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Laura Méndez

Observatorio

Laura Méndez

¿Hay analistas de inteligencia en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España? 

El 14 de enero de 2020, justo dos meses antes de que la Covid-19 fuese declarada pandemia por la OMS y golpease con especial virulencia a España, una nota de prensa de Moncloa comunicaba la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia a Largo Plazo del Gobierno. La noticia, acogida en un primer momento con optimismo entre una Comunidad de Inteligencia ampliada en el país, -tal y como recogían algunas declaraciones públicas de profesionales, análisis en think tanks e informaciones contenidas en medios de comunicación-, parece haber pasado sin embargo a una posición de irrelevancia ante la ausencia de difusión de sus trabajos y de transparencia en torno a sus recursos presupuestarios, personal y funcionamiento.

La idea de articular una Oficina de prospectiva sustentada en una idea de transversalidad, -más allá de lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha ido avanzando en el ámbito de sus competencias-, podría valorarse positivamente al menos sobre el papel, una decisión oportuna en tanto que entre nuestros dirigentes suele producirse de forma recurrente ese déficit de pensamiento a largo plazo a favor del tacticismo. De hecho, esta ha ido ganando una popularidad creciente, existiendo otros países como Reino Unido, Canadá y Finlandia que ya han puesto en práctica estructuras similares conocidas también como foresight units que cuentan sus propias plataformas web, comparten una parte del resultado de su trabajo y organizan incluso foros, adquiriendo también el rol de hub de formación.

Frente a esta realidad, en el caso de España existe el riesgo de que aflore el escepticismo, ya que la falta de detalles imposibilita saber si se está trabajando, cómo se está trabajando y si los recursos destinados son los adecuados conforme a los objetivos que la nota de prensa de Moncloa establecía. Además, teniendo en cuenta que en nuestro país ya se han intentado iniciativas similares sin demasiado recorrido como el Instituto Nacional de Prospectiva en la época de Adolfo Suárez experimentándose limitaciones, un proyecto ambicioso como este requiere de una especial altura de miras y sentido de Estado, con formación específica en la materia para que este no termine siendo algo figurativo.

Pero, ¿qué significa aquí la prospectiva? Alejándose de la adivinación y las profecías, la OCDE define este término como ‘’el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos o sociales’’. La acción prospectiva estratégica que desarrollaría esta Oficina, por tanto, estaría orientada a la identificación de tendencias emergentes y anticipación de futuribles (escenarios futuros posibles) tratando de asignarles a estos una probabilidad y grado de deseabilidad adecuados.

El objetivo, en cualquier caso, sería reducir el nivel de incertidumbre natural asociado a la toma de decisiones, algo especialmente importante en un mundo cada vez más complejo para afrontar restos tanto domésticos como geopolíticos. En este contexto, la inteligencia desempeñaría un papel fundamental, en tanto que la prospectiva precisa del conocimiento que provee la actividad de inteligencia mediante el trabajo de analistas y prospectivistas debidamente cualificados, en este caso desarrollando metodologías específicas.

El pensamiento analítico, la creatividad y la habilidad para resolver problemas en entornos complejos son atributos definitorios del analista acreditado, algo que debe ponerse en valor frente al intrusismo laboral en este campo, sin perjuicio de que sea necesario que los equipos de trabajo en su conjunto sean multidisciplinares. En este sentido, -teniendo en cuenta que la Oficina se trata de un órgano consultivo que debe ser eficiente para justificar su razón de ser-, disponer de verdaderos profesionales formados en inteligencia supondría, en consecuencia, la diferencia entre estar hablando de un recurso estético meramente accesorio vinculado a una estrategia de comunicación, o de la profundidad metodológica que posibilita llevar a cabo verdaderas políticas transformadoras.

