Publicaba el otro día un periódico berlinés una información según la cual en torno a 3.500 viviendas de la capital alemana son propiedad del grupo financiero estadounidense especializado en inversiones inmobiliarias Blackstone, algo que, sin embargo, ignoran la mayoría de los inquilinos.
El fundador de Blackstone, Steven Schwarzman, a quien se le calcula una fortuna personal de 19.000 millones de dólares, presidió durante algún tiempo el foro estratégico y político que asesoró al presidente Donald Trump.
Blackstone administra inversiones por un total de 571.000 millones de dólares (482.000 millones de euros), cantidad que podemos comparar, a título de ilustración, con los 500.000 millones de euros del fondo propuesto por París y Berlín para ayudar a la UE a hacer frente a la crisis sanitaria y de la Covid-19.
En su página web, Blacksone explica que se dedica a todo tipo de inversiones alternativas por encargo de fondos de pensiones y altas instituciones, y promete en cualquier caso a los inversores una elevada rentabilidad.
Quiénes sean esos inversores es algo que no revela. Lo único cierto es que todos ellos se benefician efectivamente del alza de los alquileres que se registra desde hace ya tiempo en el mercado inmobiliario de Berlín y otras ciudades alemanas y que obliga a muchos a trasladarse a barrios cada vez más periféricos.
Para el economista Christoph Trauwetter, que estudió la situación inmobiliaria en Berlín por encargo de la fundación de izquierdas Rosa Luxemburgo, “tanto el mercado inmobiliario de la capital como el mercado financiero destacan por su opacidad. Y en el caso de Blackstone se da esa doble circunstancia”.
Cuantos ocupan las viviendas que se han revelado ahora propiedad de Blackstone sólo saben que se les han subido los alquileres regularmente, incluso antes de que ese grupo financiero comprase en 2018 el fondo inmobiliario al que pertenecían y que tiene su sede en el paraíso fiscal de Jersey, en el canal de La Mancha.
Trauwetter estudió diversos registros de la propiedad tanto en Alemania como en Luxemburgo y se encontró con una compleja estructura de sociedades luxemburguesas que conducen, por un lado, a una empresa de Blackstone en las islas Caimán - tercer puesto entre los paraísos fiscales del mundo, según la lista que elabora la Red para la Justicia Fiscal- y por otro, al Estado norteamericano de Delaware, conocido también por su trato fiscal favorable.
Según concluye el citado economista, esa estructura financiera permite a unas sociedades del grupo prestarles a otras de forma tal que prácticamente al final no tengan que pagar impuestos en Alemania por no arrojar allí beneficios en ese país. Se trata simplemente de trucos contables que conocemos desde las filtraciones que dieron lugar al escándalo conocido como LuxLeaks.
Blackstone no es, sin embargo, el único gran propietario de bienes inmuebles en Alemania, sino que está también la sociedad Deutsche Wohnen AG, que cotiza en la Bolsa de Frankfurt, dueña de 163.000 viviendas – de ellas 110.000 sólo en Berlín- además de 2.600 edificios industriales y numerosos centros de cuidados.
Hartos de la subida continua de sus alquileres con el menor pretexto, un grupo de berlineses lanzó hace algún tiempo una campaña de recogida de firmas a favor de la expropiación y el paso a manos públicas de las viviendas que hoy pertenecen a ese tipo de fondos privados. Para que pueda celebrarse el referéndum habrán de conseguir al menos 170.000 firmas.
Su intención es que, coincidiendo con las próximas elecciones federales alemanas de septiembre del próximo año, se vote esa iniciativa, que afectaría a un total de 240.000 viviendas sólo en Berlín y que estaría amparada por el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana, que establece que “el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden someterse a un régimen de propiedad colectiva u otra forma de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización”.
Ese artículo remite al inmediatamente anterior, según el cual “la expropiación está permitida sólo por razones de bien común y podrá llevarse a cabo exclusivamente por ley o en virtud de una ley que fije el modo y el monto de la indemnización”.
Los promotores de la iniciativa recuerdan al respecto al conocido jurista y politólogo alemán Wolfgang Abendroth, quien ya en los años cincuenta, poco después de la fundación de la RFA, argumentó que el Estado democrático debe completarse en el orden económico con la justicia social. Y esto significa, entre otras cosas, el derecho a una vivienda digna, que no sea objeto de salvaje especulación.
