“Ni un euro sin llegar a la calle”

Canarias es, junto a Baleares, la comunidad que en teoría más se va a beneficiar del reparto territorial de esas ayudas, con 1.144 millones, por razones obvias al ser también la más afectada por la crisis provocada por la actual situación de paralización casi total de la actividad turística. No cabe por tanto medir esa mayor percepción de fondos como una especia de privilegio o de mayor consideración por parte del Gobierno central para con los dos archipiélagos, sino que es la pura traslación de la realidad actual de las empresas isleñas a la lógica del reparto. Paralelamente a las ayudas estatales, el Gobierno de Canarias también ha aprobado su propio programa de asistencia a las pymes y autónomos en dificultades por valor de 83 millones, ampliables en función de la demanda, y para la que ya se han presentado más de 14.000 solicitudes que afectan a un volumen total de 35.000 trabajadores.

Sin embargo, a la hora de la verdad, tanto en las ayudas del Estado como en las de la Comunidad Autónoma, se han detectado una serie de características, condiciones y requisitos que pone en peligro la aplicación práctica y efectiva de esas ayudas, una especie de letra pequeña de los respectivos decretos que las alumbran y que debe ser corregida o adaptada a las circunstancias de la crisis en las Islas para que, como dice el presidente regional, Ángel Víctor Torres, “no quede ni un solo euro sin llegar a la calle”.

No sabemos si la frase del presidente fue improvisada cuando la verbalizó ante los medios de comunicación, o si es una idea de ‘laboratorio’ trabajada en el seno de su gabinete, pero lo cierto es que representa a la perfección el objetivo que debe primar en este proceso en el que, aunque de forma un tanto cicatera y tacaña, se pone en marcha un mecanismo de ayudas directas al tejido empresarial y económico que la pandemia está poniendo en peligro.

En el ámbito canario, el catálogo de sectores y actividades beneficiarios de las ayudas, aunque recoge el amplio espectro afectado por la crisis, incurre en algunas lagunas difíciles de entender, como es el hecho de que esa lista incluya a arquitectos, ingenieros y farmacéuticos y deje fuera a abogados y economistas, entre otros casos en que los criterios de selección no parecen razonables.

Tal y como han señalado los colegios profesionales de los colectivos excluidos, que barajan impugnar el decreto autonómico, no se entiende que en la lista aparezcan profesiones que ni siquiera existen en el Archipiélago, como los agentes de ferrocarriles, los relacionados con la explotación de autopistas de peaje, astrólogos, fabricantes de armas o de naves espaciales, quizá profesiones que se han ‘colado’ en el decreto canario como consecuencia de un ‘corta-pega’ con el de otra comunidad autónoma.

En el caso de las ayudas estatales, los requisitos para acceder a las ayudas dejan en el aire la posibilidad de que lo puedan hacer miles de empresas canarias. De hecho, sólo una de cada diez estarían en condiciones de aspirar a ellas. De entrada, el Gobierno estatal tan solo considera subvencionables 95 ramas de actividad, cuando hay un total de 538. Es verdad que entre esas 95 están las fundamentales para la economía isleña –turismo, comercio y transportes–, pero también que se queda fuera la mayor parte. Además, también queda excluida del rescate de forma automática la empresa que aun estando en alguno de los sectores subvencionables haya tenido pérdidas antes de la irrupción del coronavirus, tal como establece el otro gran requisito del decreto estatal.

El Estado quiere evitar que negocios que ya estaban condenados a la quiebra antes de la irrupción de la covid-19, o cuando menos en dificultades, sobrevivan algún tiempo más gracias al doping público. Es decir, evitar que las ayudas vayan a parar a las denominadas ‘empresas zombi’ sin posibilidades reales de sobrevivir, en lugar de a las que sufren la crisis pero garantizan el mantenimiento de la actividad y el empleo. El problema, sin embargo, es que este requisito también deja fuera del rescate a empresas que de forma puntual cerraron 2019 en pérdidas o sin que ello comprometiera su viabilidad.

En todo el país, un 48% de los 355.713 potenciales perceptores de las ayudas logró beneficios en 2019, poco más de 170.000. En Canarias, alrededor de un 45% de las 23.470 empresas de los sectores subvencionables cerró en beneficios el último año prepandemia. Así pues, las entidades que en realidad pueden optar a las subvenciones del Estado se reducen a algo menos de 10.600, una de cada ocho. Hay una tercera condición que podría dejar sin rescate a parte de esas entidades o profesionales, y es que deben acreditar que sus ingresos cayeron en 2020 más de un 30%, un desplome que, de media, solo sufrieron cinco sectores de actividad, los más emblemáticos de la economía isleña, como son las agencias de viajes y operadores turísticos, servicios de alojamiento, transporte aéreo, servicios de comidas y bebidas y actividades audiovisuales, pero que dejan fuera otro colectivos igualmente necesitados.

De esta forma, Canarias corre el riesgo de no poder aprovechar al máximo los casi 1.150 millones transferidos por el Estado. De nada serviría ser la Comunidad Autónoma más agraciada en el reparto de los fondos –junto con Baleares– si luego no se distribuyen en su totalidad porque los requisitos formales lo impiden. De no flexibilizarse los requisitos de acceso a las subvenciones, los efectos del plan de rescate quedarían en entredicho. El Gobierno de Canarias ha iniciado una ofensiva, compartida con el Ejecutivo balear de Francina Armengol, ante el ministerio de Economía para que las empresas que tuvieron pérdidas en 2019, al menos las incluidas en esos 95 sectores subvencionables, también puedan optar a los fondos del Estado, tratando de hacer efectivo ese lema de su creación que asume y exige todo el Archipiélago: “ni un euro sin llegar a la calle”.