Suscríbete

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Punto de vista

Antonio Díaz Solís

Un delito flagrante

La Fiscalía General del estado ha publicado unas instrucciones dirigidas a todos los miembros del Ministerio Público con el fin de proteger a los legítimos propietarios de inmuebles que han sufrido la ocupación ilegal de su vivienda. La principal novedad contenida en estas Instrucciones que nos han querido vender consiste en la posibilidad de que el Fiscal, cuando tenga conocimiento de la existencia de una denuncia o querella por un delito de allanamiento de morada, podrá solicitar ante el órgano judicial que esté conociendo el asunto la adopción de medidas cautelares tendentes al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales.

A primera vista la medida puede resultar atractiva y adecuada, pero es que esta medida cautelar ya venía contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde su modificación de 1997, la cual se aplicaba en la mayoría de los delitos. Efectivamente el artículo 13 de la citada Ley establecía como primeras diligencias las encaminadas a proteger a la víctima, no solo su integridad física sino también a todos aquellos bienes jurídicos afectados por la comisión del delito, entre los que se encuentran, por supuesto, las viviendas ilegítimamente ocupadas contra la voluntad de su propietario, consiguiendo, de esta manera el desalojo inmediato del inmueble para su devolución inmediata a su legítimo poseedor. Pero no queda aquí la cosa, aparte de no aportar nada nuevo a lo que ya existía en materia de medidas cautelares penales, la Instrucción introduce nuevos obstáculos que pueden frenar o ralentizar la desocupación de la vivienda allanada.

Teniendo en cuenta, dice la Instrucción, lo drástico de la medida cautelar que se pretende adoptar, la Fiscalía se muestra partidaria de que se cite al los investigados por el delito, es decir a los ocupantes ilegales del inmueble, para que éstos “tengan la posibilidad de aportar el título que consideren puede justificar su posesión del inmueble, así como de ofrecer su versión de los hechos”, lo cito tal cual viene redactado en la Instrucción de la Fiscalía. Todo esto implicará grandes dilaciones y retrasos judiciales ya que el señor “okupa” probablemente no tenga a bien acudir a las citaciones judiciales que se le hagan para que exhiba, tal como exige la Fiscalía, el título que justifique la posesión del piso ocupado, lo que conllevará grandes retrasos en le recuperación del inmueble. Aparte de esto, la Instrucción añade un obstáculo más en caso de que las personas que ocupan ilegalmente el inmueble estén en una situación de especial vulnerabilidad o desamparo, como menores o personas con discapacidad. En este caso la Fiscalía solicitará, como medida previa al desalojo de la vivienda, que los hechos se pongan en conocimiento de los Servicios Sociales con el objeto de que provean medidas oportunas para la protección de los ocupantes ilegales, proveyendo, incluso, soluciones residenciales para albergar a éstos.

Por tanto hasta que los Servicios Sociales no den una contestación no se puede proceder a ejecutar la medida cautelar de desalojo de la vivienda, más demoras y retrasos que se van sumando. Para ver el disparate en que consiste esto basta con hacer un ejercicio de imaginación y aplicar estas medidas a cualquier otro tipo de delitos. Imagínense que a una persona denunciada por tráfico de drogas no se la pudiera detener, ni siquiera impedir que siga traficando, hasta que los Servicios Sociales no dispusieran medidas para suplir la falta de ingresos que va a suponer el cese de sus actividades delictivas cuando se trate de personas en situación de especial vulnerabilidad o tenga reconocida una discapacidad de más del 33 por ciento. El allanamiento de morada es un delito grave ya que ataca un bien jurídico protegido de extraordinaria importancia para las personas, como es el libre acceso a la vivienda de cada uno. La ocupación ilegal de viviendas que constituyan el domicilio habitual de una persona se debería considerar como un delito flagrante, es decir un delito que se está cometiendo o se acaba de cometer, lo cual legitimaría a la policía para la entrada en cualquier lugar donde se encuentren las personas sorprendidas cometiendo el delito para su detención y posterior puesta a disposición judicial, aparte de devolver inmediatamente la posesión de la vivienda a su legal propietario.

Compartir el artículo

stats