Cuando en la noche del pasado miércoles el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se acercó para comprobar que un centenar de migrantes, procedentes de Arguineguín, se agolpaban en la estación marítima de la capital, comprobó que la única autoridad política presente era él. Nada. Ningún personal, ningún servicio, ninguna información previa de la Subdelegación del Gobierno. Bermúdez debió improvisar a toda prisa para encontrar alojamiento a los migrantes, a los que se había prohibido tomar pasaje hacia Huelva. Horas más tarde se filtró que los migrantes habían viajado solos, por su cuenta y riesgo, hasta Tenerife, pero es algo que no está plenamente confirmado. El alcalde estaba entre estupefacto y furioso. Pasa exactamente igual con la ciudadanía de las islas. Cuando el portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, desveló que el presidente Ángel Víctor Torres no acompañaría al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska a su visita oficial a Marruecos la reacción ya no fue de asombro, sino de hartazgo. Basta ya.
Si el Gobierno español está echando un pulso político a las instituciones democráticas canarias debe quedar claro, cuanto antes mejor, que lo va a perder, y que esa forma de tensar las relaciones entre gobiernos y administraciones autonómicas y locales es una despreciable irresponsabilidad. Desde hace mucho el equipo gubernamental de Pedro Sánchez decidió emplear la técnica de la multiplicación de iniciativas y acciones potencialmente conflictivo de manera que no es posible atenderlos ni entenderlos todos en su infernal simultaneísmo. Si cometes incansablemente errores, insensateces y canalladas la capacidad de percepción y reacción del adversario –y del público contribuyente –queda embotada. Lo que ha cuidado el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es la territorialización de los conflictos. Incluso puede decirse, y no solo en la negociación de los presupuestos generales del Estado, que muchas de sus concesiones y renuncias están destinadas a suavizar conflictos territoriales en acto y en potencia, en Cataluña y en el País Vasco. Solo se está produciendo una excepción: Canarias. Y es una excepción que están jugando a fondo, como un naipe marcado. Por supuesto que la media de la inversión estatal en el proyecto presupuestario no cumple con el REF. Por supuesto que no se han dignado a diseñar y dotar, junto al Gobierno autonómico, un plan de emergencia para el sector turístico en la comunidad autónoma turística por excelencia de España. Pero a todo estose une la voluntad inequívoca de transformar Canarias en trinchera contra el salto de los migrantes a Europa y cárcel archipielágica para los infelices que llegan a cientos en pateras y cayucos.
Canarias debe reaccionar si no quiere que la lampeduzación del país sea irreversible en el seno de la peor crisis económica desde la Guerra Civil. Y el presidente Torres debe tomar una decisión. Ya no basta con expresar crítica, rechazo o indignación por la canallesca gestión de la crisis migratoria desde Madrid. Hace ya 72 horas el presidente canario exigió conocer quién dictó la orden para “liberar” a más de 200 migrantes para su salida del campamento de Arguineguín y ni a esa pregunta elemental ha obtenido respuesta. Como orquestando una burla inaudita el Ministerio del Interior ha anunciado una “investigación interna” sobre lo ocurrido. El Parlamento de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos deben alzar una voz única y consensuada exigiendo respeto político e institucional, transparencia, soluciones tácticas y estratégicas y participación en las mismas. Si no es así el descenso a los infiernos apena acabará de empezar.
