Ha pasado un año y lo menos que se puede decir de la gestión de la pandemia es que ha sido un desastre. Si alguien lo niega padece de miopía o se ha blindado para oponerse a la realidad. España, con las mayores restricciones a la libertad, no logró en todo este tiempo abandonar el grupo de cabeza de los países con peores resultados de Europa. Las cifras oficiales lo demuestran: más de 80.000 muertos, un número incontrolable de infectados y unos datos en la disminución de la transmisión del virus que no invitan al optimismo.
No ha existido el propósito de enmienda, ni siquiera después de haber errado constantemente en las previsiones desde el primer momento en que el Gobierno cometió el disparate de alentar la movilización masiva del 8-M, en vez de posponerla por razones obvias de seguridad. Ejemplos: la política errática de comunicación sobre el virus; en la compra rocambolesca de las mascarillas que primero eran inútiles y luego se han vuelto indispensables; el triunfalismo del propio presidente Sánchez, hasta llegar al penúltimo episodio de esta pesadilla con el caos de las vacunaciones. El Reino Unido, afectado por una variante del virus más contagiosa, y al que muchos dirigieron sus miradas críticas por la pasividad inicial de Johnson, ha vacunado ya a más de un cuarto de la población adulta. Aquí nadie sabe cuándo le tocará y en Sanidad, la pasada semana, no se explicaban el paradero de 23.500 vacunas de Moderna. Entre la sarta de despropósitos, un destello de esperanza: por fin el Gobierno ha decidido dar luz verde a la compra de 17 millones de dosis adicionales de ese laboratorio. A ver si esta vez no “desaparecen” y alguien es capaz de hacer un control efectivo sobre la inmunización de los ciudadanos.
Como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, el balance que deja febrero no puede ser más deprimente: un total de 30.000 empleos destruidos, 4 millones de parados y 900.000 trabajadores en ERTE.
