Las recientes decisiones del Gobierno central en materia de educación no dejan indiferente a nadie. En primer lugar, quitar temporalmente el requisito del máster de Formación del Profesorado de Secundaria. No se entiende que, para ejercer como profesor, de pronto, deje de ser necesario que se tenga formación pedagógica. La Conferencia de Decanas/os de las Facultades de Educación así lo han manifestado, esgrimiendo que hay suficientes titulados y recordando que, aunque tengamos graduados que sepan mucho de su materia -sea Matemáticas, Física, Filosofía o Biología, por ejemplo-, necesitan una formación didáctica adecuada para actuar como buenos docentes. Esto último también lo refrendan las evaluaciones internacionales que se han ido realizando acerca de la calidad docente (por ejemplo, el Informe Talis). Y, en realidad, lo acreditó el Ministerio de Educación, cuando estableció los requisitos generales que debe tener esa formación (pues es quien regula cómo debe ser el máster de Profesorado de Secundaria).
Por si esto no suscitaba bastante polémica, hace escasos días se ha publicado un real decreto en el que se retira el límite de suspensos para pasar de curso. En realidad, es una extensión de la recomendación que ya se realizó en abril, en pleno confinamiento. Se presenta como una flexibilización de criterios y se deja en manos del profesorado la decisión última acerca de si un/a alumno/a ha conseguido alcanzar los objetivos previstos para un determinado curso y puede pasar al siguiente, con independencia del número de asignaturas que tenga suspendidas.
Implica un error de base: ¡los objetivos se han alcanzado cuando el alumnado puede superar -aunque sea con niveles mínimos- una materia! Materias y objetivos van unidos. Las materias se organizan para conseguir el desarrollo de unas competencias determinadas en cada curso y pueden identificarse en objetivos que debe alcanzar el alumnado. Con el conjunto de asignaturas se puede valorar si se logran las competencias globales previstas.
Aparentemente, se trata de una medida buenista que pretende comprender al alumnado que se haya tenido que enfrentar a circunstancias adversas y no haya podido llevar un curso presencial normal, evitando que se le castigue además con una repetición de curso.
Sin embargo, más que apoyar con ello al alumnado, parece que se quiere «comprar la paz de los gobernantes con los ciudadanos», dejando que las disputas acerca de si un alumno/a está para pasar de curso o no, se diriman entre el profesorado, y den cuenta a las familias. Habrá enfrentamientos familias-docentes, pero la lucha se deja ahí: que se peguen ellos. Esto, adicionalmente, en el marco de que puedan estar actuando como docentes personas graduadas en su especialidad, pero que puedan carecer de formación docente.
Hubiera sido mejor aportar fondos claramente finalistas a las comunidades autónomas para que, dentro de sus competencias, pudieran montar grupos de docentes de apoyo que actuaran mediante internet, complementando la actuación que pudieran realizar los profesores habituales de aula. Incluso, organizar dichos grupos con especialistas de toda España y utilizando un banco de recursos compartidos que se podría haber estado elaborando desde el pasado abril. Los recursos que se aportan desde Europa y que ya se han dirigido a contratar docentes presenciales, podrían incluir unidades docentes de apoyo digital, así como para apoyar a colectivos vulnerables para que puedan tener medios tecnológicos adecuados.
Aún es posible hacerlo, pues quedan muchos meses por delante en los que la escolarización va a tener que convivir con la pandemia. Este tipo de acciones tienen realmente un objetivo preventivo y pueden contribuir a paliar las desigualdades que ya existen en la población, trabajando para que éstas no aumenten como efecto de la pandemia. Se puede apoyar así al sistema educativo y a las personas (familias, profesorado y alumnado).
El Estado de las Autonomías tiene grandes disfunciones a corregir, que provocan terribles desigualdades entre comunidades, y que se han hecho mucho más patentes en un momento de crisis como el actual. La población no puede entender las disputas entre gobernantes sobre lo que hay que hacer especialmente a nivel sanitario. Pero la situación política actual marca negativamente todo. Gobiernos y oposiciones en raras ocasiones hacen el esfuerzo de trabajar conjuntamente por el bien común. Ésta sí que es una asignatura pendiente, pues dejará un país destrozado en lo sanitario, la educación, la justicia, la convivencia y la economía.
En este contexto, desde esta mirada mediocre, parece que repetir o no curso no sea relevante; es más fácil dejarlos pasar y que dentro de unos años sean otros los que los tengan que parar. Emocionalmente, no se habrá expuesto al alumnado a sentirse estigmatizados con una repetición de curso, sin embargo, se le habrá enseñado con la experiencia que, muchas veces, en esta sociedad ‘todo vale’. Lo mejor habría sido apoyarlos a ellos, a sus familias, y a los docentes para que se puedan compensar las desigualdades y conseguir que todos realmente hayan tenido opción de llegar adecuadamente a disfrutar del derecho a la educación; que no repitan curso, porque se les apoya educativamente para que no sea necesario, no por juegos con la legislación. Esa forma de actuar sería la que promovería la justicia y equidad, apuntalando el desarrollo personal y la transformación social, por haber puesto todos los medios necesarios para que se ofrezca la mayor calidad educativa para todos, creando oportunidades para la igualdad.
