Como si no tuviéramos dificultades de envergadura con una emergencia sanitaria que sigue causando a diario cientos de muertes sin que lleguen a tiempo las vacunas y con una devastación económica que empieza a mostrarse con crudeza en las colas del hambre, los políticos españoles acaban de abrir indiferentes una crisis institucional para tumbar mayorías. El tejemaneje de estratagemas por aquí y por allá para destrozar al enemigo y repartirse sus despojos por tacticismo e intereses electorales monopoliza sus disputas. A derecha e izquierda no hay inocentes. El debate político en España ni es debate, ni es político. Los partidos muestran una capacidad infinita de equivocarse y sorprender negativamente. Esta forma de actuar resulta agotadora, improductiva y carece ya de recorrido.

La producción se desploma a un ritmo desconocido. El PIB cayó un 11%. El consumo, el 13,3%. El paro afecta a cuatro millones de personas. Muchos negocios no retornarán cuando el virus desaparezca. El déficit –el descuadre entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado– pasó de 35.000 millones en 2019 a unos 100.000 millones en 2020. Estos datos de ámbito nacional son aún más desgarradores en el caso de Canarias, donde tenemos 280.000 parados, cerca del 26 % de la población activa, 80.000 trabajadores en ERTE y un desplome de la economía cercano al 20 % del PIB regional.

Los procedimientos y el garantismo atascan unas administraciones sin sanear, que no reducen los chiringuitos inútiles ni los gastos superfluos, invierten a veces sus escasos recursos en compromisos ideológicos de dudosa necesidad y sucumben a la tentación del clientelismo en el reparto sin control de los dineros. Parece que nada de lo anterior merece atención y sí encelarse en el encontronazo permanente, que acelera la degradación. La pandemia supone la prueba de esfuerzo definitiva a la estructura política.

La teoría matemática del caos, esa que sostiene que mínimas mutaciones en las condiciones iniciales de un sistema complejo pueden provocar enormes transformaciones, se hizo patente la pasada semana. Un aleteo en Murcia amenaza con trastocar el mapa político de España. Las mociones de censura, la ruptura de alianzas, las deserciones abren un proceso impredecible y pasan a consumir las energías de la casta dirigente. Creerán los intérpretes protagonizar un lance de ajedrez, aunque parece el juego de la oca. “La alternancia fecunda el suelo de la democracia”, sostenía Churchill. Excepto cuando se persiguen descaradas rentas partidistas pensando en los siguientes comicios.

La trampa murciana aboca a Ciudadanos a luchar a la desesperada por su supervivencia. El partido naranja está comprobando ahora que el material político con el que construyó su proyecto en el ámbito estatal, tras dar el salto espectacular desde Cataluña, no era de la calidad que presumían, a juzgar por la cobarde y vergonzosa dinámica de deserciones y traiciones que acompaña este ‘vía crucis’ hasta su probable estertor final en las próximas elecciones. El PP nacional apura acontecimientos con el ansia de reunificar bajo su paraguas al centro-derecha para, en su momento y allí donde pueda, apoyarse en Vox y recuperar tantos centros de poder perdidos en los últimos años sin importarle las consecuencias de anclar definitivamente en el sistema político español a la ultraderecha retrógrada. El PSOE maniobra en la sombra para destruir a los populares, el objetivo que persigue desde que triunfó el sanchismo. El desmarque de Podemos bajo la excusa de frenar a la derecha lastra en realidad a la izquierda. Una escaramuza más entre morados y socialistas para apropiarse de la herencia progresista, un matrimonio de conveniencia pero cuya dinámica cada vez se parece más a la fábula del escorpión y la rana cruzando el río. Vox y los independentistas sacan la caña: ni una tragedia humana y económica descomunal vacuna contra el populismo.

Todo este panorama amenaza seriamente la estabilidad política española, ya cogida con pinzas desde hace tiempo pero que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en diciembre pasado, parecía garantizar el inicio de un periodo de pura gestión, quizá durante los dos años sin elecciones en el horizonte. Pero los tactismos políticos parecen haberse impuesto en las ofuscadas mentes de la mayoría de nuestros líderes, que en ver de dedicar todo su energía en intentar acelerar el fin de la pandemia, afrontar el descomunal reto de la reconstrucción económica, y gestionar con eficacia la ingente cifra de fondos europeos que el país recibirá, se han entregado a una insensata y suicida ruleta rusa política.

