Fuerteventura está mutando patológicamente como espacio político. Todo comenzó hace años, cuando la fuerza política que mantuvo una posesión cuasihegemónica en la isla durante un cuarto de siglo desde una raíz netamente popular e interclasista y un izquierdismo canarista, Asamblea Majorera, aceleró su transformación en una maquinaria propagandística y electoral. En realidad las puertas de AM –que casi fue una coalición de facto en sus principios allá por 1977– siempre han sido giratorias, con gente entrando y saliendo para volver a entrar. La primera generación de dirigentes de Asamblea no tuvo grandes dificultades para ceder el relevo. Pero los chiquillos criados en el código interior de una organización asamblearia en los años ochenta y principios de los noventa se convirtieron –con raras excepciones– en una casta alérgica al cambio y progresivamente más experta en gestionar presupuestos e intereses que en sostener y renovar un proyecto político en tránsito de convertirse en paisaje iconográfico y memoria compartida. Una casta hábil, por supuesto, en mantener la ficción del asamblearismo por variados procedimientos operativos. La evolución continuó rápidamente hasta el siguiente y previsible capítulo: las escisiones. La principal se produjo en 2007, cuando tres concejales del ayuntamiento de Pájara fundador Asamblea Municipal de Pájara, germen de Asambleas Municipales de Fuerteventura, frangollo oportunista que reclamaba el espíritu originario de Asamblea Majorera y terminó suscribiendo un acuerdo de colaboración con Nueva Canarias. Sergio Lloret, Manuel Travieso y otros exdirigentes de AM se convirtieron en enemigos activos y debilitaron la organización año tras año.Los enfrentamientos entre Mario Cabrera y Juan José Herrera, y más tarde el choque de Cabrera y Marcial Morales, siguieron minando Asamblea, cada vez más encerrada en sí misma. Cabrera ganó todos los combates al precio de quedarse casi solo.
La fragmentación político-electoral, la carencia de liderazgos y de estrategias de desarrollo consensuadas, el oportunismo más obsceno elevado a metodología universal y no penalizada en las urnas, la expansión del fulanismo clientelar y las tentaciones urbanísticas del turismo en una sociedad civil crónicamente desarticulada han llevado a una lanzaroteñización de la cultura y la praxis política en Fuerteventura, que se ha evidenciado plenamente a partir de las últimas elecciones autonómicas y locales de 2019. Lo importante no es que AM fuera expulsada del poder en el Cabildo y en los ayuntamientos, sino que este fin de ciclo llega en la estela de una degradación institucional sin precedentes: el anterior presidente del Cabildo, Blas Acosta, renuncia antes de formalizarse una moción de censura y del señalamiento de juicio oral por graves delitos, el nuevo presidente, el inefable Sergio Lloret, que lo sustituye a través de un complejo pacto con apenas un 10% del voto popular, destituye al mes de tomar posesión a la consejera de Ordenación Territorial, Sandra Domínguez, quien insinúa situaciones irregulares y expedientes hediondos en el área que gestionaba hasta hace pocas semanas el propio Lloret. No es imposible que se produzca una nueva moción de censura. En varios de los ayuntamientos isleños podrían contarse complicidades rocambolescas, alquiler de siglas y actas, paralización en la gestión, desconcierto funcionarial, tratos privilegiados. Que eso ocurra durante la mayor crisis económica y social que padece la isla desde la posguerra es espeluznante. Tómese nota de cómo se las arregla una élite política para hundir canallescamente una sociedad. Ni siquiera les ha hecho falta un Dimas Martín.
