La Inteligencia Sanitaria o Medint (acrónimo inglés Medical Intelligence) es una disciplina de obtención orientada a la generación de productos de inteligencia específicos en apoyo a la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Estrechamente vinculada a las relaciones internacionales y las operaciones en el exterior, la Inteligencia Sanitaria aborda desde zonas de riesgo, guerras y conflictos de diversa naturaleza hasta escenarios derivados de catástrofes naturales. El especialista Medint opera en un entorno difícil, realizando diagnósticos de salud zonal situacional y análisis de amenazas medioambientales y de capacidades sanitarias propias y extranjeras en el teatro de operaciones, con el objetivo de satisfacer las necesidades y la provisión de recursos para tropas y población civil también en el marco de operaciones de paz.
De hecho, esta disciplina permite elaborar planes de contingencia implementados en el despliegue en zonas de operaciones para posibles evacuaciones por riesgo potencial de epidemias. En esta línea, la Inteligencia Sanitaria respondería ante amenazas biológicas, por una parte, analizando vectores y las principales enfermedades que estos transmiten. Por otra, trataría de evitar el empleo de patógenos por parte de organizaciones terroristas (bioterrorismo), con antecedentes como los ataques con ántrax de 2001, sin perjuicio de otras problemáticas en las que también pone el foco como la contaminación química o radiológica y cualquier otra información que pueda ser de interés para la salud.
Mientras que las Fuerzas Armadas españolas estaban ya familiarizadas con el concepto de Medint y su contribución al desarrollo de la Defensa Nacional, disponiendo de entidades como el Instituto de Medicina Preventiva, lo cierto es que más allá de la Doctrina Sanitaria de la OTAN no existe una doctrina específica Medint en la Administración ni una Cultura de seguridad lo suficientemente arraigada ni extensible a otras estructuras estatales que ponga en valor su utilidad. Tampoco los profesionales y técnicos de salud pública de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) en los distintos niveles territoriales, ni otros Centros dependientes de la Dirección General de Salud, estarían integrados en el Sistema de Seguridad Nacional (SSN), una limitada visión estratégica que obstaculiza una coordinación real.
En lo que a las FAS respecta, se habría producido cierta modernización en cuanto a estructuras y dotación de recursos preventivos tras la crisis del ébola, por ejemplo, con una de las siete unidades de aislamiento de alto nivel existentes en todo el territorio nacional, en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, junto con la adquisición de una estación de descontaminación masiva para personal de la UME. En los inicios de la pandemia, las FAS lograron desarrollar actuaciones rápidas y eficaces, -apoyándose en un sistema de mando, control y comunicaciones efectivo-, en el contexto de la Operación Balmis. Esta resiliencia, expresada en la suma de capacidades en materia sanitaria, habría ido más allá del estricto ámbito securitario, con resultados positivos en la contención y reducción del impacto epidémico nacional.
Precisamente las FAS soportaron el peso de las labores de desinfección y descontaminación de espacios públicos e instalaciones durante el confinamiento, el refuerzo de capacidades asistenciales de hospitales, apoyo logístico y traslados por medios terrestres y áreos, incluidos recursos críticos, así como el montaje e instalación de hospitales de campaña. Esta imagen contrastaría, sin embargo, con el clima político general de improvisación, los errores en la comunicación institucional y las reticencias a asumir públicamente responsabilidades políticas, en un panorama de incertidumbre y desafección que se reproduce en todo el mundo.
En una crisis como la que hoy afrontamos con previsiones preocupantes en todos sus frentes, la Inteligencia Sanitaria en la prevención y gestión epidemiológica merece ser considerada. Mientras que España es uno de los países más afectados de Europa por los efectos del coronavirus en términos humanos y económicos, observamos cómo muchas de las críticas a la gestión del Gobierno Central y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) no responden precisamente a la búsqueda de la mejora sino al señalamiento de culpables, avivando la llama de la polarización social. Paralelamente, siguen demandándose aportaciones de valor para paliar deficiencias y hacer más ágiles las herramientas de las que disponemos para frenar la transmisión hasta la llegada de la vacuna, como los sistemas de rastreo del Covid-19.
