Hace 50 años en la España de Franco el catedrático Manuel Jiménez de Parga (luego efímero ministro de UCD) explicaba en su curso de Derecho Político las virtudes de las grandes democracias con tradición democrática: Estados Unidos y Gran Bretaña. Eran el norte en una dictadura moribunda.
Hoy América decepciona. Y más tras el debate Trump-Biden del martes en el que el presidente no se comprometió a respetar el resultado electoral. ¿Corre peligro la democracia americana? En todo caso digiere mal la crisis del 2008, la globalización, la revolución tecnológica y la aparición del populismo como reacción de los sectores perjudicados. Algo similar pasa en Gran Bretaña, donde la demagogia nacionalista de Boris Johnson logró mayoría absoluta y ahora quiere incumplir el tratado del Brexit, un oprobio para el país que inventó el “rule of law”.
Sí, mirando al Atlántico, nuestros males no son excepción. Pero la democracia española es joven y no tiene los anticuerpos (algo dormidos) de las anglosajonas. Además, España es menos rica y la economía más frágil por lo que una mayor duración de la crisis –a no descartar– tendría peores consecuencias.
Y esta semana ha habido asuntos que alarman. Primero, la gestión de la pandemia. Somos el país europeo más afectado por el rebrote y, pese a ello, las disfunciones del sistema autonómico (un federalismo improvisado) y la gran crispación política siguen agravando la situación. Es incomprensible que todavía hoy la Comunidad de Madrid, la región europea más castigada, se resista a asumir las medidas necesarias. Y eso pese a que Pedro Sánchez buscó la concordia rodeándose de 24 banderas (12 españolas y 12 de la Comunidad).
Mas que del sistema autonómico, la culpa es de la polarización política. Italia no estaba mejor la pasada primavera, pero ahora sí. Quizás la razón es que el estado de emergencia –que da mucho poder al Gobierno– se votó allí el 15 de enero, fue prorrogado en julio y ahora lo volverá a ser el 15 de octubre. Recordemos lo que le costó a Pedro Sánchez en el Congreso, donde no tiene mayoría, las sucesivas prórrogas del estado de alarma, y las prisas –tan comprensibles como imprudentes– con la que las autonomías actuaron al final de junio.
Ahora lo pagamos con una mejora de la economía en el tercer trimestre que será –en parte por la debacle del turismo en agosto debida a las alertas europeas sobre España– inferior a la prevista. El FMI acaba de vaticinar una caída del PIB del 12,8%, que será aliviada en parte por un aumento del 7,2% en el 2021. Pero no volveremos al PIB del 2019 hasta el 2022.
Mientras, la mayoría para votar los presupuestos –imprescindibles– sigue en el aire. El Gobierno está dividido sobre los aliados convenientes (sin tener garantizado ninguno), el PP quiere que fracasen con estrépito porque su meta es “echar al okupa de la Moncloa”, y la ministra de Hacienda ha demostrado un incomprensible autismo con los fondos congelados de los ayuntamientos. Al final se ha impuesto, por lógica, permitir el aumento del gasto municipal para paliar la crisis. Es lo que ya hace el Gobierno, con el visto bueno de la UE y del FMI. Bien.
Y por aquí hay esperanza. Pese al ciego combate derecha-izquierda, el Gobierno, la patronal y los sindicatos han pactado la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero. Era imprescindible para evitar el desplome económico y no agravar la crisis social, pero el 31 de enero está a la vuelta de la esquina.
Y lo del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) es incalificable. El PP, que se erige en paladín de la Constitución del 78 (que Aznar no votó), lleva ya dos años negándose a renovar los 20 vocales al cumplir sus cinco años de mandato. Pero la respuesta del Gobierno tiene algo de zombi. Se mete en el pantano de no permitir la presencia del Rey en la inauguración del año judicial en Barcelona (no sólo por Torra) y reacciona con acritud cuando los vocales conservadores y progresistas tejen un apaño para cubrir vacantes. No es lo mejor, pero el Consejo no tiene culpa de no haber sido renovado.
Y en este desaguisado se arma una bronca descomunal entre Podemos, que recrimina al Rey una llamada a Lesmes, y el PP, que proclama que Pedro Sánchez no defiende al Rey de los ataques de su socio de coalición. Claro, el Rey, quizás ligero al teléfono, y la monarquía, no salen beneficiados en este pim-pam-pum de rojos y monárquicos.
Aquí estamos. El diálogo social –con el Estado pagando (gracias al BCE)– es de lo poco que funciona. ¿América y Gran Bretaña también van mal? Sí, pero mal de muchos… consuelo de tontos.
