En los inicios de la Revolución Francesa los partidarios del Rey se situaron a la derecha de la Asamblea Nacional mientras que sus opositores se situaron a la izquierda, y de este hecho fortuito arranca el uso actual de los términos ‘izquierda’ y ‘derecha’ en política. En la actualidad se ha consolidado un uso de esta terminología según la cual los partidos de izquierda serían favorables a una mayor intervención del Estado en la Economía, que mediante unos impuestos más elevados sufragaran unos servicios públicos más amplios y generalizados. El ejemplo paradigmático serían los gobiernos socialdemócratas que gobernaron los países escandinavos durante la segunda mitad del siglo XX. Por el contrario, en su concepción liberal los partidos de derechas preferirían que la intervención del Estado fuera menor, bajo el supuesto de que unos menores impuestos permitirían que los ciudadanos se procuraran en el mercado aquellos servicios (sanidad, educación o cuidado a los ancianos, por ejemplo) que, de ser proveídos por el Estado, son siempre fuente de corruptelas e ineficiencias. Los ejemplos más paradigmáticos de estas políticas ‘de derechas’ fueron los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a partir de la década de 1980. Por supuesto, existen también otro tipo de derechas y de izquierdas: a menudo la derecha se asocia más con ‘conservar’ (las tradiciones) y que no necesariamente se relaciona con una menor intervención estatal, mientras que la izquierda tiende a asociarse al cambio. Y para buscar ejemplos de esto no hace falta irse muy lejos: el Estado franquista fue, en muchas de sus fases, conservador en cuestiones sociales y morales, pero practicó una importante intervención estatal en la economía.
No tiene ningún sentido separar el debate político de la fiscalidad. Quien pretenda convencernos de que nos va a dar más y mejores servicios públicos tiene que asumir que eso va a implicar también mayores impuestos, y tendrá que explicar quién pagará esos impuestos, salvo que nos pretenda convencer que, al igual que Jesucristo, tiene la capacidad para multiplicar los panes y los peces. Quien nos vende una mayor ‘libertad’, vía menos provisión de servicios públicos, nos debería de explicar a quién va a beneficiar la rebaja de impuestos que eso debería implicar, salvo que nos esté diciendo que piensa ofrecer menos servicios, pero seguir recaudando los mismos impuestos y dedicar éstos a otros fines (por ejemplo, Thatcher y Reagan dedicaron un porcentaje mayor del gasto público al gasto militar y menor al gasto social). Los ciudadanos deberíamos pedir a nuestros políticos que nos expliquen cómo se relacionan sus propuestas fiscales con sus propuestas de gobierno. Pero en la España de la tercera década del siglo XXI no lo hacemos.
Aunque más de 20 millones de españoles hagamos cada año la declaración de la Renta, a la mayoría se nos escapa que, según la reforma realizada en 2010, en la actualidad las comunidades autónomas recaudan y gestionan la mitad del IRPF. Las comunidades autónomas tienen la capacidad para decidir tanto qué tipos impositivos implican como los niveles a los que éstos se aplican. Es decir, por poner un ejemplo, yo, que vivo en Canarias puedo ganar 35.000 euros al año y pagar un 21% por IRPF al año, mientras que quizá mi hermana, ganando lo mismo, puede tener que pagar un 18 o un 25% de IRPF por vivir en Cataluña. Sí, hay un marco general (50%) que lo establece el gobierno central (Madrid, como se suele decir). Pero la mitad de lo que pagamos lo establecen las comunidades autónomas. Y el debate político en la actualidad está lejos de cualquier debate que pudiera considerarse verdaderamente democrático, pues los ciudadanos no le pedimos responsabilidades a los políticos por los tipos impositivos que establecen, sino que, en general, contribuimos a ‘mandar la pelota fuera’ diciendo que la culpa la tiene “Madrid que nos discrimina”. Para los canarios lo auténticamente democrático sería pedirle cuentas al Gobierno de Canarias acerca de hasta qué punto el bajo nivel impositivo de las Islas puede estar en la base de una sanidad pública debilitada que pueda haber contribuido a la propagación del Covid. Madrileños y catalanes deberían reflexionar hasta qué punto las políticas de privatización sanitaria que han desarrollado en los últimos años son causa del elevado impacto de la pandemia en sus comunidades. Aunque me temo que los ciudadanos hemos caído en la trampa de “los políticos”: echar la culpa del 100% al gobierno central y olvidar que las autonomías gestionan el 50%. El uso actual de los términos izquierda y derecha se originó en la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Un siglo después, en la época de Galdós, las políticas que podrían considerarse de ‘izquierdas’ o ‘de derechas’ se decidían en Madrid. Pero más de dos siglos después no es sólo que en Canarias se decida, por ejemplo, sobre cómo se organizan los médicos o los institutos: es que se decide también sobre al menos la mitad de los impuestos que permiten pagar esos médicos o institutos. Independientemente de la postura que tenga cada quien, ya va siendo hora de que los ciudadanos debatamos a nivel de comunidad autónoma acerca de si queremos más impuestos y más médicos o menos impuestos y más sanidad privada, pues es en las comunidades autónomas donde se deciden estas cuestiones. De lo contrario, el divorcio entre política y ciudadanía será tal que dejaremos abierto un espacio muy importante para políticos que no es que serán de derechas o izquierdas (democráticas), sino, que directamente, serán no democráticos.
