Torra desobedeció reiterada mente y con publicidad la orden de la Junta Electoral Central de retirar una pancarta de la fachada de la Generalitat. Esa contumacia ha sido castigada con un año y medio de suspensión por desobediencia. Es difícil encontrar un relato fáctico más claro, lo cual ya obliga a sospechar. El árbitro de los comicios actuó a lo largo del año pasado más como Junta que como Electoral, interfiriendo en cuanto pudo y echando su cuarto a espadas para frustrar la investidura de Sánchez. El mismo Tribunal Supremo ostenta un presidente caducado, que sería multado por Tráfico si su carnet de conducir tuviera la fecha de vencimiento de su cargo. Pese a ello, la citada institución se considera dotada para sancionar la desobediencia casi pueril del presidente de la principal y más conflictiva comunidad española.
El entonces president balear José Ramón Bauzá pidió explícita y reiteradamente el voto para Mariano Rajoy a las puerta del colegio electoral, el domingo de 2011 en que se celebraron los comicios. No sufrió castigo alguno, ni siquiera se planteó la suspensión en el cargo. Seguro que la Junta Electoral esgrimió argumentos jurídicos irrefutables, pero el populacho tiene derecho a interpretar que la categoría de representante popular, y del Partido Popular, superaba en importancia al desliz. Torra empleó el caso de Bauzá como precedente, sin éxito porque el mallorquín no era independentista.
Es el propio Tribunal Supremo, con discursos políticos como el pronunciado por el caduco Lesmes en Barcelona, quien ha embarrado el terreno de juego hasta el punto de levantar suspicacias con un castigo sin precedentes a una autoridad legítima de primer nivel. En una pancarta, sería tan cómico elucubrar sobre golpismo como evaluar la malversación de pintarrajear una tela. A cambio, liberar a los catalanes de Torra puede entenderse como una misión higiénica.
