La publicación a comienzos de mes del libro La familia grande, donde Camille Kouchner, hija del exministro Bernard Kouchner, revela los abusos que sufrió su hermano gemelo cuando era un adolescente por parte de su padrastro, el reconocido politólogo Olivier Duhamel, ha abierto en Francia una compuerta muy difícil de volver a cerrarse. El nuevo movimiento colectivo de denuncia #MeTooInceste se alza como una señal de que este tabú parece haberse roto y, mientras la palabra se libera, el país debate cómo hacer frente a un flagelo que, según una encuesta reciente, ha sufrido uno de cada diez habitantes del país vecino en su infancia o adolescencia.
Y es que desde el principio de los tiempos el abuso sexual constituye uno de los dramas más profundos que afecta a todas las culturas y civilizaciones. Aunque no existe un perfil único de víctima, los expertos coinciden en que los abusadores las suelen buscar entre los seres más vulnerables, indefensos y desprotegidos. Por ello, los niños encabezan el grupo de riesgo más elevado y las consecuencias físicas y psicológicas que les acarrea son funestas. Estas prácticas repugnantes se producen en los más diversos ámbitos, incluido el doméstico, y no conviene caer en el error de pensar que son las familias desestructuradas o de bajo nivel económico las más proclives a estas prácticas. La triste realidad es que tienen lugar de forma transversal en cada una de las clases sociales. Además, al llevarse a cabo en un entorno supuestamente afectivo, los niños dependen todavía más de esos adultos llamados a protegerles y de los que no pueden escapar. Por desgracia, a la agravante sentimental se añade la circunstancia de que la comisión de los hechos suele ser más frecuente e impune.
En consecuencia, tanto el Estado como los propios ciudadanos estamos llamados a tomar medidas para superar esta lacra que nos denigra como especie. En este sentido, una de las finalidades del Registro Central de Delincuentes Sexuales es precisamente facilitar la prevención de este tipo de delincuencia cuando las víctimas sean menores de edad. El fin último no es otro que establecer un sistema eficaz para impedir que los autores de delitos sexuales tengan acceso o ejerzan profesiones, oficios u actividades que impliquen contactos habituales con niñas y niños. En el citado Registro se incluyen los datos de los condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad sexual y por trata de seres humanos con fines de explotación sexual (incluida la pornografía). Se incorpora asimismo el código genético (ADN), siempre que se establezca por resolución judicial, para posibilitar su seguimiento y control dentro y fuera de nuestras fronteras, a través de mecanismos de cooperación con autoridades policiales y judiciales de otros países, particularmente del entorno de la Unión Europea.
La información sobre los inscritos no es pública, accediendo a ella tan sólo jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal y Policía Judicial y quedando siempre constancia de la gestión realizada. Además, dichos certificados pueden extenderse sin consentimiento de los interesados, siempre que exista una petición expresa de las entidades públicas de protección de menores para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, y de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación. Los propios interesados pueden igualmente solicitar la certificación, así como aquellos órganos de la Administración que lo precisen preceptivamente para un trámite, previo consentimiento de la persona afectada. En cualquier caso, se garantiza la gratuidad de la expedición del documento.
En la actualidad existen decenas de miles de condenados por agresión, abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores afectados por este Registro Central de Delincuentes Sexuales. Por este motivo, quienes pretendan trabajar con pequeños deberán acreditar esa ausencia registral, desde trabajadores de guardería a Boy Scouts, o desde catequistas a entrenadores deportivos, sin olvidar a los profesionales de la docencia. Confío en que, a través de medidas educativas, políticas y judiciales, este escenario tan demoledor mejore para que tantas y tantas infancias no continúen siendo objeto de violación.
