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José María Asencio Mellado

El Gobierno frente al Tribunal Constitucional

Es algo más que ignorancia y roza la irresponsabilidad y el entendimiento del sistema democrático de forma incompatible con sus principios básicos, el desprecio que este gobierno muestra hacia la jurisprudencia de los Tribunales Constitucional y Supremo y, concretamente, la que declara la inconstitucionalidad y disconformidad de ciertas leyes y decretos con la Constitución. En una suerte de carrera de egos, que esconde soberbia y autoritarismo, dictan o anuncian leyes exigidas, lógicamente, por sus aliados antisistema e independentistas, en materias que los tribunales han declarado reiteradamente contrarias a la Constitución. Con ello generan inseguridad jurídica y atacan las competencias del Poder Judicial, legítimo en el ámbito de su potestad, algo que no parecen entender en su deriva ideológica, poniendo en riesgo el funcionamiento del sistema, exactamente lo que pretenden sus aliados de los que se hacen cómplices.

Porque, ese es el peligro de los pactos con partidos que son antisistema confesos y que no ocultan sus intenciones. Ese es el peligro, el de aceptar demandas contrarias a la ley y dirigidas a minar las instituciones y provocar tensiones entre los poderes del Estado. Pactar y anteponer la permanencia en el poder a la responsabilidad de un gobierno en el marco estricto de sus competencias es poner en riesgo el sistema. Yo no creo o no quiero creer que el PSOE se haya convertido, de golpe, en un partido radical anhelante de las aspiraciones de Largo Caballero y que considere la democracia como un simple medio para llegar a la siempre fracasada sociedad socialista. No lo creo. Simplemente es hoy un partido que antepone lo inmediato, el poder, a toda consideración que le suponga un obstáculo para mantenerse en el gobierno. Ese es Sánchez. No ha sido una sorpresa para nadie, ni siquiera para sus apoyos en una organización en buena parte incómoda que, regida con mano de hierro, ha demostrado a la largo de la historia, sin embargo, capacidad de reaccionar.

Las leyes que en materia de educación quiere imponer la ministra Celaá chocan con las sentencias pronunciadas, en cantidad apreciable, por los tribunales, siendo de muy dudosa legalidad y siendo esperable que, recurridas, sean anuladas. Celaá, la promotora, es una ministra educada en escuelas católicas de élite que no tuvieron que perjudicarle en modo alguno, pues no en vano llevó a sus hijas a centros similares, no a los públicos.

Acabar con la educación concertada no es algo que pueda ser decidido ante la realidad del reconocido derecho a la libertad de elección de los padres; mientras haya centros concertados no será posible su cierre sin argumentos que no sean simplemente ideológicos. Y bien lo saben las autoridades del Ejecutivo valenciano. Tampoco podrán acabar con la financiación de los centros que imparten educación diferenciada entre hombres y mujeres. El Tribunal Constitucional ya resolvió este asunto y desestimó una demanda del PSOE declarando la plena legitimidad de este modelo educativo y la ilegalidad de suprimir su financiación.

Insistir en medidas inconstitucionales, con plena conciencia de que serán anuladas, es algo más que ignorancia. Es síntoma de rechazo a los principios de la división de poderes y confusión conceptual que revela autoritarismo elemental. Que a un gobierno democrático le resulten indiferentes las resoluciones judiciales es conducta impropia de una sociedad avanzada. Judicializan la política y atacan la independencia judicial haciendo que los tribunales entren de lleno en la pugna política, que resuelvan los conflictos ideológicos y partidarios e, indirectamente, luchan denodadamente por controlar a los jueces, de los que esperan obediencia y sumisión. De ahí que no renuncien al control del CGPJ y de ahí que no vayan a ceder ni un ápice en esta pretensión. Necesitan debilitar al Poder Judicial ante la evidencia de los fallos adversos que han recibido. Difícil será, no obstante, que hallen quienes estén dispuestos a desdecirse. La profesionalidad en la carrera judicial es muy superior a la baja calidad de la política.

Poco más debe decirse de la reforma que, en materia educativa, va a suprimir el castellano como lengua vehicular. Sobre este asunto la jurisprudencia es amplia y uniforme, declarando la ilegalidad de la decisión. No sólo no se han cumplido las sentencias firmes que se han desobedecido, sino que ahora el gobierno de España se hace cómplice de tal desacato pactando su contemplación en la ley, aunque sea de prever que será también anulada. Intentar normalizar la desobediencia a los tribunales expresa bien un comportamiento democráticamente complejo.

Y a poco tardar veremos anunciar reformas en el Estatuto catalán que incorporen medidas que el TC declaró inconstitucionales, ya asumidas por el gobierno en el marco de la negociación que, aunque no quieran creerlo, tiene como límite la Constitución.

Poco a poco, semana a semana, nos enfrentamos con actos y decisiones que, sumadas, deben llevarnos a la preocupación por el futuro. El gobierno ha decidido alejarse del pacto constitucional cuyo partido ayudó a forjar, para acercarse al pacto de investidura o, lo que es lo mismo, alejarse de la ley para acercarse a las aspiraciones de Sánchez. Sánchez es la razón que todo lo mueve en un partido, el PSOE, cuya imagen se deteriora a una velocidad que solo se aprecia desde fuera. Bien harían en salir a la calle.

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