Difícilmente se podía gestionar el problema de la inmigración de manera menos afortunada. Los últimos acontecimientos en el campamento de Las Raíces constituyen, como ha expuesto la portavoz del CEAR, “la punta del iceberg de los que puede venir”. Y, como ha dicho el Senador Fernando Clavijo, “se está forzando a que se produzca un hecho que luego lamentaremos.”
No sólo estamos lejos de conseguir los dos objetivos que deberíamos plantearnos con carácter urgente –la seguridad de la sociedad canaria, que no necesita ser racista ni xenófoba para inquietarse ante una invasión que no cesa ni amaina, y la prestación a los inmigrantes de unos servicios elementales–, sino que estamos alimentado una situación que puede terminar con un estallido de violencia.
Nuestra seguridad no se garantiza cuando se permite que los inmigrantes vaguen sin control por nuestras calles, barrancos, playas o parques, teniendo que felicitarnos si todavía no han dado lugar a un incidente verdaderamente grave. Si algo se tenía que haber evitado era que los inmigrantes dejasen los espacios asignados y quedasen abandonados a su suerte. Sin un lugar donde dormir, sin familia, sin trabajo y sin dinero, nosotros mismos los estamos abocando a la delincuencia, siendo perfectamente posible que aquí se produzca la misma pérdida de seguridad que han generado en Suecia y en Alemania los inmigrantes procedentes de Siria; se trata de ejercer una prudencia elemental.
Es claro que para impedir que los inmigrantes vaguen sin control por nuestras calles, no es preciso que se les hospede en hoteles de cuatro estrellas, pero tampoco que se les hacine en un campamento en La Isleta en el que discurren, aunque sea ocasionalmente, aguas fecales, o en pleno invierno y coincidiendo con una borrasca, en el campamento de Las Raíces, uno de los lugares más húmedos de Canarias, sin proporcionarles alimento suficiente para que no tengan que pelearse entre ellos para asegurar su parte.
La gestión de esta crisis no es competencia de la sociedad, que en muchos casos ha dado muestras de solidaridad con los inmigrantes, sino del Gobierno nacional, que es quien la tiene sobre la gestión de las fronteras y sobre el derecho de extranjería, y por consiguiente para admitir, para devolver y para expulsar a los inmigrantes ilegales, pero también tenerlos bajo su control y atenderlos en sus necesidades básicas mientras no se produzca lo uno o lo otro.
En cuanto al Gobierno de Canarias, le incumbe presionar con mucha más energía que la que está manifestando –excusándose con un “no al racismo” y un “no a la xenofobia”– a un Gobierno nacional que no se acaba de enterar del malestar y la creciente indignación que su actitud ante esta crisis está generando en Canarias. Porque lo grave no es que Europa trate a Canarias como una colonia; lo grave es que en Canarias cunda la sensación de que por primera vez en nuestros quinientos años de historia un Gobierno nacional está tratando a Canarias y a los canarios como una colonia.
Porque, a estas alturas, ya todos tenemos claro que el actual Gobierno central, se ha propuesto convertirnos en una réplica de Lesbos y de Lampedusa. Es decir, en una cárcel, como ya se ha dicho, que impida no ya que los inmigrantes lleguen a Europa sino que los inmigrantes lleguen al resto del territorio nacional, que obviamente se quiere preservar a costa de los canarios, condenados a pagar por seguir siendo españoles y europeos un precio que no tiene que pagar y que no estaría dispuesta a pagar ninguna otra región española, sin que el problema se resuelva enviando cincuenta inmigrantes a Valladolid y a Burgos, o devolviendo ochenta marroquís a la semana, mientras aquí continúan llegando diariamente a centenares. Y de este propósito del Gobierno de la nación dan fe los impedimentos que la policía nacional, sin ninguna justificación legal, plantea a los inmigrantes que, provistos de pasaportes y billetes, acuden a nuestros puertos o aeropuertos con la intención de viajar a la Península.
Esta política, dadas las dificultades que presentan las devoluciones a los países de origen, significa que muchos inmigrantes terminarán quedándose en Canarias, lo que plantea un futuro muy poco tranquilizador para una región como la nuestra, sin capacidad para integrar a todos los inmigrantes que van a seguir llegando, en grandes proporciones desde Marruecos, un país al que nada le costaría evitar que las pateras salieran de sus costas, y de otros como Sierra Leona o la República Democrática del Congo (anteriormente El Zaire), donde la presencia de minerales preciosos provoca un estado de guerra permanente, al que no son ajenas las empresas europeas que allí actúan, algo que los parlamentarios españoles, italianos, malteses y griegos tendrían que estar denunciando vehementemente en el Parlamento Europeo.
