Cualquiera puede comprobarlo a diario al pisar la calle. Restaurante en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Tiene siete mesas en el exterior. Todas ocupadas. Cada mesa muestra una media de cuatro comensales. Una treintena de personas en poquísimos metros cuadrados. En el exterior, por supuesto. Pero es una calle más bien estrecha y no sopla ni fisco de aire. Veo habitualmente las mismas personas sentadas ahí. Algunos funcionarios con muchos trienios, algún abogadete, algún empresario. Comen ahora más en la calle que hace año y medio. Nada más llegar piden un aperitivo y se quitan la mascarilla. Más bien es lo contrario: se quitan la mascarilla (esa tortura atroz) y piden un aperitivo. ¿Un poquito de pastel de cabracho? Venga. Y así se pegan hora y media, dos horas, porque no perdonan ni el café ni el licorcito. Un tolete patilargo y sonriente se levanta, se separa un metro escaso de la mesa y se pone a fumar. Una anciana se lo recrimina con gestos desde la acera opuesta. El tolete la saluda con la mano ampliando más su sonrisa.
Esto se repite en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria todos los días en cientos de puntos urbanos. En la capital grancanaria puedes ver incluso estupideces más aberrantes como me señaló un buen amigo: no puede llevar a su hija a un parque público porque están cerrados, pero el parque está rodeado de terrazas petadas de gente comienzo, bebiendo y ocasionalmente fumaqueando. Es completamente imbécil. Y por supuesto, dentro del capítulo de la relajación majadera y suicida están las visitas a los parientes. Los cumpleaños clandestinos con una docena de niños y el doble de adultos. Las parranditas, oye, que apenas merecen ese nombre, porque todos nos conocemos, estamos sanos. La gente ya no aguanta tanto sacrificio. La gran mayoría de nuestros abuelos no asistían a fiestas semanalmente, ni comían en restaurantes, ni se pegaban horas tomando cervezas y montaditos en una terraza. Ahora suprimir cualquiera de esos hábitos es una tortura, un liberticidio, una violencia indebida.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias parece incapaz de ofrecer una explicación convincente para el aumento de los contagios en las dos islas capitalinas –la estabilización de los casos en Gran Canaria no merece todavía ser considerada definitiva --. Y debería hacerlo. Desde mediados de marzo, si no antes, la cepa británica es la hegemónica en Canarias. Su tasa de contagiosidad es mayor. También es más agresiva. Lo sorprendente es que esta circunstancia no haya llevado a modificar ciertos protocolos sanitarios, por ejemplo, a alargar las cuarentenas, porque la cepa británica tiene un periodo de incubación más largo. Y más sorprendentemente todavía: la nueva cepa y su impacto específico no ha condicionado la decisión del Gobierno autonómico de seguir permitiendo múltiples actividades comerciales y convocatorias en espacios públicos en las últimas semanas. La vacunación avanza, pero demasiado lentamente, lo que no es responsabilidad del Servicio Canario de Salud.
Por supuesto que la salud económica preocupa a los responsables públicos. Un cierre total llevaría a la ruina definitiva a cientos de bares, restaurantes, tiendas, gimnasios. Pero es que han sido incapaces de articular un sistema que pueda adaptarse a una coyuntura tan difícil y áspera como la de una pandemia que nos amenaza con la ruina y el colapso del sistema hospitalario y asistencial. Y siguen sin pensar en ello, en vista de la exaperante lentitud burocrática a la que están sentenciadas las ayudas directas estatales y autonómicas. Con otro modelo administrativo, con otra gestión más imaginativa y menos rigorista de las ayudas públicas se podría cerrar tres semanas y evitar la ruina. Pero la burocracia pretenda que hasta la pandemia se lea el BOE.
