Escribimos esta carta al Gobierno de Canarias con la intención de transmitir nuestro desacuerdo con el trato que están recibiendo las personas migrantes en Canarias. Nos referimos a esas personas que están en las Islas Canarias sin recursos para poder subsistir, las que duermen en las calles y no tienen nada para comer, las que vagan sin rumbo alguno, sin saber qué pasará mañana, estas personas se ven sin ningún apoyo, esperando a que se les acepte y se les reconozca como personas con derechos humanos para poder recibir las ayudas suficientes como para poder salir de esta situación. Cuando llegan a Canarias, tras una penosa y peligrosa travesía, viven como si fueran presas, sin realmente haber hecho nada malo. Han venido buscando lo que nos merecemos todos y todas: un buen lugar donde vivir y que se respeten sus derechos.
Nosotras y nosotros, estudiantes de segundo del Grado de Educación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), nos solidarizamos con su situación porque el pasado histórico canario está tejido y potenciado por la emigración a países de Suramérica por parte de nuestros antepasados, gracias a los cuales estamos aquí.
Diversas inspecciones han denunciado que las condiciones sanitarias e higiénicas de los distintos campamentos provisionales que se han levantado en las Islas no son buenas, pero, aún así, no cejan ustedes en su empeño de bloquear cualquier iniciativa para que estas personas puedan seguir su camino hacia otros lugares, si es lo que desean, haciendo oídos sordos a los principios de solidaridad institucional en España y en Europa y a la especial fragilidad de Canarias como territorio ultraperiférico de la UE. La excusa no puede ser la pandemia, cuando con la realización de una PCR negativa estas personas deberían ser libres para poder marcharse.
Además, entre las personas que llegan a Canarias se encuentran muchos menores. Estos están siendo trasladados a campamentos y a distintos CIES de las Islas, lugares en los que se les vulneran los derechos. No se está teniendo en cuenta que son menores, incumpliendo la Ley Orgáncia 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, se les están vulnerando derechos básicos como la educación, sin contar con las malas condiciones de vida en las que se encuentran.
En la mencionada ley se establece que los menores “tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación”. Deben ser tratados como menores, como niños y niñas, independientemente de su procedencia, siguiendo el mismo procedimiento que con los menores en desamparo. Se deben cubrir sus necesidades básicas, contactar con familiares que puedan hacerse cargo de ellos o, en su defecto, mandarles a centros de acogida. Y escolarizarlos. Por todo esto, solicitamos que se desmonten los campamentos de la vergüenza y que se escuche a estas personas, que se les pregunte lo que quieren. Si desean marcharse, exigimos que se les deje seguir su camino. En el caso de los y las menores, pedimos, simplemente, que se los trate como si hubieran nacido aquí.
Sabemos que lo que pedimos no es complicado. Bastaría con que empezaran a pensar en ellos y ellas como personas antes que como inmigrantes. No son intrusos, no son delincuentes, son Seres Humanos. Como responsables políticos nuestros, les toca ahora actuar sin más tardanza y poner por delante unos principios mínimos de empatía y solidaridad humana. Como gobernantes nuestros, les toca demostrarnos que ustedes también son personas. Ni colores, ni banderas, ni razas, ni fronteras, andamos por casa, ni dentro, ni fuera.