La crisis migratoria supone evidentemente un problema a largo plazo pues la inmigración va a continuar. Parece improbable que desde la Unión Europea se pueda conseguir frenarla en origen en aquellos países donde sus riquezas minerales propician una situación de guerra endémica; o en otros donde los productos del sector primario no pueden acceder al mercado europeo sin someterse a la tarifa exterior comunitaria, lo que los aboca a una miseria también endémica para la que no se ve más salida que la emigración, aunque sea a costa de jugarse la vida a bordo de una patera.
De ese problema a largo plazo tiene que responsabilizarse sin excusas la Unión Europea, y a tal efecto es urgente alcanzar un acuerdo que establezca la obligación de todos los Estados miembro de repartirse los inmigrantes en la proporción que se considere justa, pareciendo interesante comprobar que si los inmigrantes llegados a Canarias en 2020 y 2021 se redistribuyen equitativamente entre los distintos países que integran la Unión Europea daría una cifra perfectamente soportable para cualquiera de ellos.
Pero independientemente de buscar una solución para resolver el problema a largo plazo, es indispensable que el Gobierno nacional adopte ya mismo la medida más elemental y obvia, que no es otra que el reparto de los inmigrantes entre las distintas Comunidades Autónomas. Independientemente de la decisión definitiva que se adopte sobre su destino, su amontonamiento indiscriminado y multitudinario en centros de internamiento en las regiones más vulnerables, como es el caso de Canarias, sin tener en cuenta siquiera las incompatibilidades que existen entre las distintas etnias, es algo que tendrá que explotar por algún lado cuando la desesperación se apodere, como es previsible, de unos hombres que ven frustradas las ilusiones que se hicieron al abandonar sus países, o si se les abandona o se escapan de sus centros de internamiento, y terminan produciéndose choques con la población local, algo que tampoco puede descartarse. Al fin y al cabo, si dividimos también entre las provincias españolas de cada una de las comunidades autónomas una parte de los inmigrantes que aún quedan en Canarias tocarían a un número de inmigrantes por provincia y comunidad muy reducido. Una cifra que aunque se duplicase o triplicase sería mucho más llevadera para cada una de ellas que lo que supone para Canarias asumir toda la carga.
La cuestión consiste, por lo tanto, en que el Gobierno central comprenda que no se puede continuar amontonando a los inmigrantes en campos de concentración carentes de las condiciones indispensables sin que estalle una revuelta. Ni se puede convertir a Canarias, como ha dicho la portavoz del CEAR , “en el parapeto de Europa” y “en el escenario de las políticas de contención migratoria, reteniendo a personas como mecanismo disuasorio”, entre otras razones porque ni es justo que para seguir siendo españoles y europeos los canarios tengamos que asumir, nosotros solos, toda la inmigración que nos llegue desde África. Ni los canarios, que hasta ahora hemos demostrado toda la solidaridad que hemos podido con los inmigrantes, estamos mansamente dispuestos a tolerarlo.
Por lo tanto, cree la Real Socieda Española de Amigos del País en Gran Canaria (Rseapgc) que no cabe demorar por más tiempo el remedio de la actual situación que afecta a Canarias, consecuente del agravamiento del problema de la masiva llegada de emigrantes irregulares a través de medios absolutamente inadecuados, mediante los que han arriesgado y sometido a graves riesgos sus propias vidas, habiéndose producido incluso dolorosas pérdidas durante la travesía en el mar, llegando muchos de los que han podido sobrevivir en condiciones muy lamentables y paupérrimas, en gran medida por estar necesitados muchos de ellos de los socorros elementales y hasta de urgente atención sanitaria incluso. Se han sobrepasado todos los límites tolerables y admisibles y no se puede consentir que continúe la desidia y falta de la solución requerida para no seguir enquistando este grave problema.
Independientemente de tratar de alcanzar una solución para resolver este problema a largo plazo, es indispensable que con la mayor urgencia el Gobierno de España adopte la medida indispensable de redistribuir equitativamente la parte de los inmigrantes que sea posible entre las distintas comunidades autónomas.
Resulta obligado que de ese problema a largo plazo tiene que responsabilizarse sin excusas la Unión Europea, y a cuyo efecto es urgente que por parte de los eurodiputados canarios se promuevan las iniciativas parlamentarias y ante la Comisión competente en la materia para lograr impulsar los pactos o acuerdos que establezca de modo efectivo la obligación de que los Estados Miembro equitativamente, según sus capacidades, asuman un reparto y redistribución los inmigrantes en la proporción que sea adecuada.
Por último, la Rseapgc considera que la dejación por el Gobierno de España de una acción diplomática preventiva con los países emisores de inmigrantes es una grave irresponsabilidad política que ha coadyuvado al agravamiento del problema. No es aceptable la inhibición del Gobierno en esta cuestión, más aún si lo comparamos con la eficaz política exterior desarrollada en 2006, cuando el problema migratorio alcanzó otra situación crítica.
