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José María Asencio Mellado

Derecho de reunión y violencia

Por más que leo y releo la ley 9/1983, reguladora del derecho de reunión, no aprecio en ella precepto alguno que considere una provocación convocar un acto bajo su amparo en cualquier punto del país, ni norma que divida los distintos barrios, ciudades o pueblos de España conforme a calificativos presuntamente ideológicos que impidan el ejercicio de dicho derecho fundamental a nadie en razón de guetos o asignaciones partidistas. Me resisto a aceptar que, en esta nación, de momento libre y democrática, sean algunos políticos quienes, en función de criterios indeterminados, tengan la legitimación para permitir a sus adversarios el ejercicio de aquel derecho, calificando de provocación su uso y apelando a la violencia para impedirlo si alguien decide hacerlo efectivo.

Vox, partido legal, constitucional y legítimo como todos sin excepción, decidió hace unos días convocar un acto electoral en Vallecas, barrio madrileño regido por la ley vigente, no espacio reservado a un partido o ideología determinada dueña de la calle y de sus vecinos. Solo desde una concepción totalitaria, anacrónica, pero instalada en buena parte de la nueva, es un decir, izquierda, es posible pensar y desde luego proclamar, que reunirse en un barrio “rojo”, propiedad de Iglesias y compañía, no es ejercer un derecho, sino provocar a los ciudadanos adictos, ni siquiera adeptos, al partido que comparte gobierno en este complejo país. Y solo desde una ideología próxima a aquella concepción se puede legitimar la violencia cuando la misma tiene como base el rechazo a la libertad de cualquier ciudadano y grupo político.

Escuchar que reunirse pacíficamente en un lugar acotado sin más base que la voluntad de fanáticos, regidos por la pasión irracional que no por la razón y la ideología, es una provocación, repugna a la inteligencia y nos debe llevar a meditar sobre el futuro que nos espera de insistir en posturas tan extremas. La historia está plagada de ejemplos de cómo estas posiciones, que engendran violencia e intolerancia, son contagiosas y que, de seguir en esta deriva, terminaremos en un drama, pues no es arriesgado pensar que nadie está dispuesto a ver pisoteados sus derechos y sometido a las reglas de dictadores trasnochados.

Que Vox no pueda manifestarse en Vallecas o en Vic es inaudito e ilegal y considerar que eso es provocar, ceguera y fanatismo. Hay que ser ciego o, mejor dicho, tuerto, para ver solo con un ojo.

La violencia no se provoca con un acto electoral, sino por quienes quieren impedirlo y se enfrentan a la policía cuando ésta actúa en defensa de la ley y los derechos fundamentales. En Vallecas hubo cuatro veces más policías heridos que manifestantes “pacíficos”. Violencia es utilizar el argumento de la falta de libertad de expresión y luego intentar que determinados partidos o personas no puedan expresarse y destrozar contenedores, intentar quemar un furgón policial con agentes en su interior, destruir establecimientos de ropa de marca y saquearlos. Y violencia es promover o justificar estos actos o guardar silencio ante los mismos. Violencia también es acusar de provocadores a quienes soportan las agresiones y no ceden ejercitar sus derechos ante las amenazas o presiones. Y violencia es pretender que la Universidad deje de ser espacio de libertad e inteligencia y quede reservado a las verdades proferidas por una minoría de radicales que pretenden decidir quién habla, qué se lee o cómo se piensa.

Si es grave que Podemos y cercanos se comporten de este modo, mucho más lo es que el presidente Sánchez encabece estas agresiones, las jalee y las impulse justificándolas. Y que el PSOE, este PSOE irreconocible a veces, las aplauda entre sonrisas. Que las víctimas de la violencia sean los culpables de ella, que se la merezcan parecen sostener algunos irresponsables, es mensaje indigno en un presidente del gobierno. Merecer la agresión radical por ejercitar un derecho, como parece sostener Sánchez, es discurso que descubre la personalidad de quien nos gobierna. Y de quienes callan ante lo que significan sus palabras.

Mientras la ley y los tribunales no los ilegalice, son legítimos y legales todos los partidos. Todos, aunque no nos gusten. Y representan a muchos ciudadanos que merecen respeto y no ser insultados. Hacerlo es ejercer una suerte de tutela que revela soberbia por quien quiere ejercerla sin mérito alguno para ello. Nadie necesita de tutores. Y menos de iluminados.

Reivindico, como siempre, la libertad conforme a la ley. El derecho de reunión sometido a la ley, no al capricho de los dictadores de turno. La libertad de expresión de todos, no selectiva. La presunción de inocencia para derechas e izquierdas. La inteligencia, que supone no creer en la maldad y la bondad según las siglas amadas, sino en las personas. Y, en fin, en un país libre en el que no haya censura.

Reivindico, en conclusión, la democracia y no la popular, esa que ni es democracia, ni es popular, como tampoco era democracia el llamado eufemísticamente centralismo democrático. Aunque respeto a quienes quieran vivir bajo “sus cadenas democráticas”. Pero, que no quieran atarnos a los demás si no aceptamos someternos a sus órdenes. No lo haremos. Cuando se ha disfrutado de la libertad y la concordia y se conoce la historia, no es fácil renunciar en favor del caos y la intolerancia.

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