las grandes corporaciones. De hecho, la carga fiscal efectiva que soportan estas últimas ha bajado de un 22,9 a un 17,1 por ciento entre 2008 y 2017.

A la presión interna se suma también la internacional, sobre todo la de algunos de sus socios como Italia, que acusan al Gobierno holandés al exigir sacrificios a los países del sur mientras muestra una falta total de ética y de solidaridad, como denunciaron políticos italianos.

Lo más importante es que también parece haber producido un cambio en el Parlamento holandés y así cuando presentó su proyecto de ley el pasado julio, que penalizaría a las empresas que abandonasen el país, el diputado ecologista Snels recibió aplausos no sólo desde la izquierda sino también de las bancadas del Gobierno de coalición que preside Rutte. De prosperar finalmente, podría servir de ejemplo para otros países. ¡Hay que acabar con el dumping fiscal!

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