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La Provincia - Diario de Las Palmas

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La Universidad frente a las incertidumbres y el desencanto

La elección para rector de una universidad es un acontecimiento de trascendencia para sus alumnos, docentes y administrativos, pero lo es aún más si la etapa de gestión que le espera a los candidatos es prolija en incertidumbres y en vaticinios sobre cómo va a ser el mundo una vez superada la pandemia.

El escenario macroeconómico de depresión del país, con hundimientos que nos retrotraen a contextos como la guerra de Cuba o la Guerra Civil, exige no sólo una gestión política eficaz, sino también que los actores del tejido socioeconómico se vuelquen en mancomunar sus esfuerzos para rearmar el optimismo. Las universidades ni están ajenas ni deben estarlo a este proceso de reinstauración, que, en su caso particular, tiene como eje tractor un compromiso meridiano con toda una generación de estudiantes: formarlos de acuerdo con las prioridades de un ‘nuevo orden’ concebido antes de la Covid-19, que, sin embargo, ha alcanzado velocidad de crucero con la emergencia sanitaria y que explosionará con la inyección billonaria de unos fondos europeos que marcan las pautas de crecimiento para las próximas décadas.

A la vista está que no es baladí la misión que le aguarda al rector entrante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), cargo por el que compiten -la votación se celebra el 25 de febrero- Rafael Robaina Romero, que se presenta a la reelección, y Lluís Serra Majem.

Los dos aspiran a la máxima responsabilidad de la institución académica condicionados por una realidad que ha dejado desfasados aspectos de la enseñanza universitaria, regida por una norma aprobada en 2001, la Ley de Ordenación Universitaria (LOU).

En un país donde la educación tiene tantas leyes como gobiernos: la coalición PSOE-Unidas Podemos no iba a ser menos en su aspiración de establecer sinergias con las demandas del orbe poscovid. Por tanto, el ganador no sólo afrontará un mandato marcado por la transformación del mundo que le circunda, sino que tendrá que gestionar -si la aritmética parlamentaria lo permite- la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), un anteproyecto presentado por el Ministerio de Universidades a la Unión Europea (UE) a cambio de recibir ayudas para recualificar o formar a investigadores y estimular el retorno de talentos.

La excelencia, flexibilidad o el fin de la endogamia con la entrada de categorías docentes no funcionariales son objetivos, entre otros, con los que el ministro Manuel Castells pretende lograr el cambio universitario. La ULPGC necesita trabajar en este sentido, pero la prioridad absoluta debe recaer especialmente en afrontar la situación catastrófica del mercado laboral en el segmento del empleo juvenil.

La conexión con las empresas y el fomento de planes de estudios que atiendan a sus demandas debe ser una cuestión inaplazable, por no decir vital, para no frustrar el progreso de toda una generación. La opción de la universidad dual, estrechamente compenetrada con el tejido productivo, debe pasar a un primer plano para que las empresas, las industrias, los servicios y la administración sean parte activa de la vida de los estudiantes, o que al menos sepan a través de los departamentos correspondientes cuáles son sus posibilidades para conseguir unas prácticas como anticipo para obtener un empleo cualificado. Las universidades públicas no pueden replegarse, dejando esta función a los centros privados.

Optimizar este intercambio pasa por establecer con rigor los campos de conocimiento y las áreas de investigación de institutos y centros. La ULPGC debe actualizar sus estudios para conectar con los sectores que le incumben, dígase las energías alternativas, el medio ambiente y el turismo. Los planes de rescate de la Unión Europea son una oportunidad para desarrollar una nueva estructura laboral alimentada desde la ULPGC.

Pero la demanda empresarial no puede esperar los cuatro años que tarda un estudiante en conseguir el grado, máxime cuando las ayudas europeas están supeditadas a plazos estrictos, por lo que urge indagar en complementar estas titulaciones con otras más cortas y profesionales.

La responsabilidad para estar a punto de cara a la transformaciones que se nos vienen encima no es sólo de la universidad: la situación exige de una mayor altura de miras, tanto planificadora como presupuestaria, del Gobierno de Canarias, que debe empeñarse en frenar las duplicidades y en proteger el sistema público universitario para fomentar la igualdad y acceso a la educación.

La ULPGC, como tantas otras universidades españolas, aborda el día después de la pandemia con la seguridad de que el conocimiento científico y tecnológico no puede ser maltratado. La enfermedad ha aireado las carencias en la digitalización, los colapsos hospitalarios, la relevancia de la ciencia para descubrir una vacuna, la ausencia de una industria para fabricar mascarillas, las estrecheces de los hogares para acoger el teletrabajo, las escuelas sin ordenadores... Todo ello debe tener una respuesta en las instituciones universitarias, que deben incluir entre sus retos la necesidad de ahondar en cómo actuar frente a situaciones que ponen al mundo en una situación extrema. Una profundización en la que deben tener cabida los estudios humanísticos, el estudio de la letras y el pensamiento, porque también es el antídoto para que los adolescentes y lo jóvenes se puedan defender de la mentira con el razonamiento.

Nunca ha sido tan importante la elección de un rector para una universidad. Mantener la paz laboral es relevante, al igual que evitar una quiebra o que las nóminas se paguen con puntualidad prusiana.

También que los alumnos tengan sus derechos y obligaciones, de igual manera que el personal docente y administrativo. Pero por encima de ello está trasladar el entusiasmo a unos estudiantes que esperan no caer derrotados en la ‘posguerra’ de la pandemia por carecer de un porvenir.

Encontrar la receta para que la frustración no nos ponga ante una generación estigmatizada supone un gran reto, un hallazgo, en definitiva, para que el desencanto no se cronifique en las aulas. Los afectados, claro está, también tienen su cuota de responsabilidad: ser conscientes de que el sistema público desarrolla un gran sacrificio para que tengan cubierta su formación universitaria.

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