Esto de la reforma judicial en pleno agravamiento de la crisis sanitaria y económica es un juego malabar que la UE no está decidida a admitir. Dejar que estas cosas sucedan significa el fin de las democracias y el avance bolivariano de Venezuela en Europa. Por eso es necesario detener las ambiciones cesaristas. Dado que el ambiente no es proclive a los desmanes de este tipo y los fondos de reconstrucción pueden depender de ello, Sánchez se ha mostrado dispuesto a retirar su propuesta de someter al poder judicial y a negociar desde mañana mismo su renovación. El Partido Popular, a su vez, pone condiciones y llevará al Congreso una propuesta para despolitizar el CGPJ.
No es tan sencillo como parece, al menos desde el punto de vista del calendario. No es que el PP, ahora de repente, después de haber dejado pasar cuando gobernó la oportunidad de despolitizar la justicia, se sienta en la necesidad perentoria de hacerlo. Su tendencia regeneracionista no alcanza hasta ahí, ojalá me equivoque. Sí ha querido, sin embargo, aconsejado por las cabezas mejor pensantes del partido, no negociar algo tan sumamente aparatoso, como es el reparto del poder dentro de otro poder, en vísperas de la moción de censura de Vox, formulada precisamente, y entre otras razones, para ponerlo entre la espada y la pared. Ese tipo de cargos pactados con el PSOE son un arma arrojadiza en manos de Abascal. No ha existido, por otro lado, prisa en cambiarlos ya que la mayoría de los vocales fueron propuestos en su día por los populares. Al contrario, el famoso Gobierno de progreso, PSOE y Podemos, que quiere cargarse el equilibrio democrático entre los poderes sí tiene una urgencia en renovarlo para colocar a sus afines.
Este episodio no es más que una triste prolongación de lo que la historia más lamentable nos ha deparado. Por eso, Felipe VI ha vuelto a pedir en Oviedo un esfuerzo nacional de entendimiento y concordia.