A todo esto, parece lógico que una iniciativa de esta naturaleza recaiga en el Ejecutivo. No obstante, la intermediación delegada habría terminado por imponerse frente a la opción más conveniente, la dependencia directa del Presidente del Gobierno, fórmula que funciona en la mayoría de países que han desarrollado agencias o unidades de prospectiva en el Gobierno. En todo caso, la responsabilidad de articular, supervisar o dirigir esta Oficina exige unos conocimientos en la materia que nada tienen que ver con los requeridos para el Gabinete de Presidencia, por lo que sería razonable que se produjese una desvinculación efectiva entre la Oficina y quien es responsable de la propaganda gubernamental. Esta desconexión con la inteligencia también se hace evidente en declaraciones del propio Director, con un excelente trayectoria académica en su ámbito de estudio, pero calificando por otra parte la pandemia de la Covid-19 como un cisne negro (evento sorpresivo que no se podía predecir) algo que el propio artífice del concepto, Nicholas Talebb, habría rechazado.

Con esto, la Oficina en cuestión tampoco estaría contemplando el mandato interministerial que se hubiera esperado, ya que el propio diseño institucional escogido habría hecho de esta una entidad aislada, inaccesible y opaca. Se estaría desaprovechado así una oportunidad valiosa de cara a ejecutar y coordinar ejercicios de prospectiva, integrando aquellas capacidades de análisis que se encuentran dispersas entre otras entidades dentro del Gobierno. Estas serían principalmente, la Oficina de Análisis y Previsión de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, el Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia, la Subdirección General de Estudios, Información y Publicaciones de la Subsecretaría de Economía y Competitividad, la Subdirección General de Informes y Estudios Internacionales de la Subsecretaria de la Presidencia y el Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa.

Según la información proporcionada por quien ha sido nombrado como Director de la Oficina en algunos medios de comunicación, esta estaría integrada por una decena de personas con una edad media de 32 años, sin que se haya considerado necesario hacer público dicha composición, sin haberse proporcionado siquiera información sobre el perfil profesional y curricular de estas personas además del que corresponde al Director, que sí figura en la web de transparencia del Gobierno. Resulta llamativo, no obstante, que la única información que haya decidido actualizarse en dicha web desde la creación de la Oficina haya sido precisamente esa, una carta de presentación personal, pero no la relativa a presupuestos y sueldos. Mientras, pudiendo pensar que la discreción de ocultar al equipo respondería a cuestiones de Seguridad Nacional, es posible encontrar referencias en redes sociales de perfiles que trabajarían o habrían trabajado allí durante un año, por lo que esta no se sostendría como justificación.

Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué no se está dotando de visibilidad a las capacidades analíticas de prospectiva que supuestamente se están desarrollando en la Oficina desde hace ya un año? Se esperaba que en el mes de octubre se difundiese el informe España 2050 en cuya elaboración vendrían participando desinteresadamente desde hace un tiempo en torno a centenar de expertos de los que algunos nombres se habrían hecho públicos, en su mayoría economistas de distinto signo. Sin embargo, y mientras el Informe de prospectiva estratégica de la Comisión Europea sí ha podido publicarse en el último trimestre de 2020, el informe de la Oficina aún no habría visto la luz todavía a febrero de 2021.

Desde la Dirección se habría asegurado en el mes de julio que el equipo ya habrá realizado su primer informe, un estudio comparado para uso interno de Moncloa en torno al plan de desescalada y los distintos escenarios que podrían surgir. Considerando que la difusión interna responde a la normalidad, -ya que las circunstancias pueden requerirlo por razones de seguridad y confidencialidad-, que no se produzca difusión externa sí constituye una anomalía. En este sentido, la Oficina no proporcionado tras un año de su creación información en fuentes abiertas tal y como hace el Departamento de Seguridad Nacional, y a diferencia de este, no contaría con una web ni redes sociales.

La divulgación de ideas, -definir claramente las prioridades de la acción exterior del Estado haciéndolas accesibles para la sociedad civil-, promovería de hecho esa cultura de pensamiento estratégico que hace falta construir y consolidar en España, fomentando también el debate también entre el sector público y el mundo corporativo, teniendo en cuenta que la Oficina precisará de un capital humano diverso y colaboraciones de profesionales externos además de su equipo propio.

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