Se le acumula el trabajo, por todo lo que está cayendo, a la Marca España, o como se llame ahora esa oficina creada por el Gobierno de la nación para mejorar la imagen, fuera, de nuestro país.
Tenemos en efecto a un grupo de ex militares de alta graduación empeñados en una clara maniobra para generar alboroto y procurar por métodos antidemocráticos la caída de un gobierno que no gusta nada a la derecha.
Un grupo de viejos nostálgicos del franquismo que ocuparon altos cargos en la etapa democrática, cuando nuestro país pertenecía ya a la OTAN y a la UE, entre ellos generales y algún almirante, y que, ahora, colgado el uniforme en el perchero, se han decidido por fin a sacar pecho.
No tendría demasiada trascendencia el asunto, ni siquiera esa salvajada expresada por alguno de ellos en un tuit de que habría que fusilar a veintiséis millones de españoles, si no fuera porque todo ello parece formar parte de una estrategia desestabilizadora.
Ha salido el Gobierno a defender a las actuales Fuerzas Armadas, por boca de su ministra de Defensa, con el peregrino argumento de que no puede haber nostalgia del franquismo cuando muchos de los militares de hoy ni siquiera saben quién fue Franco.
Y ahí está una de las raíces del problema: en lugar de hacer lo que han hecho otros países salidos de una dictadura, es decir, de educar a los españoles sobre lo que significó aquel régimen asesino y liberticida, bendecido por la Iglesia, se ha preferido no volver la cara hacia el pasado para no ver la barbarie como aquel ángel de la historia del que escribió Walter Benjamin.
Tampoco tendría importancia si todo ello no formara parte de una maniobra claramente antidemocrática hacia la que parecen mostrar comprensión los partidos de nuestra derecha e incluso una parte de la prensa, sobre todo de ciertos medios madrileños, que, con el pretexto de la sagrada unidad de la nación, tratan de deslegitimar, por sus apoyos o alianzas, al actual Gobierno.
Y está luego la noticia de que el desaparecido rey emérito ha regularizado la deuda pendiente con Hacienda– más de 650.000 euros- por las tarjetas opacas de las que se sirvieron tanto él como algunos miembros de su familia.
Don Juan Carlos, del que no sabíamos nada desde que decidió abandonar el país y refugiarse en los Emiratos Árabes Unidos, evita así algo que se nos antojaba en cualquier caso imposible: su condena a prisión.
Cantidad, la ahora regularizada, que corresponde a la supuesta donación de un multimillonario mexicano, banquero de Goldman Sachs, y que afecta sólo a ejercicios no prescritos por ser posteriores a su abdicación.
Habrá, pues, que olvidarse de los 65 millones que supuestamente le regaló el rey de Arabia Saudí por actuar como intermediario en la concesión a Talgo del Ave a La Meca, y que, como otras posibles comisiones, el Emérito ocultó también a Hacienda.
El supuesto blanqueo está protegido por su inviolabilidad como jefe del Estado y el eventual delito fiscal o de blanqueo de capitales en cualquier caso habría prescrito. Todo cuadra.
Y mientras los ex espadones y sus corifeos mediáticos siguen gritando ”viva el Rey”, el presidente del Gobierno nos asegura a cuantos financiamos a la Corona con nuestros impuestos que “las instituciones funcionan y la monarquía no está en peligro”. ¡País maravilloso!