Incluso antes de la irrupción de este virus, las enfermedades infecciosas habían sido definidas como amenazas, desafíos para la seguridad global potenciados por factores como la globalización, que habría propiciado una mayor movilidad de los microorganismos, el crecimiento poblacional y los efectos del cambio climático. Habiéndose detectado al menos seis alertas sanitarias globales y otros tipos de coronavirus, no parece razonable presentar la crisis del Covid-19 como un cisne negro (eventos sorpresivos de consecuencias multidimensionales). Ante estos sucesos y las repetidas advertencias de cara al futuro de la comunidad científica, desoídas en cada brote, no puede afirmarse que existan cisnes negros en la amenaza química, biológica o nuclear. Pese a ello, en la colaboración supranacional los esfuerzos para la anticipación y contención de enfermedades transmisibles están todavía muy fragmentados.
Entonces, ¿cómo podría ayudarnos la Inteligencia Sanitaria? Un equipo de analistas en una unidad Medint se enfrentaría sobre todo a grandes volúmenes de información en fuentes abiertas (Osint) principalmente en la red, atendiendo a las Necesidades de Inteligencia (NI) y requerimientos de información de su organización bajo control centralizado. La disponibilidad de fuentes abierta posibilita, de hecho, el desarrollo de las actividades de Inteligencia Sanitaria. El experto en Medint está capacitado para formular búsquedas inteligentes en la red garantizando la navegación segura, en coherencia con un plan de recolección para obtención y monitorización de información sanitaria. Esto resultaría especialmente útil en los Sistemas de alertas epidemiológicas.
El hecho de que una pequeña unidad Medint canadiense dentro del Comando de Inteligencia de las Fuerzas Canadienses (Cfintcom) alertase a partir de enero de la magnitud del coronavirus, subraya las capacidades de respuesta temprana a escenarios de epidemias y pandemias. En este caso y ante de las dudas sobre el manejo de dicha información por parte de la Jefatura del Estado Mayor y la oficina del Primer Ministro, se aludió a fallos de inteligencia y a que su sistema de alerta temprana no respondió correctamente a los informes de la unidad. Esta habría recurrido a estadísticas y análisis de la OMS, otras fuentes abiertas e inteligencia clasificada compartida con aliados como Estados Unidos. Los hallazgos en apuntaban desde entonces a que el virus representaba una seria amenaza y a la falta de transparencia de China.
Ahora bien, respecto a la situación de los rastreadores del Covid-19 en España, la información disponible sigue siendo confusa, teniendo que acudir a fuentes periodísticas al no existir datos oficiales actualizados y abiertos al público. Teniendo en cuenta que los recursos humanos, medios materiales y el sistema de organización difiriere de una Comunidad Autónoma a otra, se estima que el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, cuenta en la actualidad con 350 rastreadores y aspiraría a llegar a 500, estudiando la apertura a perfiles no sanitarios, pero al estar integrados en los servicios de atención primaria no hay cifras disponibles. Esta apertura se realizaría en un contexto en el que la tendencia general habría sido la incorporación de enfermeros, auxiliares de enfermería y médicos, incluso personal sanitario jubilado como voluntarios. Mientras tanto, se podría haber comenzado a movilizar a auxiliares administrativos planteándose incluso sumar a teleoperadores, tal y como ha ofrecido el Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat de Cataluña, sin aclararse el nivel de formación exigido. Además, un número significativo de profesionales de las FAS suplieron parte de la demanda de rastreadores tras el verano, por lo que cabe valorar el rol que podrían desempeñar ahora en este esquema los Cuerpos de Seguridad del Estado y voluntarios de protección civil.
Ante el riesgo de saturación hospitalaria y las continuas quejas desde una debilitada atención primaria, no parecería lógico contar exclusivamente con personal sanitario como rastreadores, ya que existe la posibilidad de contratar personal no funcionario, personal laboral temporal con la capacitación adecuada. Sea como sea, la atención física ante las emergencias Covid-19 no debe descuidarse generando nuevos espacios de vulnerabilidad para el paciente, sobre todo en casos en los que el sanitario ha sido llamado a compatibilizar ambas actividades, la atención al paciente y el rastreo. Mientras que este puede demostrar un excelente desempeño en la atención médica en consulta, no tendría por qué tener las capacidades ideales como rastreador en una tarea en la que debe interrogar, incluso persuadir, y averiguar la máxima información posible.
