La crisis económica de 2008 provocó movimientos sísmicos que la política se ha encargado de replicar sin pausa hasta hoy. No siempre son malas las sacudidas si permiten que caiga lo viejo para levantar lo nuevo, pero la sensación es que faltan arquitectos y sobran dinamiteros.
El edificio constitucional es el que es. Fruto de una transición política y no de una ruptura radical con el franquismo, pero ha servido para organizar la convivencia territorial y social bajo un modelo democrático homologable al de los demás países de la Unión Europea. El bipartidismo PSOE-PP apoyado en las formaciones nacionalistas fue degradando el funcionamiento de las instituciones. Pronto los acuerdos abandonaron el inicial criterio del consenso, sustituido por un grosero reparto de los puestos a elegir. La corrupción acabó por ser una larga sombra del poder estatal, autonómico y local y de una inviolable y adulada jefatura del Estado. Hoy se va conociendo la magnitud de las grietas, que afectan a los cimientos constitucionales y minan el crédito de las instituciones, debilitadas no sólo por una política partidista y clientelar, sino también por la ciénaga de las cloacas del Estado. Para colmo de males, el tsunami independentista tambaleó la estructura constitucional, como antes sólo había hecho el frustrado golpe del 23 F.
La renovación de las élites políticas, con Iglesias y Rivera al frente de nuevos grupos y la aparición de Sánchez y Casado liderando los viejos partidos mayoritarios no han hecho más que empeorar las cosas. De Puigdemont y de Torra mejor no hablar. Lejos de sanear la situación y construir un nuevo pacto constitucional, el cambio ha producido una quiebra institucional sin precedentes. Ni siquiera la permanente amenaza del soberanismo catalán ha incitado a una política común. Al contrario, ha servido para que la extrema derecha se alce con voz propia y que el PP y Ciudadanos hagan el coro a Vox, mientras se apropian no sólo de la representación de España, sino también de la Constitución. Al partido socialista le niegan la acreditación constitucional y el acceso de Pedro Sánchez al gobierno lo tildan de ilegítimo, pese a ser consecuencia primero de una moción de censura y después de unas elecciones generales. Por su parte, Podemos surge de la descalificación radical de la transición política y de la propia Constitución, a la que ahora abraza por conveniencia política.
La adversidad de la gravísima epidemia que aún padecemos podía haber sido un punto de inflexión para pensar de una vez por todas en lo que interesa al común de los ciudadanos y no a los particulares intereses partidistas. Pero no ha sido así y el paisaje es desolador: una oposición rastrera que cacerola en mano incita a la desobediencia, un independentismo que aboga por cuanto peor mejor, y un gobierno torpe y débil, al albur de lo que decidan sus chantajistas compañeros de investidura.
Hace 45 años salimos de la longa noite de pedra y hoy el edificio constitucional amenaza ruina, mientras sus gestores, en vez de pactar su renovación, se enredan piqueta en mano en echarse las culpas. En su fachada aún se puede leer, a modo de disposición final, el epitafio de Bertolt Brecht. “Escapé de los tigres, alimenté a las chinches, comido vivo fui por las mediocridades”.
