Cuando Canarias se encuentra en vísperas del Carnaval el Gobierno de España cuantifica un acumulado de casi 65.000 fallecidos por covid en el país, con un número de casos diagnosticados de más de tres millones de personas. Cierto es que desde marzo del pasado año, momento en el que se declaró el estado de alarma, el incesante goteo de cifras ha ido difuminando en las conciencias el volumen de la tragedia, pero son números que hablan de una descomunal catástrofe en vidas humanas.
El terremoto de Tohoku de marzo de 2011, el cuarto más potente del mundo de los últimos 500 años y el peor al que se ha enfrentado Japón en su historia, al que le sucedió un tsunami y la posterior crisis en la central nuclear de Fukushima, está considerado como uno de los mayores desastres naturales de este siglo y se cobró la vida de 15.983 personas, a las que hay que sumar 2.556 desaparecidos. Esto implica apenas poco más de una cuarta parte de las víctimas que han sufrido los españoles y sus respectivas familias en menos de un año.
El mundo vive, por tanto, un cataclismo sordo, un proceso de destrucción exponencial silencioso que mantiene intactas las infraestructuras pero que a su paso va dejando un reguero de muerte de proporciones intolerables para la ética de una sociedad moderna y civilizada.
Las medidas aconsejadas por los expertos y científicos, que luego son matizadas, filtradas y posteriormente aplicadas por el poder político con diferentes criterios en según qué zonas y momentos de la crisis, han provocado el efecto colateral del brusco frenazo económico, con el consiguiente agravamiento de la situación social con la pérdidas de empleo, las quiebras de empresas y el aumento de la bolsa de pobreza a pesar de los esfuerzos de los gobiernos nacionales y la Unión Europea por limitar los daños.
En Canarias durante estos últimos meses se ha sorteado la pandemia con una menor incidencia que en el territorio nacional, entre otros factores por su condición de insularidad, que confina de manera natural a la población en un territorio acotado, reducido y por tanto más controlable, pero también por la implementación de unas medidas preventivas quizá más estrictas que en otras comunidades autónomas, lo que tampoco ha evitado plasmar una dramática estadística superior a los 550 fallecidos.
El ser humano es gregario. Lo demuestra la cadena casi continua de fechas destacadas que desde el origen de los tiempos son el hilo conductor para reunirse y festejar. El calendario es una continua llamada a la celebración que comienza con la Navidad, sigue con el Carnaval, Semana Santa, y las interminables fiestas de verano que casi enlazan de nuevo con el siguiente año, y lo que en condiciones normales es un síntoma de salud colectiva, en tiempos como los que corren se convierten en un trampolín para la expansión de la enfermedad. Hoy, el calendario nos pone a prueba con tentaciones en las que no deberíamos caer.
A la llamada del salvar la Navidad llegó una tercera ola de la que en Gran Canaria apenas se está empezando a salir, pero que sigue golpeando con fuerza en Lanzarote. Cabe señalar que Tenerife, donde en diciembre vivieron las medidas más restrictivas del Archipiélago, hoy se encuentra en la mejor fase de las cuatro establecidas por el Gobierno de Canarias. Se trata de una relación efecto causa que habla por sí misma.
Cuando en 1976 aquellas celebraciones casi particulares que, camufladas bajo el nombre de fiestas de invierno, se atrevieron a salir a la calle en los estertores de la dictadura, se comenzó a configurar una cita que por su propia naturaleza es multitudinaria. Así como las Navidades, salvo excepciones como Fin de Año o la víspera de Reyes, tienden más a un cierto recogimiento familiar, el Carnaval es una invitación sin matices a la aglomeración, como muestra el nombre de una de sus propuestas de más éxito: el mogollón.
A ellos se suman el carnaval de día en Vegueta, en el que se hace difícil transitar por sus calles; la propia cabalgata, de afluencia masiva; o los concursos de murgas y comparsas. No hay cita en su calendario festivo que no pase por grandes grupos humanos hasta que se entierra la sardina.
Esta potencia popular se traduce en economía. A grandes trazos en Canarias mueve en torno a los 60 millones de euros e implica a casi la totalidad de los sectores productivos. Desde la agricultura y la ganadería a los medios audiovisuales, pasando por el turismo, con hoteles al cien por cien de su capacidad, restaurantes, bares, comercios especializados, agentes culturales o medios de transporte, por tierra, mar y aire.
Su cancelación es sin duda otro duro revés a una economía muy dependiente del sector servicios que debe convivir con una cierta actividad para evitar la ruina, tras el fiasco del confinamiento total, incapaz como fue de detener la pandemia a pesar del radical cierre de los negocios.
Y es justo ese delicado equilibrio el que debe respetarse con todo el rigor durante estos días porque si se atiene a la experiencia adquirida durante todo este proceso, Canarias podría alcanzar un pico de cuarta ola sobre abril y mayo, quizá cuando las puertas del turismo comiencen a entreabrirse a remolque de las vacunaciones si es que queremos disfrutar en 2022 del mejor Carnaval de la historia.
Para esta primavera y principios de verano la Comunidad Autónoma tiene el inexorable deber de lucir las mejores estadísticas de España y Europa. Para el mercado continental no existirán muchas más alternativas en todo el mundo en los siguientes meses y años de postcovid donde disfrutar de un turismo de calidad en unas infraestructuras de primer nivel y con un moderno sistema sanitario, pero la única forma de conseguir cuanto antes la llegada de esos millones de visitantes es la de enarbolar desde el minuto uno la bandera de destino seguro, ofreciendo la garantía de que aquí se encontrarán el mejor clima del planeta aderezado de sus abrumadores paisajes, pero nunca un foco de contagio. El Carnaval es transgresión, sí, pero poner en riesgo el futuro colectivo de todos los canarios es trastocarlo en agresión.