La Universidad Johns Hopkins ha propuesto una ratio segura de 4 rastreadores por cada 5.000 personas, lo que equivaldría a 81 por cada 100.000. En España, con los datos de julio investigadores de la Universitat Rovira i Virgili han calculado que se necesitaba 1 por cada 5.000, situación a la que hemos llegado ahora y que idealmente debiera haberse producido cuando la incidencia era baja. En una segunda ola que amenaza al invierno y al año próximo, es previsible que las Consejerías de Sanidad de cada autonomía refuercen su plantilla de rastreadores en función de sus datos de contagios y que la media de contactos que es capaz de detectar un rastreador ha descendido. Además, debería abordarse con urgencia el problema que suponen los positivos que se quedan sin trazar, ya que estos estarían excediendo las capacidades de rastreo, teniendo en cuenta también que las pruebas diagnósticas deben practicarse en menos de 48h. La incorporación de personal no sanitario como rastreadores podría realizarse en una primera fase o un primer cribado en el sistema de rastreo, con la supervisión por grupos de personal sanitario. Estos últimos se incorporarían en una siguiente fase tratando directamente con casos positivos que precisaran seguimiento clínico, derivación a centros y cualquier otra activación de protocolos que en este caso requiriese de la valoración de un médico. Los rastreadores deberán tener conocimientos básicos sobre la mecánica del virus, su periodo de incubación y transmisibilidad, pudiendo desarrollarse programas de formación específicos a partir del contenido de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad, y de los parámetros exigidos en el rastreo recomendados por la OMS.
Con esto, sería conveniente que el rastreador, independientemente de su perfil profesional, reuniese ciertas características, competencias y aptitudes. Estos deben ser capaces de desarrollar su actividad bajo una importante presión psicológica, ya que la rapidez en la identificación de casos positivos y contactos sospechosos y probables, elaborando una red fiable, es clave para romper la cadena de transmisión. El rastreador debe tener capacidad de escucha y observación, capacidad analítica y conducir eficientemente la conversación ante las dificultades de comunicación que puedan surgir. En este sentido, si algo es imprescindible es saber hacer las preguntas adecuadas. Así, analistas de inteligencia y detectives privados adiestrados en técnicas de interrogatorio, en obtención de información en fuentes humanas (Humint) y fuentes abiertas especializadas (Medint) podrían ser de mucha ayuda. Esto permitiría a su vez detectar contradicciones en el relato, inexactitudes y falsedades, maximizando las posibilidades de la actividad de rastreo.
El refuerzo de las capacidades sanitarias debe contemplar la apertura del sistemas de rastreadores en cada Comunidad, ofreciendo bolsas de empleo no solo a personal funcionario sino a cualquier otro apto para desarrollar esta actividad, aprovechando el talento en el sector privado. Así mismo, nuestros sistemas sanitarios deben estar receptivos a la integración de capacidades civiles y militares, siendo preciso identificar deficiencias en número de efectivos y capacitación, también con la ayuda de disciplinas como Medint. Así como en inteligencia opera el principio de oportunidad en la difusión, esta es una inversión que tampoco puede posponerse. En Canarias, la incorporación de nuevos rastreadores podría realizarse prácticamente de forma inmediata, previo conocimiento del manejo del sistema informático del Servicio Canario de Salud. Teniendo en cuenta el impacto psicológico que puede estar teniendo en miles de familias esta situación, sería conveniente valorar las habilidades interpersonales en el proceso de selección, pudiendo determinar si el candidato a rastreador es capaz de transmitir seguridad y tranquilidad a su interlocutor y si posee inteligencia emocional. En un ejercicio de prospectiva, las lecciones aprendidas con la pandemia del Covid-19 deberían arrojar luz sobre las ventajas de la Inteligencia Sanitaria como herramienta para abordar coyunturas similares en el futuro.
