Canarias pide ayuda a Europa ante la crisis migratoria”, leo en algún papel. La consejera Noemí Santana ha decidido que como el Gobierno español no hace mayor caso, pues mejor dirigirse directamente a Bruselas, aprovechando que tenía delante a la directora general de Migración y Asuntos del Interior de la UE, Monique Pariat. Se ignora si la señora Pariat dijo algo. Podría haber aludido a que Santana debería dirigirse, en primer término, al Gobierno español, integrado precisamente por el PSOE y Podemos, al igual que el Gobierno canario. Podría Santana haber exigido antes o después de la reunión de la convocatoria de la Comisión Canarias-Estado. Podría formular una propuesta específica sobre los espacios que los Ministerios de Defensa o Interior están en condiciones de ceder en cada isla para organizar una red de instalaciones de acogida dignamente dotadas. Pero no. La aherrojada Santana apela a la directora general sobre el compromiso europeo. Lo mismo hizo hace un par de días la ministra Carolina Darias, quien afirmó que el asunto le afectaba mucho personalmente, tanto que podría aventurarse que llegó a la subdelegación del Gobierno a bordo de una patera. Darias no hizo absolutamente nada durante los meses más duros de la crisis de los cayucos, salvo seguir las instrucciones del delegado José Segura y de su ministro, y provoca un fisco de vergüenza que se pretenda enmedallar con una supuesta ejecutoria en esta materia.
La estrategia de Santana y Darias sería estupenda si la Unión Europea tuviera una política de migración. Y no es el caso. La política de la UE es antimigratoria. La primera y única vez que la Unión ha avanzado hacia un procedimiento común en materia de inmigración fue cuando aprobó la Directiva 2008/115 que regulaba el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y, más concretamente, armonizaba la normativa europea sobre detención y expulsión de personas extranjeras. El expulsado no podrá volver a entrar en la UE en un plazo de cinco años. Aun con sus papeles en regla. Es significativo: la UE ha priorizado el control de sus fronteras a las políticas de recepción e integración, por no hablar del frágil y limitado apoyo a los intentos democráticos y a las economías neocolonizadas del continente africano. El objetivo estratégico de Bruselas no es gestionar razonable, consensual y humanamente la inmigración, sino frustrarla a cualquier precio.
Lo más desquiciante, con todo, es la decisión de las izquierdas canarias que hoy se reparten el poder autonómico de hacerse las imbéciles. Después de que el ministro José Luis Escrivá se mease en los intereses isleños en su visita al Archipiélago, lo que se le ocurre proponer al presidente Ángel Víctor Torres es que vengan dos ministros más, previsiblemente con sus vejigas bien cargadas. Lo que ocurre ahora en Canarias –habrá que repetirlo– no es fruto de la desidia o la ineptitud del Gobierno español. Al contrario: esta es ahora mismo su política migratoria. En resumen: Canarias como trinchera archipielágica frente al asalto de africanos hambrientos y asustados, comunidad autónoma instrumental hundida en el desempleo y la miseria y al mismo tiempo sometida a una ligera lampeduzación. Y solo cuando los niveles sean demasiado escandalosos, se abre el grifo y se desvían algunos cientos de infelices a una región peninsular o se les remite a Mauritania a tanto la pieza. Estupenda idea: siembra los mares de muertos, intensifica el sufrimiento de los migrantes y estimula el resentimiento racista y el facherío voxista pero mantiene a los negros lejos de Madrid, Sevilla o Barcelona.
