Desde que en el Sáhara Occidental se materializaran las tensiones en la forma de una escalada de la violencia entre el Frente Polisario y el ejército marroquí en octubre del pasado año, saltaron todas las alarmas ante la posibilidad de un conflicto bélico. Tras días de manifestaciones en la ciudad de El Guerguerat, a 11 kilómetros de la frontera con Mauritania, que impedían el paso de vehículos hacia el país vecino, el ejército marroquí intervino en la zona para disipar las protestas y restablecer el tráfico. Así, según estableció el Frente Polisario, Marruecos violaba el alto el fuego acordado en 1991 al calor de un Plan de Arreglo auspiciado por la ONU, que a su vez sentaba las bases para la celebración de un referéndum.
En esta carretera, una importante ruta de paso para el comercio entre Marruecos y el resto del África subsahariana y que se encuentra en una zona desmilitarizada, Marruecos desplegó al ejército llegando presuntamente a sobrepasar el muro que separa los territorios ocupados por éste y los territorios liberados. Además, si bien el país magrebí no ha confirmado este hecho, fuentes apuntan que el Ejército Popular de Liberación Saharaui respondió, y aún continúa, con el bombardeo y el ataque contra diversos puestos de control marroquíes a lo largo del muro.
Esto tuvo lugar en un contexto de creciente frustración del pueblo saharaui frente a la persistente inacción de instituciones multilaterales, en los días posteriores a la extensión del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), prorrogada hasta el 31 de octubre de 2021. El pueblo saharaui insta a la realización de dicho referéndum, pero los intereses geopolíticos que existen en el Sáhara Occidental, como son la pesca o los fosfatos, unido al rearme del reino alauí en los últimos años y a sus ambiciones expansionistas, indican la reticencia de Marruecos a la celebración del referéndum y a la descolonización del territorio. Cuarenta y cinco años después de la Marcha Verde y del Acuerdo Tripartito, de dudosa legalidad, firmado entre Marruecos, España y Mauritania, alcanzar un acuerdo que beneficie a Marruecos y al Frente Polisario – únicas partes involucradas en el conflicto desde la retirada de España y Mauritania – sigue siendo una utopía. Además, a juzgar por la reciente oleada de apoyos internacionales a Marruecos, este escenario se torna imposible.
Si bien tras los sucesos de octubre del pasado año el Estado español en conjunto no mostró un apoyo directo a ninguna de las partes, sí exhortó a la deposición de las armas y a la reanudación de las negociaciones. No cabe duda de que las consecuencias de un conflicto bélico entre Marruecos y el Frente Polisario serían nefastas para nuestro país. En el caso de Canarias, que se realzó como un destino turístico durante las Primaveras Árabes, y que ha visto tremendamente afectado su principal generador del PIB, el turismo, por la pandemia de la Covid-19, podría verse nuevamente perjudicado por un conflicto a escasos kilómetros de distancia.
Por otra parte, ha tenido lugar un repunte desde agosto de 2019 de la inmigración irregular africana hacia Canarias, con más de 20.000 personas llegadas a las costas a lo largo del pasado año, que ha colapsado el previo sistema de redes de acogida y ha supuesto un reto a nivel político y social. Teniendo en cuenta tanto la existencia de puntos de salida de la inmigración irregular en el Sáhara Occidental como los lazos históricos de las Islas Canarias con el pueblo saharaui, es probable que, si aumentara la represión por parte de las fuerzas marroquíes contra la población en los territorios ocupados, se intensificaría el flujo migratorio hacia el archipiélago.
No obstante, lo cierto es que el escenario de guerra reconocida abiertamente por Marruecos no parece factible ya que este ha evitado la declaración de guerra recurriendo a la vía diplomática y a una política aperturista para lograr su reconocimiento por otros Estados y asegurar su legitimidad sobre el Sáhara Occidental. De esta forma, ha conseguido el apoyo de otros países como Estados Unidos, Bahréin, Jordania y algunos países africanos, por medio de la apertura de consulados en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y Dajla, reconociendo así la marroquinidad del territorio. Además, el refuerzo de las relaciones entre Washington y Rabat – precedido por la firma de un acuerdo de cooperación militar hasta 2030 – también ha tenido lugar a través de la oficialización de relaciones entre Marruecos e Israel al tiempo que Trump reconocía la soberanía marroquí.
La escalada del conflicto parece improbable, pero teniendo en cuenta las acciones tomadas por Estados Unidos, España –para muchos moralmente exenta de omitir su responsabilidad para con el pueblo saharaui– podría verse presionada a tomar posición y, eventualmente, a declarar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Aquí ciertos intereses españoles estarían en riesgo teniendo en cuenta que Argelia, tradicional apoyo del Frente Polisario, es el principal proveedor de gas a España, y que Marruecos es un país clave en la contención del terrorismo yihadista y la inmigración irregular, siendo España uno de los principales socios comerciales de ambos países. Ante la disyuntiva entre moral e interés nacional, es tal el mutismo y temor del gobierno español por preservar las buenas relaciones con su homólogo marroquí que nunca ha llegado a reconocer la existencia de la República Árabe Democrática Saharaui. Tampoco ha tomado España un rol de mediador en el conflicto, dejando todo el peso en la Minurso, cuyo papel se ha visto degradado por su inacción y pasividad ante las exigencias del Frente Polisario.
Pese a que ni tan siquiera exista un enviado especial de la Minurso desde que la última persona en ocupar el cargo dimitiera, el Gobierno de Sánchez mantiene una posición neutral apelando a la búsqueda de una solución aceptada por ambas partes auspiciada por las Naciones Unidas. Sin embargo, las buenas relaciones con Marruecos continúan ocupando un puesto prioritario en la agenda de política exterior española, aunque hay quien acuña el aplazamiento de la Reunión de Alto Nivel entre ambos países de diciembre a febrero –ante la duda de si realmente llegará a celebrarse este mes– a una fractura en tales relaciones o a una forma de Rabat de presionar a Madrid en su reconocimiento sobre la marroquinidad del Sáhara Occidental. A la espera de esta reunión y en un ambiente de incertidumbre frente a las consecuencias generadas por la pandemia, el gobierno español se reafirma en su postura eludiendo su responsabilidad moral para priorizar la seguridad nacional y económica. Por el momento lo hace de forma pasiva, aunque está por ver si la influencia marroquí y estadounidense llevan a España a posicionarse.
