Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Alfonso González Jerez

Nuevo confinamiento

Los nervios crecen. La pandemia entra en una nueva etapa de ferocidad en España y en toda Europa. Se extiende la cepa británica, más contagiosa y muy probablemente más letal, por todo el continente: en Canarias ya está infectando. Los hospitales culebrean al borde del colapso. La campaña de vacunación está detenida de facto gracias a las miserables triquiñuelas de la compañía AstraZaneca. Y por supuesto la situación económica se sigue agravando y las previsiones para este año empeoran según todos los agentes y observadores.

Si algo debería estar claro es que el supuesto modelo de cogobernanza de la situación sanitaria –asentado en una declaración de estado de alarma de muy discutible constitucionalidad -- ha fracasado rotundamente. Esto es una emergencia nacional y el sentido común más obvio, la experiencia en gestión de crisis sistémicas más repetida, indica que la dirección y gestión de la situación debe centralizarse, no desperdigarse en multitud de focos e instancias de decisión. Esto se ha salido de madre, de padre y de abuelo: las mismas autoridades catalanas que han decidido confinar municipios anuncian ayer que podrán suspenderse la prohibición para asistir a los mítines de la inminente campaña electoral. Es grotesco, es intolerable, es una temeridad criminaloide.

A riesgo de un chaparrón de acusaciones de cuñadismo coincido modestamente con aquellos que apoyan un nuevo confinamiento estricto, pero más corto: entre quince y veinte días. De hecho, una de las más graves acusaciones que se le deben hacer al Gobierno central es no haber tomado un conjunto de medidas (legales, normativas, administrativas) para disminuir el impacto de otro confinamiento si fuera ineludible. Ayer, una diputada de Nueva Canarias casi se desgañitó en su escaño llamando ignorantes, estúpidos y maliciosos a todos aquellos que han solicitado ayudas directas al turismo, a la hostelería y al comercio, especialmente bares y restaurantes. Según esta señora el Gobierno ha dado un montón de ayudas el año pasado y va a dar más ayudas en este y a ver si se callan. Dejemos de lado el comprobable hecho de que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres es el mejor tratado por la prensa isleña en la historia autonómica, la diputada debería mostrar más respeto por las opiniones ajenas y, en todo caso, puede verificar sus asertos: salga de la Cámara su ilustre señoría y pregunte a una docena de restaurantes y bares de los alrededores cuántas ayudas han recibido del Ejecutivo regional. Baje de la peana y pregunte. Pasará un (merecido) mal rato escuchando las respuestas.

Se ha dispuesto de más seis meses para negociar y emprender las modificaciones legales y procedimentales –en las Cortes y en colaboración con las comunidades autónomas a través, si se quiere, de nuevas figuras administrativas-- que permitirían ayudas pecuniarias más rápidas y eficaces para el turismo y la hostelería. En resumen, para poner en marcha un confinamiento estricto y breve auxiliando a bares, gimnasios, restaurantes y tiendas con dinero público que llegue velozmente a sus propietarios. Porque en pocas semanas, salvo milagro epidemiológico, la situación llegará a ser incontrolable. Y ese es el contexto en el que aterriza Carolina Darias como nueva ministra de Sanidad, sustituyendo, en una operación bastante avergonzante, a Salvador Illa, candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSC. Darias está acostumbrada a que los problemas se solucionan como un expediente administrativo fiable, es decir lenta, clara y pulcramente. Va a tener que cambiar de actitud. Llega a un despacho desde el cual se toman decisiones que pueden salvar vidas. O lo contrario. No le aguarda un lugar glamuroso o un pupitre para opositores. Es el vertiginoso infierno de elegir mientras mueren cientos de personas a diarios y miles enferman y no saben lo que les espera.

Compartir el artículo

stats