El Gobierno autonómico aprobó ayer –después de casi medio año de espera -- el proyecto de decreto que regulará la concesión de ayudas directas “a pymes y autónomos afectados por la pandemia”. El presidente Ángel Víctor Torres salió como un pimpollo para explicar a la prensa se van a dedicar 84 millones de euros en subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de autónomos y pymes, a los que se sumarán otros 80 millones en subvenciones para establecimientos alojativos turísticos, pero al parecer esta última aportación no la tienen todavía demasiado clara desde un punto de vista técnico-jurídico. No parece una mala noticia. Pero su bondad es intranquilizadoramente matizable:
a) Esos 84 millones no es una cantidad despreciable, pero está muy lejos de ser una cantidad suficiente para los bares, restaurantes, cines, gimnasios, peluquerías y, en general, establecimientos comerciales isleños que han logrado sobrevivir (por el momento) a la catástrofe.
b) Habrá que leer el decreto con atención, pero servidor conoce a pocos propietarios de pequeños bares, casas de comida y restaurantes que sepan entender perfectamente lo que es un cálculo de gastos fijos basado en un estudio de costes simplificados. Parece improbable que puedan discutir el resultado final con la administración autonómica.
c) El presidente Torres ha precisado los plazos de los trámites para formalizar las ayudas, pero se ha cuidado muy mucho de avanza una fecha en la que pudieran empezar a recibirse las ayudas, esos cuatro o cinco mil euros que van a servir para poco, pero que son mejor que nada. Conocida la velocidad gasterópoda de nuestra administración podemos llegar a junio, perfectamente, antes de que los interesados vean un mísero céntimo.
Nuestro misérrimo nivel de debate político ha impedido el cruce de argumentos a favor y en contra de las ayudas directas o la evaluación de otras alternativas como, por ejemplo, la indemnización. El economista Benito Arruñada ha propuesto que, sin renunciar totalmente a las ayudas directas cuando sean razonables, se apueste más ampliamente por el recurso a la indemnización a empresas que se vieron obligadas a cerrar o a reducir drásticamente su clientela por instrucciones directa del Gobierno. “Mientras las indemnizaciones animan al gobernante a minimizar los daños, tanto sanitarios como económicos”, advierte el profesor Arruñada, “las ayudas pueden generar clientelismo y en el mejor de los casos presentan dificultades insalvables”. Como no se han tomado previamente medidas auténticamente útiles para simplificar trámites administrativos y el administrado no va adquirir mágicamente destrezas burocráticas, las subvenciones quedan atascadas en alguna cañería durante meses. Y luego, por supuesto no hay aclaraciones. Tampoco cuando el Ministerio de Seguridad Social niega el 84% de las solicitudes para recibir el ingreso mínimo vital cursadas desde Canarias, la comunidad autonómica con mayor pérdida del PIB, una economía paralizada, más alto desempleo y bolsas cada vez más amplias de pobreza y exclusión social.
La devolución de los créditos ICO está a la vuelta de la esquina. Igual podría coger tus 3.000 euros de ayuda para pagarlo, pero no llegarán a tiempo. Esto es una desesperada carrera por la supervivencia pero el afán bucrocrático no nos dejará tranquilos. En Japón pagan 469 euros diarios –sin más -- a los restaurantes que voluntariamente cierran de noche. Deben estar locos.
