El Gobierno de la nación anuncia control de alquileres. Se supone que esta medida es “progresista” y tiene el propósito de beneficiar a los que tienen menos ingresos. Estas deben ser las intenciones, pero ¿esos serán los resultados? Difícilmente. Assard Linbeck, el economista más reputado de Suecia, conocido mundialmente por sus estudios sobre el estado de bienestar y socialista declarado, es decir nada sospechoso de liberalismo ni cosa parecida, ha dicho lo siguiente: “El control de alquileres es la segunda técnica más eficiente actualmente conocida para destruir una ciudad, la primera es bombardearla”. Otro economista, el norteamericano Thomas Sowell (sempiterno candidato al Nobel) añade otro ejemplo proveniente nada menos que de un funcionario comunista de Vietnam que decía: “Los norteamericanos no pudieron destruir Hanoi a través de bombardeos; sin embargo, nosotros la hemos destruido a través de alquileres bajos”.
O bien el Gobierno lo sabe, pero espera sacar rédito político de esta medida a corto plazo o bien ha olvidado que la primera regla de buen gobierno es no hacer daño, especialmente a las personas que ya lo tienen complicado. ¿Y porqué el control de alquileres que parece una medida tan buena y beneficiosa para las clases populares es justo lo contrario? Pues por varias razones, todas ellas bastante obvias. En primer lugar, si se controlan los precios de los alquileres en lugar de dejar que se vayan fijando por la interrelación de oferta y demanda, muchos propietarios de vivienda las retirarán del mercado, reduciendo, por tanto, la oferta de viviendas en alquiler. En segundo lugar, las mejoras y cuidado de muchas de las viviendas en alquiler decaerán, ya que los propietarios carecerán de incentivos para diferenciarse de otros “caseros” (van a cobrar lo mismo y, en algunos casos, lo usarán como modo de hacer que los inquilinos se marchen y retirar las viviendas del mercado); más reducción de oferta. En tercer lugar, las empresas o inversores que estuvieran valorando construir edificios para alquiler de viviendas o no lo harán o precarizarán su calidad, nueva reducción de oferta.
Si esto pasa por el lado de la oferta, la cosa no es mejor por el lado de la demanda. Muchos jóvenes que viven con sus padres entenderán que con los nuevos precios se pueden independizar, lo que producirá un incremento en la demanda de viviendas. Otras personas que viven en habitaciones alquiladas se plantearán ahora alquilar una vivienda, nuevo incremento de demanda.
Si la oferta (las viviendas que se ofrecen en alquiler) cae y la demanda (las personas que quieren alquilar) sube, la consecuencia obvia es que habrá más escasez de viviendas en el mercado, sea cual sea el precio que fije el gobierno. Aquí ocurrirán tres cosas más. En primer lugar, las personas con recursos limitados deberán enfrentarse a esta escasez de oferta de viviendas. En segundo lugar, los controles de vivienda se suelen fijar por barrios, y quienes siempre se acaban beneficiando de ello son las personas más pudientes que tienen recursos de sobra para vivir en barrios caros (podrían pagar incluso más) y ahora se encuentran con que ¡el Gobierno les baja el precio! La tercera consecuencia es la peor: las personas en desempleo o con recursos mínimos, en especial los inmigrantes, también padecerán la reducción de oferta y acabarán viviendo en peores condiciones que antes o sometidos al mercado negro de viviendas, que siempre se genera en estos casos, o hacinados en edificios abandonados.
El control de alquileres es una medida estrella de cualquier política populista y está ligado a la historia de la humanidad, siempre sin resultados. El periodista Henry Hazzlitt lo ha documentado: “Fueron impuestos por los faraones del antiguo Egipto; decretados por Hammurabi, rey de Babilonia, incluso en la antigua Grecia se experimentó con ellos”. En España, Felipe II, dado el crecimiento exponencial de Madrid y la llegada continua de personas a la corte estableció la “regalía de aposento”, que obligaba a alojar a quienes tuvieran determinada superficie a un forastero, lo que hizo que proliferaran “las casas de malicia” es decir, casas que ocultaban su auténtica superficie con zonas ocultas para engañar a los funcionarios que las supervisaban. Los particulares no estaban dispuestos a tener que pagar con su hacienda por las carencias públicas. Ahora será lo mismo.
Las decisiones para abaratar los alquileres deben ser otras, no se puede culpar del precio de los alquileres a quienes los cobran, hay que buscar las causas: abaratar el precio del suelo y poner a disposición de los ciudadanos viviendas en alquiler a precios asequibles, lo que exige desarrollos normativos y una acertada (y no demagógica) política pública de vivienda. El resto lo hará el mercado por la ley de oferta y demanda. Las palabras no siempre son el reflejo de la realidad y si hay personas que creen que una ley de control de alquileres con precios forzados en verdad los va a controlar, van a poder comprobar la dificultad de que esto sea así, a no ser que se acompañe de otras medidas coercitivas, propias de economías planificadas, pero ese ya sería otro escenario.
