El virus que no para de incordiarnos ha rescatado la figura del rastreador, generalmente interpretada por los comanches en las viejas películas de vaqueros. Ahora ya no se trata de seguirle el rastro a un fugitivo, sino a un bicho solo visible bajo el microscopio que se va hospedando de cuerpo en cuerpo. Un trabajo mucho más difícil y delicado que el de los cazarrecompensas del Oeste.
Había hasta ahora inspectores de policía, de Hacienda, de Trabajo o de Sanidad, entre otros. La epidemia ha añadido a este vasto catálogo el de los inspectores de relaciones personales, que eso vienen a ser más o menos los llamados rastreadores.
A los nuevos sabuesos se les encarga el seguimiento de los infectados por el virus de la Covid-19 y el de aquellos con los que hayan estado en contacto. Tarea ardua en la medida que afecta a la vida privada de los investigados.
Los nuevos detectives están obligados a inspeccionar la vida social de los ciudadanos sospechosos de contraer y, por tanto, propagar el bicho. Su misión consiste en preguntarles con quién han estado y, lo que es más peliagudo, el nombre de los que compartieron con ellos una charla, una copa o, si fuere el caso, la cama.
Imaginemos el caso de un adúltero o una adúltera, si es que estos términos viejunos se siguen utilizando a estas alturas del milenio. Aunque hayan dado positivo en la PCR, aquellos y aquellas que mantengan relaciones paralelas a las de su pareja habitual tenderán a ocultarlas, como es lógico. Por más que la autoridad competente les garantice la confidencialidad de sus revelaciones, aquí hay mucha gente que ya no se fía ni del sacramento de la confesión.
No solo se trata de asuntos eróticos, naturalmente. Si los requeridos para dar cuenta de sus relaciones estaban simplemente donde no debían estar (o “en el sitio equivocado”, por decirlo en lenguaje peliculero), parece razonable que se resistan a proporcionar tales datos al encuestador. Más aún si el que investiga lo hace por teléfono, como mandan los cánones de prevención de la epidemia.
A todas esas dificultades se suma la cuestionable fiabilidad de los testimonios. Confiar en la sinceridad de los ciudadanos es siempre un riesgo, como bien saben las empresas de sondeos que a menudo fallan al predecir cuáles van a ser los resultados de unas elecciones. Sus errores, que no son tales, suelen atribuirlos al “voto oculto”, un dulce eufemismo con el que aluden al hábito de mentir que practican algunos ciudadanos cuando se les inquiere por algo tan personal como el voto a un partido.
Luego está, como en las encuestas, el capítulo de los que no saben o no contestan: igualmente numeroso en el caso de los rastreados por los inspectores que le siguen la pista al SAR-CoV-2. En algunos lugares, la negativa de los interpelados a revelar el nombre de los familiares, amigos y allegados con los que habían mantenido contacto alcanzó proporciones del 30 por ciento.
Estos enojosos problemas son fáciles de salvar en determinados regímenes de partido único, donde los comités de defensa de la revolución se ocupan de la vigilancia del vecindario, al modo de las viejas del visillo de toda la vida. Por fortuna y, en este caso, por desgracia, los sistemas democráticos no pueden recurrir a tales atajos y han de confiar en el espíritu cívico de la ciudadanía. Rastrear en España, ya se ve, es empeño ciclópeo, por grande que sea la fama de cotillas que nos adorna.
