El Gobierno de España prevé recibir en junio o julio de este año el primer anticipo de los 10.000 millones que llegarían a España del programa de reactivación europea por la Covid-19, denominado React-EU (2021-22).
Una de las claves es el diseño de los proyectos, que se deben alinear con los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y del plan nacional. Los fondos deben estar comprometidos entre 2022 y 2024.
Europa, sabedora de las dificultades burocráticas de sus estados miembros, plantea estrategias y alternativas de huida de la contratación pública, mediante los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), en forma de subvenciones que persiguen agilizar la recepción de los fondos. Así, los proyectos seguirían dos vías: las subvenciones y la contratación pública.
Canarias espera recibir 630 millones destinados a financiar el impacto de la paralización de nuestra economía proveniente del turismo, el problema estructural de los índices de pobreza, que ya eran elevados antes del Covid -19 en nuestra región, y las consecuencias en ámbitos como la educación, la sanidad y los servicios sociales debido a la pandemia. Asimismo, se prevé impulsar un cambio de modelo productivo para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, así como fomentar la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad.
La propuesta de reparto ha considerado el impacto de la pandemia en la riqueza de Canarias. En el desempleo en general (ahora con 25% de paro, uno de cada cuatro canarios está en desempleo) y, en concreto, en el desempleo juvenil (ahora un 62% de paro en Canarias).
Otra clave para luchar contra el panorama desolador que sufre Canarias pasa por agilizar la contratación con el dinero que viene de Europa. Las administraciones podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de funcionarios interinos o personal laboral con contratos de duración determinada. No obstante, deberían estar preparadas ya que, en general, adolecen de la necesaria formación y planificación de la contratación. Este hecho ocasiona desviaciones o ineficiencias importantes, como la realización de compras inconsistentes o descoordinadas o innecesarias, de baja calidad o elevado coste, uso injustificado de procedimientos de adjudicación no competitivos, respuestas inadecuadas por parte del sector privado, incumplimiento de los objetivos estratégicos de reactivación socio económica, variaciones presupuestarias, pérdidas de oportunidades y descontrol, etc. En definitiva: Failing to plan is planning to fail (Benjamin Franklin).
La planificación para canalizar estos fondos es tan necesaria como básica en la gestión eficiente de los recursos públicos, más aún en la crisis sanitaria y social que vivimos, donde ahora se reparte o reordena la pobreza (con recursos escasos), y no la riqueza.
Planificar, evitando los conflictos derivados de la acción-reacción, resulta clave para la comunicación interna y la colaboración entre administraciones, sirviendo de guía a los responsables públicos. La comunicación externa se dirige e informa a la sociedad en general, a los ciudadanos de las expectativas económicas y sociales, con especial atención a la medianas y pequeñas empresas (pymes).
Pero la mejor contratación pública no parte solo del cumplimiento de la Ley, sino que está en manos de las personas que tienen la responsabilidad de dirigir las organizaciones y gestionar a personas, tecnologías y recursos más complejos. Es decir, procesos de trabajo que deben cumplir el procedimiento legalmente establecido.
Para empezar, hay que mejorar la situación de las áreas de contratación de las administraciones públicas, desarrollando políticas insulares/municipales de formación, actualización y profesionalización del personal que participa en los procesos de contratación. A continuación, proponer respuestas a las demandas sociales y medioambientales para desarrollar una planificación de la contratación coordinada, estratégica e integradora.
Las políticas públicas están obligadas a considerar la contratación socialmente responsable, englobando diversos objetivos específicos de política social, el diseño y accesibilidad universal de personas con discapacidad, la estabilidad y calidad en el empleo, la mejora de la seguridad y salud laboral, la promoción de la igualdad, la responsabilidad social de las empresas, las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, y criterios de comercio justo y compra pública ética. Además, los aspectos sociales pueden combinarse con los aspectos ecológicos en un enfoque integrado hacia la sostenibilidad de las contrataciones.
La Estrategia Nacional de Contratación Pública establece los siguientes objetivos: a) Combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública; b) Incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación; c) Promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, estimulando la agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios de adjudicación; d) Generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento; e) Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación; y f) Promover la participación de las pyme en el mercado de la contratación pública.
Serán más necesarias las intervenciones pública-privadas dirigidas a la planificación de la contratación estratégica que supongan una mejora del bienestar de los colectivos más vulnerables, que irán creciendo en la situación actual de pandemia. Para ello, es muy importante la cooperación, mediante la contratación reservada de proyectos de empleo, salud, educación, mayores, personas con discapacidad, exclusión social y otra población vulnerable que más padece la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia, con resultados de cada más pobreza y desigualdad social.
Para finalizar, es oportuno citar el decálogo de integridad de la contratación pública (Femp-2018), con el que las administraciones públicas deberían planificar la gestión de su contratación pública para que sea:
1- Abierta: “a la participación de la sociedad, ciudadanos, usuarios, licitadores y demás agentes sociales”.
2- Competitiva: “cuántos más licitadores mejor”.
3- Cooperativa: “con otras administraciones públicas y privadas” .
4- Eficiente: “adecuación económica de decisiones, mejor relación calidad-precio”.
5- Electrónica y tecnológica: “adiós al papel”
6- Estratégica: “la contratación debe ser socialmente responsable”.
7- Íntegra: “imparcial, objetiva y, sin conflictos de intereses”.
8- Profesional: “gestores públicos formados y especializados”.
9- Sencilla y normalizada: “evitar cargas innecesarias, no exigir más de lo necesario”.
10- Transparente: “siempre claros, nada que esconder”.
¡Atención! La Comisión Europea podrá suspender los desembolsos en cualquier momento si se evidencian irregularidades graves (es decir, fraude, corrupción, conflicto de intereses…).
