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Volver al aula

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Septiembre es siempre el mes del equinoccio de otoño y desde hace mucho el de la vuelta al cole, así que estamos acostumbrados a ver librerías pobladas de textos escolares o a recibir avisos de intercambios solidarios de material didáctico, a pasar ante escaparates con uniformes, chándales, mochilas, carritos y una larga lista de materiales diversos, unido todo a las quejas por los gastos siempre en alza.

Es evidente que la calidad de la enseñanza marca más que nada la divisoria entre un país con futuro positivo y uno que se estanca, así que más vale aprestarse a darle la atención precisa

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Nos hemos habituado a ser europeos y cada vez el curso escolar empieza antes. Este año, con más razón que otros, el inicio «va por barrios», los problemas también y la preocupación general es ver qué pasa con la maldita covid-19. La gestión descentralizada de la «pandemia» en salud y en educación es un puzle de variables ininteligibles.

Es evidente que la calidad de la enseñanza marca más que nada la divisoria entre un país con futuro positivo y uno que se estanca, así que más vale aprestarse a darle la atención precisa. Echando la vista atrás, la educación pública no es cosa de hoy, pero tampoco tiene una historia tan vieja. Simplificando -aunque simplificar es malo en esto de la Historia- hasta bien avanzado el siglo XVIII no se planteaba la generalización educativa a toda la población. El aprendizaje en edades tempranas se reducía a preceptores privados (quienes podían), tal vez algunas escuelas con materias que hoy nos darían risa sostenidas por la beneficencia y todo muy ligado a la tutela eclesiástica, donde, por su «mejor hacer», destacaban los jesuitas cuya expulsión por el absolutismo regio incrementó la ya de por sí extrema indigencia formativa. Sin embargo, las luces de quienes veían en el saber de las disciplinas excluidas incluso de la Universidad una necesidad para desatascar la sociedad empezaron a mostrarse en el reinado de Carlos III. Clamaba Cadalso contra la «doctísima Universidad [de Salamanca], donde no se enseña matemáticas, física, anatomía, historia natural, derecho de gentes, lenguas orientales ni otras frioleras semejantes», y el mordaz don Tomás de Iriarte escribía: «Se dice que Salamanca es espanto de las ciencias, no porque espanta con ellas, sino porque de tal suerte las ha espantado de sí, que no han vuelto más».

Contra el mal general se alzaron voces poderosas de estadistas eminentes como Aranda, Cabarrús, Campomanes y Olavide y sus próximos brillantes como Jovellanos, iluminados por el P. Feijoo. Se crearon Sociedades Económicas de Amigos del País y se impulsaron las artes prácticas. Jovellanos apostaba por el fomento económico, la náutica, mineralogía, agricultura o desarrollo de las comunicaciones y se descolgó proponiendo institutos de «instrucción gratuita, pública y universal».

Estos buenos propósitos pasaron a la acción política cuando España, sumida en la guerra de la independencia y en una revolución interna liberalizadora, propició la redacción de la primera Constitución Española de 1812 donde, ¡milagro histórico!, un capítulo íntegro iba «De la instrucción pública»: «En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica… [y que] el plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino». La reacción absolutista, vuelto el «deseado» Fernando VII, dejó aquello sin efecto, aunque parte de las propuestas se quisieron poner en marcha en el Trienio Liberal (1820-1823). No dio tiempo.

La construcción del Estado en el inestable siglo XIX produjo la Ley de Instrucción Pública de 1857, en medio de «una España culturalmente deprimida» con un índice de analfabetismo superior al 80%, maestros sin titulación y escasas escuelas sin medios ni locales. Claudio Moyano, ministro de Fomento, declaró que «la primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles». Los padres y tutores o encargados enviarían a las escuelas públicas gratuitas a sus hijos o pupilos bajo amenaza de multa por incumplimiento si no acreditaban imposibilidad. Escribir, leer, matemáticas, geografía, historia, física, principios del catolicismo era lo que debía aprenderse. A las niñas se les instruiría en lo concerniente a las «labores propias del sexo». Se establecía la creación de establecimientos para la formación de maestros; los ayuntamientos mantendrían los centros y los institutos religiosos podían crear los suyos. Un gran avance aunque hoy nos parezca tan limitado.

