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Joaquín Rábago

Papel vegetal

Joaquín Rábago

Estado fallido

Es un Estado fallido”, me espetó el camarero mientras me servía el café en un bar de El Puerto de Santa María y no hablaba por supuesto de Siria, Irak o Afganistán, sino del país de nuestros pecados.

Debía ser además el joven camarero uno de esos miles de licenciados forzados a trabajar en lo que primero que salga para sobrevivir porque, acto seguido, comentó que la corrupción no era nada nuevo sino que la había habido siempre, como él dijo, desde “los tiempos de Asurbanipal”.

Hay entre los ciudadanos un cabreo generalizado, agudizado por las medidas adoptadas más o menos a regañadientes por las autoridades contra la pandemia

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Al otro lado de la bahía, en Cádiz capital, el taxista soltó durante el recorrido todo tipo de improperios sobre los “banqueros que nos roban y se van de rositas” y los “·corruptos” que nos gobiernan, entre los que incluyó al “coletas” (Pablo Iglesias) con su chalet de la sierra de Guadarrama.

Hay entre los ciudadanos un cabreo generalizado, agudizado por las medidas adoptadas más o menos a regañadientes por las autoridades contra la pandemia, con el continuo e insufrible juego de los partidos y los conatos de rebelión de las autonomías gobernadas por la derecha en un tema que afecta, sin embargo, a la salud de todos, lo que se traduce en una desconfianza creciente hacia la clase política, caldo de cultivo de toda suerte de populismos.

No es para menos: los ciudadanos ven cómo una sanidad pública que pagan con sus impuestos los deja muchas veces en la estacada porque anteriores gobiernos del PP han hecho todo lo posible por favorecer a la privada y ahora se encuentran con que los centros de atención primaria, por ejemplo, están totalmente desbordados al no haber médicos ni enfermeras suficientes, que muchos han tenido que buscar trabajo fuera.

No entienden tampoco aquéllos cómo es posible que la Audiencia Nacional absuelva ahora a los responsables de la monumental estafa que representó la salida a Bolsa de una entidad prácticamente quebrada como Bankia con el argumento de que esa operación tuvo el aval de los supervisores, entre ellos el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. ¿Tampoco habrán de rendir cuentas esos organismos y quienes estaban al frente? ¡Qué rareza: una estafa sin estafadores!

Y ello tratándose de un banco que hubo que rescatar finalmente con nada menos que 22.424 millones de euros de dinero público, es decir de todos, de los que hasta el momento, y a diferencia de lo ocurrido en otros países tras la última crisis bancaria, aquí sólo se han podido recuperar 3.300 millones, sin que haya que hacerse ilusiones sobre el resto.

Y qué decir de un Estado donde un individuo zafio y mafioso se dedica a chantajear desde la cárcel a los políticos de la derecha que en su día le contrataron para que llevase a cabo todo tipo de maniobras ilegales, espionaje y destrucción de pruebas incluidos, a fin de impedir que se conociese la verdad sobre su rampante corrupción y sus oscuros manejos contra sus adversarios.

Todo ello mientras los nuevos dirigentes de ese mismo partido se dedican a bloquear sistemáticamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que, carente ya de legitimidad democrática, sigue nombrando a jueces al Tribunal Supremo, entre ellos los que tendrán que ocuparse de los casos de corrupción que afectan a ese grupo político.

Lo que ese partido no ha conseguido en las urnas trata de compensarlo con sus maniobras obstruccionistas de la justicia mientras busca desviar la atención de sus propios problemas gritando extemporáneos “vivas” al Rey y montando un escándalo sobre la presencia de partidos republicanos en el Gobierno de la nación como si éstos no tuvieran derecho a existir en una monarquía parlamentaria.

¿Es de extrañar en vista de esas y otras cosas que la Comisión Europea llame la atención en su examen de la calidad del Estado de derecho de los países miembros sobre “la creciente duración” de los procesos judiciales en nuestro país y sobre la situación del propio CGPJ y el peligro de que sea percibido como un órgano “vulnerable a la politización”? Si no un Estado fallido, al menos, corre ese riesgo.

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