Los ayuntamientos canarios consideran “insuficiente” que puedan acceder a sus superavit y remanentes. Además han solicitado al Ministerio de Hacienda – o lo harán en breve – poder endeudarse en los próximos años. Los municipios estiman que desde que entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera acumulan alrededor de 1.000 millones en remanentes y a esta cantidad deben sumarse los superávits que generar anualmente y que actualmente alcanza una cantidad aproximada de 3.200 millones de euros. Hay Cabildos, como el de Fuerteventura, y ayuntamientos, como el de Candelaria, que tiene en los bancos el equivalente a un 80% de su presupuesto anual. La media del archipiélago está alrededor del 50%. Nadie entiende por qué el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado una y otra vez a ceder a los ayuntamientos lo que era suyo: se ha perdido medio año. Ahora la señora Montero admite incluso suspender la regla fiscal de ayuntamientos y comunidades autónomas para asombro de propios y extraños.
La ley de Estabilidad Presupuestaria no fue, en absoluto, una mala ley, y obviando que existen normativas similares en la Europa más socialmente progresista, era imprescindible enjaezar el gasto de las corporaciones locales y las autonomías que, a principios de siglo, habían llegado expresar la chifladura, ineptitud e ineficacia de la élite política del país. Ahora hay que inyectar pasta. Toda la pasta necesaria y un poco más. El problema es quien la va a inyectar y según que metodología renovada. Los ayuntamientos ya demostraron suficientemente en el pasado sus dificultades técnicas y de personal para enfrentarse al desarrollo de inversiones importantes en expedientes administrativos de tramitación compleja. ¿Cómo puede arreglárselas un mediano ayuntamiento isleño para gestionar otro medio presupuesto en un año? ¿Cómo adquirirá el músculo técnico-profesional suficiente? Si Canarias consigue (cabe suponer que milagrosamente, en vista de la pachorra al respecto de los gobiernos central y autonómico) algún proyecto relevante cofinanciado por los fondos del Next Generation, ¿cómo afrontará su gestión y la colaboración con otras administraciones? Y a propósito de esto, ¿cómo es que no se está montando ya, sin prisa pero sin pausa, una Oficina Técnica, dependiente de Presidencia del Gobierno de Canarias, y que capte a los mejores profesionales de la administración autonómica para evaluar y seleccionar los proyectos de inversión que finalmente pretendan optar a la financiación extraordinaria de la UE?
La respuesta es más melancólica que irritante: no se ha hecho así, se ha hecho estratégicamente muy poco y a paso de gasterópodo, porque la urgencia aterradora de una crisis estructural ha sido secuestrada por los rituales y ritmos de la vieja política. Y en el fondo, se trata de una prueba más de que esta amenaza sobre nuestro desarrollo económico y social, y sobre la propia legitimidad de las democracias representativas, no necesita solo dinero, pasta, panoja- Necesita una reforma del Estado, una reforma en profundidad de las eficacia de las administraciones públicas y de la profesionalidad del funcionariado, una reforma de los contrapesos de poder en el sistema institucional, una reforma de las relaciones entre el poder político y los aparatos administrativos para la evaluación neutral de los resultados de políticas y programas. Y esas reformas son tan vitales para nuestro futuro, para la viabilidad de sociedades dignas y prósperas, como las inversiones financieras. Es más: a la larga una no tiene sentido sin la otra y viceversa.