España crecía lentamente entre guerras y enfermedades, pero tras la Revolución Gloriosa de 1868, en la I República, de nuevo hubo buenas intenciones que quedaron en nada. La Restauración de 1874, su Constitución y reformas, aunque conservadora, conjugó algunos principios progresistas: sufragio masculino, derechos de la mujer, tolerancia religiosa. Se constituyó la Institución Libre de Enseñanza (1876) de Giner de los Ríos apostando por la aconfesionalidad y las nuevas corrientes pedagógicas; las universidades salieron de su reducto ofreciendo la Extensión Universitaria en villas y pueblos. La Iglesia era la entidad educativa por excelencia. Y el analfabetismo del 65%.

La inestabilidad social y la percepción de una política de turnos abonada por el caciquismo mermaron los intentos reformadores. Inaugurado el siglo XX el macroministerio de Fomento se escindió y el conde de Romanones, ministro de Instrucción Pública, remodeló de hecho la enseñanza secundaria: magisterio, agricultura, industria, clases nocturnas para obreros, bellas artes, acceso de la mujer a la universidad; algo empezó a moverse. Entorno a la influencia de la Institución Libre de Enseñanza se desarrolla la Junta de Ampliación de Estudios, con becas y estancias en el extranjero, el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales o la Residencia de Estudiantes adobando un cambio que chocaba con muchas reticencias. La Iglesia tuvo también su renovación pedagógica con las Escuelas Salesianas, por ejemplo.

La nueva II República, desde 1931, proclamó como pilar de su acción política la educación, acogiendo el lema obrero de acceso a la sanidad, instrucción pública y vivienda social. La apuesta por la enseñanza laica y la coeducación de niños y niñas o la acción pública sobre la privada, abrieron una brecha con la enseñanza confesional. Las Misiones Pedagógicas que llevaban la cultura a los pueblos más alejados no siempre fueron bien recibidas por una población sometida a la influencia religiosa. Sin embargo se instituyeron prácticas benéficas: en las colonias escolares muchos niños salieron un poco de la vida triste y de penuria: «no aprenderían mucho en aquellas estancias pero engordaban» y es que la desnutrición no ayudaba al conocimiento. Libertad, igualdad, participación política, respeto a la diversidad regional «conservando la unidad nacional» eran la base de las lecturas ciudadanas recomendadas. El esfuerzo en la construcción de escuelas fue ímprobo: más de 9.000 y habilitación de maestros «de urgencia» el primer año. Luego las cosas se torcieron. La guerra civil y la dictadura posterior dieron al traste con las reformas. Se anuló lo realizado, volviendo a la tutela eclesiástica y sus principios. Un avance, serio intento de modernización desde preescolar al Curso de Orientación Universitaria o la Formación Profesional, fue la Ley de 1970 de Villar Palasí, con un sistema único y reforzado.

Desde 1978 cinco Leyes orgánicas de las dictadas mantienen su vigencia, además de las leyes de las comunidades autónomas. La educación, con ministerio propio o compartido (cultura, deportes, turismo…), sigue siendo un caballo de batalla que precisa del consenso imposible. Se extendió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años en los 90 del pasado siglo, pero «el Ministerio de Educación pierde este curso la mayoría de sus competencias» (1999) lo que acarreó nuevos problemas y diferencias territoriales que pretenden resolverse desde la Conferencia Sectorial de Educación este año con el reto de la covid-19 sumado a los no pocos que ya tenía para dar cara uniforme a un mosaico dispar. Lo que la «pandemia» ha dejado claro en este y en otros sectores que se presumían muy susceptibles de «telerealizar» es que nada sustituye al contacto humano conflictivo y obligado. Que el curso escolar sea posible y apacible.

[Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga. Breve Historia de España. Madrid: Alianza, 1994; Justo Cuño Bonito. «Reforma y contrarreforma de la enseñanza primaria durante la II República y el ascenso del fascismo, 1932-1943» (acceso libre); Manolo Garrido Palacios. «Historia de la Educación en España, 1875-1975, una visión hasta lo local» (acceso libre); Código de Leyes Educativas (BOE)]

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