No se pueden hacer test en los aeropuertos para detectar a posibles contagiados por el coronavirus entre los que visiten Canarias porque Aena no está dispuesta a ceder un centímetro cuadrado de sus instalaciones para que las prueban sean posible. Pero sí se puede presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados (así lo hicieron ayer PSOE y Podemos) para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y conseguir que basta con la mayoría absoluta (y no una mayoría reforzada de 3/5 partes de lo diputados) para cubrir las vacantes del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Hablando claramente y con el puto laconismo que la situación demanda: cuando se apruebe la reforma, antes de final de año, será el presidente del Gobierno (y a través del trapicheo habitual sus compis de la investidura) quienes elijan a la cúpula judicial del Estado. Por sus gónadas morenas. Para desmemoriados: los 20 jueces del CGPJ designan a todos los jueces del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia autonómicos y a los presidentes de las audiencias provinciales.

La mayoría cualificada de los 3/5 había sido establecida por la Constitución, obviamente, para obligar a los grandes partidos al consenso. En 1985 Felipe González, al frente de una abrumadora mayoría absoluta de más de 200 diputados, ya había reformado la ley para que todos los “jueces y magistrados” fueran elegidos por las Cortes, y no solo los 12 inicialmente establecidos. Es cierto que durante más de 30 años el CGPJ se ha convertido en una timba en la que socialistas y conservadores se repartían las togas, con alguna cesión a socios minoritarios o adventicios. Pero al menos la cláusula de las 3/5 partes se mantenía. Ahora, bajo el argumento de que el Partido Popular bloquea la renovación del CGPJ, que debería haberse producido hace cerca de dos años – un argumento que ciertamente no es una falsedad -- PSOE y Unidas Podemos quieren destruir cualquier exigencia de consenso y fortalecer el control del poder judicial desde el Ejecutivo. Al parecer estos genios desaforados no han pesado medio minuto en lo que hará un Gobierno del PP apoyado en la ultraderecha cuando tenga la ocasión, y más tarde o más temprana la tendrá. Sí, exactamente lo que van a hacer ellos en un par de meses.

Podría reivindicarse esta ignominiosa chapuza insistiendo en el bloqueo de la derecha, pero existen, por supuesto, otras salidas. Por ejemplo, la propuesta por la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial: el Congreso de los Diputados exhorta a Carlos Lemes y sus compañeros a dimitir y se reforma, en efecto, la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los eligen a doce de los veinte vocales, como ocurría antes de la reforma felipista. Los cálculos e intereses de las fuerzas partidistas en liza quedarían ciertamente pulverizadas y sería mucho más sencillo lograr un acuerdo sobre las ocho plazas restantes. Mientras tanto el CGPJ no podrá dictar ninguna resolución que afecte a nombramientos en los grandes órganos judiciales. Hace pocos días Pablo Iglesias advirtió al PP que nunca volvería al Consejo de Ministros, como si tal circunstancia dependiera del secretario general de Podemos. Los conservadores han conseguido influir o condicionar nombramientos en la administración de justicia a través de la muy inquietante figura de Lemes. Es imposible no detectar en la maniobra legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez la voluntad de voltear la tortilla. El proceso de hedionda degradación política e institucional de España avanza con paso firme hacia una democracia de gotelé con los poderes tan separados e independientes como los tentáculos de un pulpo.