Todo ello es una muy mala noticia para Canarias, que necesita de la normalidad política e institucional en el ámbito del Estado, y de una máxima concentración por parte del Gobierno central y de sus ministros, para afrontar con seriedad y máximo rigor la grave crisis económica y social que afronta el Archipiélago. El seísmo político producido por los episodios de Murcia y Madrid, y las cada vez más explícitas discrepancias internas entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, constituyen un alto riesgo de adelanto electoral que sería letal para los intereses de las Islas y para el despliegue de los planes de ayudas que, aunque tardíos e insuficientes, son vitales para los sectores más afectados por la crisis, la ejecución de las partidas presupuestarias estatales, y la gestión de los fondos europeos.

Este es el contexto en el que esta semana tendrá lugar en el Parlamento de Canarias el debate sobre el estado de la Nacionalidad, el primero en el que el actual Gobierno de coalición presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, se somete a un examen de estas características tras casi dos intensos y accidentados años de gestión. Torres deberá dar cuenta además de la agenda del Ejecutivo para los próximos meses en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid y de la creciente apertura de fronteras para empezar a normalizar la actividad turística, además de presentar sus planes sobre cómo actuar junto al Estado para la aplicación de las ayudas prometidas, y dar respuesta a la emergencia migratoria ante una posible nueva oleada de llegada de migrantes desde las costas africanas. También despejar las dudas sobre si un adelanto electoral en el Estado afectaría a la propia legislatura autonómica, ahora que, conforme al nuevo Estatuto, el presidente puede disolver el Parlamento.

Y quizá pesen en él elementos como el último rifirrafe con Podemos a cuenta del nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía; o el problema con Nueva Canarias a raíz de la moción de censura contra el PSOE en el cabildo de Fuerteventura que impulsaron los socios majoreros de Román Rodríguez en esa isla; o los cálculos sobre la recomposición del Parlamento de Canarias ante la posibilidad de la desaparición de Cs y la irrupción en el mismo de Vox. Desde su compleja formación tras las elecciones de mayo del 2019, el Gobierno del ‘pacto de las flores’ ha dado razonables muestras de cohesión interna y de una gestión más que aceptable en un contexto imposible de imaginar entonces, pero también son razonables las dudas que muchos expresan sobre su capacidad para presionar y exigir al Gobierno de Sánchez el “rescate” de la economía regional que la sociedad isleña demanda y que no acaba de concretarse.

La palabra responsabilidad deriva del latín “responsum”, una forma del verbo responder. Lo que ocurre ahora en la política española denota una manifiesta irresponsabilidad porque nadie responde de sus actos, ni detalla las razones verdaderas de sus decisiones para propinar una patada al tablero. Nadie explica de frente sus motivaciones, ni desea asumir el coste que conlleva su comportamiento, en particular cuando resulta impopular. Quedarse en lo superficial elude la rendición de cuentas y la coherencia, dos principios básicos de calidad que parecen no regir hoy para quien asume la misión de prestar un servicio desde la poltrona. Esa política de vigilancia del adversario por el rabillo del ojo sin alzar la vista al horizonte alienta el pesimismo extremo que sufre gran parte de la sociedad española temerosa por su salud y con dificultades para llegar a fin de mes.

Urgen muchas reformas. Habrá que incorporar al listado la de los partidos. Convertidos en empresas endogámicas para premiar la sumisión, con amplísimos organigramas que alimentar –la madre de todas las corrupciones–, confunden las instituciones con sus propias sedes, vapulean los órganos independientes y sepultan cualquier aspiración regeneracionista porque implicaría hacerse el harakiri. Con la política a garrotazos, donde antes existían propuestas ahora hay humo y fantasmas resucitados del pasado. Que se degüellen de una vez y nos dejen en paz, clamarán los desesperados. Pero no cabe desentenderse sino plantarse con firmeza, basta ya, para exigir un cambio radical. Porque esos palos en realidad no se los propinan entre ellos. Los descargan sobre el lomo de una ciudadanía que percibe atónita como su vida empeora sin remedio.