Varios son los hechos que condicionaron en el pasado y están condicionando ahora y en el futuro la implantación de las energías renovables en Canarias entre los que destacan tres: La inexistencia de un plan energético integral y sostenible adaptado a las condiciones de las Islas Canarias y que considere las energías renovables la base del sistema eléctrico y las térmicas como apoyo; la no consideración de los trabajos de optimización del sistema eléctrico asociados a la producción de agua y la movilidad realizados al respecto en cuatro islas; los criterios poco racionales para admitir y conceder licencias de explotación de las energías renovables como resultado de los dos hechos anteriores.
De tales hechos se han derivado varias consecuencias, unas generales y otras particulares. Entre las consecuencias generales cabe destacar: La primera es la pervivencia de un sistema energético obsoleto e insostenible en todas las islas y que además pretende perpetuarse. La segunda es la consideración de Canarias, por empresas y capitales foráneos, como un territorio de caza para especular con las energías renovables de alto potencial dadas las grandes posibilidades en el futuro en toda la región. La tercera es la exclusión de las pequeñas y medianas empresas de la región, e incluso de posibles agrupaciones de pequeños inversores con todo lo que ello supone de pérdida de beneficiosos empresariales y sociales que estas energías deben suponer para Canarias. La cuarta es la posibilidad de perder parte del control de nuestro propio desarrollo sostenible y los beneficios del mismo en la medida que estas grandes empresas foráneas también pueden controlar la aplicación de estas energías renovables a la producción de agua potable a partir de agua de mar y a la movilidad terrestre y marina.
Entre las consecuencias particulares puede señalarse en primer lugar las solicitudes indiscriminadas de licencias para implantar energías renovables, tanto eólica como solar, con el único fin de acaparar y negociar con las mismas. No puede ser de otro modo si se tiene en cuenta que las licencias solicitadas sobrepasan, muchas veces, la potencia máxima que puede ser instalada en la isla de la solicitud. En segundo lugar el acaparamiento de suelos en cualquier punto de los territorios insulares, asociado a tales solicitudes de licencia. En tercer lugar la pérdida de derechos “del que llega después” aunque disponga de iguales o mejores recursos energéticos e incluso de mayores facilidades y menores impactos para la explotación de estas energías. En cuanto lugar los elevados impactos medioambientales, tanto visuales como sobre el territorio derivado de los viales de acceso, líneas de evacuación, etc., que están originando el repudio de muchos ciudadanos a la implantación de las energías renovables.
Esta situación, claramente insostenible, puede detenerse, e incluso revertirse, mediante dos medidas principales: una relacionada con la ordenación del territorio y otra con la propia planificación energética.
La medida relacionada con la planificación del territorio consistiría en la definición en cada isla una o varias Plataformas Energéticas de Energías Renovables compuestas de los espacios e infraestructuras eléctricas, viales, etc., que a lo largo del tiempo puedan ir demandando la explotación de estas energías. La composición pormenorizada de estas plataformas puede beneficiarse de los varios proyectos que al respecto se confeccionaron en la antigua Escuela de Ingenieros Industriales para las islas de Gran canaria y Tenerife. Con tales plataformas se evita el acaparamiento de suelos y la dispersión en el territorio de las energías renovables con los efectos adversos comentados anteriormente, se aprovecha al máximo los territorios de mayor potencial desde el punto de vista energético (la colocación desordenada de energías renovables en un territorio dado puede suponer un aprovechamiento de la mitad del recurso que si se hace de forma ordenada), se abarata la implantación de estas energías, se facilita el acceso a estas energías de pequeñas empresas e inversionistas locales, etc. Si estas plataformas se construyen con recursos públicos, como sería lo lógico y deseable, los Ayuntamientos y Cabildos tendrían acceso a una parte de los beneficios de la explotación de estas energías con lo cual podrían expandir los mismos a gran parte de la población y especialmente a los más necesitados.
La medida relacionada con la planificación para revertir la situación actual presenta dos niveles institucionales: los Cabildos Insulares que tienen en sus manos la planificación del territorio y el Gobierno regional que tiene en sus manos la planificación energética. En lo que respecta a los Cabildos estos debería acometer de inmediato la localización, proyectos y ejecución de estas plataformas de energías renovables y paralizar las nuevas licencias hasta tanto no estén disponibles estas plataformas. En cuanto al Gobierno de Canarias este debería confeccionar un nuevo Plan Energético Integral y Holístico (enmarcado en un Plan de Desarrollo Sostenible por lo que no debe solo contemplar los aspectos energéticos sino también los relacionados con el agua, con la agricultura y ganadería, con la industria, con las telecomunicaciones, con la formación, con la I+D, con el turismo, con el apoyo social, con la seguridad, con la protección de la naturaleza, con la legislación, etc.). Tal plan, que debe estar en consonancia con el Plan de Transición Energética que se encuentra en fase de desarrollo, podría considerar la reversión de la dispersión de los actuales parques eólicos no solo al término de la concesiones actuales sino también antes de su finalización con los oportunos incentivos. Todo ello constituiría un pilar fundamental del necesario desarrollo sostenible de Canarias.
