Vamos a dejar un rato el sociobarómetro, no vayamos a tener un disgusto. Muchos respetables compañeros ya están exaltando con cierta imprudencia sus virtudes, cuando lo primero que habría que hacer es examinar las condiciones políticas, científicas, organizativas y metodológicas en las que ha nacido, su programa de investigación y sus ambiciones. Pero necesitamos buenas noticias, aunque sean divertidas, dadaístas ocurrencias demoscópicas, como que la mayoría de los canarios se siente feliz. O que somos muy buena gente y la presencia de miles de inmigrantes en régimen campamental, mira, nos molesta muy poco, fíjate, es apenas el sexto asunto por orden de interés de los isleños, tranquilo, Pedro Sánchez, tú sigue a lo tuyo, que esta vaina apenas nos concierne. Todo esto me asombra y, hasta cierto punto, me abruma, porque veo repetir los comportamientos de hace veinte años: politólogos y sociólogos hechos y derechos, pero sobre todo izquierdos, tomando como realidad plausible lo que indica una única encuesta. Sí, hace veinte años ya cité a Salvador Giner cuando dijo que cuando un sociólogo que tomase como un retrato inequívoco los resultados de una encuesta ni actuaba como sociólogo ni sabía lo que era una encuesta. Se repiten los errores y se repiten las actitudes. La vie est ondoyante, como decía Pla.
Hay cosas peores. Lo que aclaró ayer este periódico en una información ya intuida por organizaciones patronales y sindicatos: solo una de cada ocho empresas canarias podrán optar a rascar algo de los 1.144 millones que de un total de 7.000 millones aprobó el Gobierno central para ayudas directas a las empresas. Si eres un pinche empresario isleño que buscas la supervivencia en las ayudas de Sánchez y asociados debes cumplir un conjunto de requisitos: que tu negocio se encuentre entre las 95 ramas de actividad clasificadas, que hayan tenido beneficios en el año 2019 –solo un 48% de las empresas españolas y un 41% de las canarias– que hayas perdido un mínimo del 30% de ingresos en 2020, estar al día de las obligaciones tributarias y mantener activo el negocio, al menos, hasta junio de 2022. En fin, nada que objetar al establecimiento de criterios rigurosos para las ayudas directas, siempre que sean además realistas. A la mayoría de las asociaciones empresariales no se lo parecen. Hablo con un preboste empresarial tinerfeño, varado como un ballenato en cálidos fondos de inversión.
– ¿Cuánto creen que finalmente llegará a las empresas canarias con la imposición de esos requisitos?
– Eeeeh, bueno, esto. Es difícil calcularlo…
– Haga un esfuerzo.
– Creemos que con suerte, más o menos… Unos 500 millones… Sí, algo menos que la mitad, probablemente, si todo va bien y no se ponen muy tiquismiquis con los papeles. Es lo que pasa cuando las ayudas las diseñan un equipo de burócratas gafudos en sus despachos…
El Gobierno de Canarias, y en especial su presidente han calmado a los escépticos, asegurándoles que lo que no se gaste ahora se consignará para una nueva convocatoria después del verano. “Sí, Torres nos ha dicho que calma, que no hay motivo de preocupación, que si es necesaria otra convocatoria la hacen, que no se perderá un céntimo… Otra cosa es cuántas empresas pueden aguantar hasta el otoño o el invierno”. Me muerdo los labios. Estoy a punto de decirle que se introduce una pregunta sobre las ayudas Sánchez en el próximo sociobarómetro y todo arreglado.
