La lucha contra la pandemia no marcha inmejorablemente. Ni siquiera marcha bien. Ni en Europa, ni en España, ni en Canarias, donde el Gobierno autónomo ha decretado las medidas más duras en Lanzarote y La Graciosa. Medidas apenas un par de pasos antes del confinamiento: todo cerrado a las seis de la tarde y, en la calle, solo se admitirá a dos personas caminando o tomando un café juntas (mientras Gran Canaria triplica la tasa de contagios de Tenerife, que vuelve a escalar ligeramente). La situación en la mayoría de las comunidades autónomas es penosa, como en Alemania, Francia o el Reino Unido. El coronavirus intenta mutar siempre, a veces lo consigue y aparecen nuevas cepas –ahora una en Brasil – mucho más contagiosas. Por el momento los virólogos afirman que las vacunas disponibles también son útiles para las cepas que han surgido en los últimos meses mientras se producen atascos en la distribución y los centros hospitalarios se acercan a una situación límite. Hemos aprendido a vivir con el apocalipsis, pero no gracias al valor razonable, sino al miedo contenido. Programas de chismes vaginales y de reposteros infantiles, partidos de fútbol, risas en las terrazas, niños yendo y viniendo del colegio, abuelos encastillados en casa y pudriéndose de tristeza. Han muerto oficialmente 55.000 personas –la mayoría solas como perros callejeros – aunque la cifra real puede acercarse a los 80.000. Tenemos ahora mismo más de 40.000 contagios y varios cientos de fallecidos diarios.
Leo admoniciones patronales, discursos políticos, exhortaciones sindicales, análisis científicos divulgativos, prognosis económicas y, francamente, ignoro cómo vamos a salir de esta. La única certeza, actualmente, es la incertidumbre. Nuestro apacible estanque se ha llenado de cisnes negros. Porque, por supuesto, hay un factor – político, económico, social – que nos arrastra hacia un punto ciego de esperanza, y es el tiempo. Hablando de Canarias, ignoramos, por ejemplo, lo que le tocará del Fondo de Recuperación de la UE que, por supuesto, no está sometido a ningún criterio de regionalización: los proyectos los propone el Gobierno español y los decide – y luego fiscaliza – la tecnocracia de Bruselas. Si se financian inversiones de proyectos en nuestra comunidad está por ver su impacto estructurante en la economía y su capacidad de crear empleo directo y satisfacer a proveedores locales. Y tal impacto no se produciría antes de un año o año y medio. Lo mismo ocurre con el turismo. La próxima campaña exitosa – si se atiene uno a un moderado optimismo – será la del próximo invierno, aunque el turismo peninsular –quizás – despegue antes. ¿Cuánto se tardará en recibir de nuevo anualmente a diez millones de turistas, por ejemplo? ¿Cuánto llevará a los empresarios a reorganizar y actualizar el sector sembrado de ruinas y arritmias en el que habrán desaparecido cientos de empresas y comercios que constituían la cadena de valor del turismo en Canarias? Como recordaba el profesor Rivero Ceballos en un artículo recientemente, Canarias ha superado todas las crisis económicas del último medio siglo, pero siempre pagando un elevado precio social y nunca antes de transcurrir cuatro años para regresar a la situación de partida.
Cuando uno escribe en estos términos siempre se le tilda de aguafiestas, de pesimista patológico, de taimado agente antigubernamental. Como si no se pudiera hacer nada. Claro que se puede hacer. Por ejemplo, no convertir a Canarias en la cerrada frontera sur de Europa y en un gigantesco campamento en el que concentrar a miles de personas permanentemente hacinadas. Pero es que lo han hecho, lesbolizándonos ante nuestras narices y en plena pandemia. ¿Son unos canallas? Lo son. ¿Pagarán algún precio político o electoral? No.
