Este desmadre no puede seguir así. Lo dice la opinión colectiva del alma social que puebla los municipios de Mogán, San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana. La inseguridad migratoria magrebí que se desenvuelve libre, peligrosa y violenta por las calles del sur de la Isla (y también en la capital grancanaria) no es deseable ni bienvenida. Se está convirtiendo en un fleje de partes policiales diarios a los que nuestras autoridades incompetentes, sí o sí, ya están tardando en prestarle la debida y merecida atención. Con mayor juicio y mucho más respeto, por favor.
El pasotismo improvisador con el que hasta ahora han afrontado el problema y su solución, con un uso permanente de la provisionalidad y el parcheo, con un uso abusivo y a destajo del ya agotado banco de socorro de la solidaridad institucional y cívica, ha sido una bomba que ha reventado en las calles. Era una situación esperada, temida y avisada, que los agentes del orden alertaron como muy delicada y embrionaria nada más ver la carga humanitaria inicial de las primeras barquillas que arribaron al muelle de Arguineguín. Muchos eran hombres jóvenes, fuertes, tatuados, de miradas curtidas en las heridas vitales y los lances callejeros, con las sombras del mal cicatrizadas sobre cicatrices viejas, con prendas de marca y en posesión de teléfonos móviles.
A pesar de aquellos avisos iniciales nada se hizo. Y a pesar de los hechos alarmantes y del escarmiento y depuración con dimisiones con el que debió responderse al paso del tiempo, nada se ha hecho. Aún hoy, manejando de primera mano la certeza empírica de los datos que contrastan el aumento de la inmigración irregular y también el índice de los delitos vinculados a ésta, el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, y Concepción Narváez Vega, la alcaldesa del principal municipio turístico canario, sostienen que la nueva delincuencia magrebí responde solo a hechos aislados y puntuales. Resulta penoso y desolador que a día de hoy estos dos pompones socialistas todavía se nieguen a reconocer que el albergue migratorio de transitoriedad en complejos turísticos, que caducaba el pasado diciembre, ha sido una gran metedura de pata, una de las mayores chapuzas políticas para enmarcar en la indolente altanería del PSOE. El escaso rigor y la temeridad en la praxis ministerial de Marlaska y de otros ministros de nuestro Gobierno en este crucial asunto son el polvo mayúsculo que nos ha dejado ahora estos lodos.
Aunque no lo reconozcan ni quieran verlo desde la oficialidad gobernante, y se diga que son bulos alimentados por las redes sociales, como defiende ahora el concejal de Seguridad y Policía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez Quintana, la sangría magrebí en el territorio nacional es, y de forma específica en el sur y sureste de Gran Canaria, un fenómeno real, cabreante y doliente, porque su comportamiento venal está zahiriendo y quebrantando a diario la cotidianidad de la masa social sobre la que gravitan los impuestos, atentando contra su sentimiento consciente de pertenencia a una cultura y un territorio singulares, a una forma de ser pacífica y amable. Ese ataque a los pilares del sentimiento que da sustento a la personalidad isleña, a la que enrevesada y sibilinamente se pretende adormilar bajo el estigma acusatorio de racismo, es tan indignante y doliente como los golpes mortales que el maldito coronavirus viene asestándole desde el último marzo a la vida y la economía turística y de servicios de este hermoso y gran país.
Por eso en Maspalomas se mira con lupa el falaz progresismo sobre la crisis migratoria y su variante navajera con el que ha decidido investirse y bautizarse el primer teniente de alcalde y concejal de Policía. Es un ejemplar de retoño político de NC que tiene como icono de la divinidad populista al presidente insular, y como discurso propio el mismo discurso de Antonio Morales para la Ecoisla, Chira-Soria y la isla cárcel, sin profundizar claro está, para no herir la susceptibilidad socialista, que el terruño alambrado lo es también para los canarios que deben cuidarse de los radicales emigrantes.
Aquél que escucha a Dios, que eso parece significar Samuel en hebreo, ya pudo profetizar y juzgar sobre este problemón mucho antes. Como concejal de Policía y Seguridad, que lo es desde el 28 de octubre pasado, y también como primer teniente de alcalde, que lo es desde mucho antes, Henríquez Quintana debió aleccionar a la alcaldesa, que es su compañera de pacto y reparto de distinciones y honores en el gobierno cuatripartito, que la seguridad del municipio y la maltrecha industria turística de Maspalomas no aguantarían el virulento sablazo de la ocupación callejera de marroquíes y argelinos, campando a su libre albedrío por parques, plazas, canchas deportivas, centros comerciales, playas y urbanizaciones a cualquier hora del día o de la noche.
PD.- Está claro ya que a las autoridades progresistas del Estado y del Sur de la Isla la embostada migratoria se les ha ido de las manos. Señor Henríquez, ¿desde cuándo es progresista la solución de incorporar más policías a un problema?, ¿es acoso la incorporación de policías la solución al problema de la migración delincuente, o sólo un remedo?; ¿cómo es posible que a un problema que llega por mar se le busque como solución una mayor dotación policial ya en tierra?, ¿hasta cuándo podrá mantener esa ecuación cualquier gobierno, se autodenominen o no progresistas?. Progresismo sería que las barcazas no cruzaran el dintel del océano, que los migrantes llegasen de forma reglamentaria, con la paz necesaria a sus espaldas, con sus familias deseosas de su vuelta, para que no quebraran la armonía y se respetara el equilibrio entre la vida y la muerte.
